Por Sergi Raventós
Las políticas tradicionales para hacer frente a la pobreza hace años que han mostrado sus insuficiencias y limitaciones. Los datos en los diferentes informes y estudios nos muestran desde hace tiempo que son políticas fallidas en muchos aspectos. Es hora de avanzar y poner en marcha opciones de carácter transformador como la Renta Básica y garantizar unos ingresos para toda la ciudadanía, en un mundo lleno de incertidumbres y donde la inseguridad económica de buena parte de la población va en aumento.
Una vez finalizadas las elecciones del 14 de febrero, tal vez es bueno volver a aterrizar y recordar cuál es la dura realidad social, económica y sanitaria que nos está dejando la pandemia de la Covid19. Para hacer esto, he creído oportuno acompañarme de informes y documentos que en muchas ocasiones pasan desapercibidos y más en los períodos electorales. Creo que es un buen momento volver a recuperarlos y sería deseable que se tomaran en serio tanto los datos que se exponen, como las recomendaciones que se hacen.
Empezamos con un documento de diciembre de 2020 de las Entidades Catalanas de Acción Social (ECAS) llamado «Una sociedad entre crisis», en el que se hace un exhaustivo análisis de los diversos indicadores sociales en Cataluña que puede dejar helado a cualquier persona que esté una poco despistada de la realidad social. Dicho texto nos dice que un 20% de la población catalana es pobre, que han aumentado un 30% las familias en situación de pobreza severa y casi una cuarta parte de la población catalana está en riesgo de pobreza o exclusión. También se expone en este trabajo que un 12,1% de las personas que trabajan son pobres, a pesar de tener un salario.
En relación a la salud en tiempos de pandemia, el porcentaje de percepción de mala salud se duplica entre las personas con trabajos no cualificados respecto al segmento con ocupaciones superiores (21% vs 10,4% entre los directores, gerentes y profesionales universitarios) y en cuanto a la salud mental también se detecta un aumento de malestar psicológico, un aumento de las patologías mentales (un 31% de las mujeres de más de 65 años padecen depresión y un 11,5% sufren depresión mayor) a la vez que agravan las que ya existían y que el sistema ya de por sí deficitario no puede atender, con lo cual se acentúan aún más las desigualdades en salud.
En cuanto a la problemática de la vivienda, en nuestras sociedades se estima que las que viven de alquiler triplican el riesgo de pobreza un 35,5% respecto a las que viven en vivienda de propiedad, seguramente por tratarse de hogares ocupados por familias con menor poder adquisitivo y con trabajos temporales o poco remunerados. Hay que recordar que el paro es mucho más elevado entre la juventud, con una tasa que duplica los datos globales: más de un 35,6% en Cataluña de paro juvenil (de 16 a 25 años) según el Instituto Nacional de Estadística.
Para hacer frente a esta brutal realidad de pobreza en nuestro país y que hace años que arrastramos, una de las medidas que existe en Catalunya desde el 2017 es la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) una prestación social económica y de percepción periódica otorgada por la Generalitat de Catalunya que tiene el objetivo de asegurar «los mínimos de una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza, a fin de promover su autonomía y participación activa en la sociedad».
La RGC, a tres años desde su aprobación, sigue siendo una prestación desconocida por el 60% de los hogares atendidos por Cáritas de Barcelona y que hay que sumar a las 23,4% que no tienen derecho por los requisitos y al 3,5% que no sabe cómo pedirla por la complicada trama burocrática existente, según un informe reciente de esta entidad de enero de 2021 y se calcula que sólo la han pedido menos de un 10% de las personas que tienen derecho. ¿A que sería debido este fracaso? Según la gente que trabaja sobre el terreno ayudando a las personas a tramitar esta prestación, enumeran los siguientes motivos: unos criterios rígidos de acceso, requisitos demasiado restrictivos, una excesiva burocracia y un desconocimiento de cómo acceder a pedirlo…En definitiva, los viejos problemas ya conocidos y recurrentes de las prestaciones condicionadas.
Como es sabido, desde junio de 2020 y después de transcurridos tres meses de la declaración del estado de la alarma por la pandemia de Covid19, el gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que a día de hoy y según este citado informe de Cáritas, el 63,9% de las personas atendidas por esta entidad lo desconocían. Se calcula que a diciembre de 2020 sólo unos 160.000 hogares de todo el Reino de España han recibido el IMV. Esto, hay que recordar, es una quinta parte del objetivo que se propuso el «Gobierno de España» que era llegar a unas 850.000 familias en situación de extrema pobreza, una cifra que ya se consideró excesivamente escasa en su momento. Quizás hay que recordar que el año 2019 (veremos cuando salgan datos de 2020) eran 10 millones el número de personas pobres en el Reino de España, de los cuales 1,5 millones viven en Cataluña.
¿A qué sería debido estos escasos resultados? una vez más: restricciones en el acceso, dificultades de tramitación, lentitud en la respuesta y el bajo índice de concesión de la ayuda. Y también podríamos añadir la obsesión por parte de los administradores de que no se cometa el error del falso positivo, que nadie que lo reciba no merezca recibirlo, a cuenta de cometer muchos casos el falso negativo: muchos que no pasan la prueba y deberían hacerlo.
Es, por todo ello, que desde ECAS, en el citado documento, se dice que «la actual crisis sanitaria y social impacta en una sociedad polarizada, débil y frágil. A los problemas crónicos se ha añadido la extraordinaria coyuntura de una pandemia en la que se ha respondido con medidas de urgencia, asistenciales y reactivas que no atacan las causas estructurales que hay que transformar.»
No quería terminar sin nombrar el último informe de Oxfam, publicado en enero de 2021, que lleva el significativo título: El virus de la desigualdad y como es habitual en estos informes se dan muchos datos escalofriantes de las grandes desigualdades a escala planetaria. Por ejemplo: casi la mitad de la humanidad ha de sobrevivir con menos de cinco dólares y medio al día mientras la fortuna de las 10 personas más ricas creció en 540.000 millones de dólares entre marzo y diciembre de 2020. También informa que unos 4000 millones de personas, más de la mitad de la población mundial, no cuentan con ninguna cobertura de protección o asistencia social en la pandemia.
Pero esta vez, a diferencia de los anteriores informes de Oxfam, se destaca que «después de la pandemia el mundo será distinto y las políticas de justicia social y carácter transformador que eran impensables antes de la crisis se han convertido en una opción posible», también se dice en el mismo “que ha cambiado la prioridad de las personas de cara al futuro y que hay un amplio apoyo a las políticas que quieren transformar la sociedad tales como: las subidas de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad, las transferencias de efectivo en situaciones de emergencia como la actual, la Universalidad de los servicios públicos incluyendo la atención médica, la reducción del poder de las grandes empresas, el fortalecimiento de las personas trabajadoras y consumidoras, la inversión en una recuperación económica verde y… la Renta Básica Universal.”
La Renta básica universal e incondicional ya ha dejado de ser una propuesta desconocida desde hace tiempo y ha pasado a formar parte de las medidas necesarias e imprescindibles que hay que poner en marcha lo antes posible si queremos detener el aumento de la pobreza y poner freno a las grandes desigualdades sociales y económicas que atraviesan nuestras sociedades. Garantizar unos ingresos a todos, sin condiciones y en tiempo de incertidumbre económica ya es una cuestión de emergencia en todo el planeta.