“Nuestro primer objetivo es prevenir la emergencia de un nuevo rival. Esta es una

consideración dominante que debe subrayar la nueva estrategia
regional de defensa y que exige que nos esforcemos en prevenir que
ninguna potencia hostil domine una región cuyos recursos pudieran
bastar, bajo un control consolidado, para engendrar un poder global
(…). Finalmente, debemos mantener los mecanismos para disuadir a
competidores potenciales incluso de aspirar a un papel regional o
global mayor”[1].

Defense Planning Guidance de Estados Unidos, 1992.

“Tenemos
alrededor del 50 por ciento de la riqueza del mundo, pero solo el 6,3
por ciento de su población (…).  En esta situación no
podemos evitar ser objeto de envidia y resentimiento. Nuestra tarea
real en el período que se aproxima es la de diseñar una pauta de
relaciones que nos permita mantener esta posición de disparidad sin
detrimento de nuestra seguridad nacional”[2].

George Kennan, ideólogo estadounidense de la Guerra Fría.

Tras la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la reorganización de
la correlación de fuerzas geopolíticas derivó en una nueva lógica
de administración de las relaciones y tensiones entre los países,
abriendo paso a una nueva era de pretendido debilitamiento del Estado
nación bajo la amenaza derivada de las potencias hegemónicas que
iban expandiéndose desde Occidente. La creación de las Naciones
Unidas (ONU), como orientador de la diplomacia y las relaciones entre
los Estados, se fundamentó en un cuerpo normativo: el Derecho
Internacional Público (DIP), que contempla las responsabilidades y
prerrogativas de los actores del sistema mundial. La Carta de
Naciones Unidas es asumida por el DIP como insumo fundamental en esta
etapa de las Relaciones Internacionales.

La preeminencia de las potencias vencedoras como actores
determinantes en las decisiones fundamentales del mundo entero se
formalizó. La expresión más clara de esto fue la conformación del
Consejo de Seguridad y la prerrogativa conocida como “derecho al
veto”, aplicable para los grandes temas de debate. Estados Unidos,
la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS, hoy Rusia),
Francia, Reino Unido y China acordaron una suerte de “última
palabra” para situaciones sensibles dentro de las relaciones
internacionales y sus inevitables contradicciones. Al negociar las
disposiciones de la Carta de la ONU, Washington presentó resistencia
para aprobar el derecho de veto; sin embargo, para la Unión
Soviética era indispensable su establecimiento, de lo contrario
hubiese sido sometida a un todos contra la URSS.

Foto: Las conferencias de Yalta y Potsdam, cuyos protagonistas fueron Iósif Stalin, Franklin Delano Roosevelt y Winston Churchill, delinearon el orden internacional de la posguerra. (Foto: Archivo)

La crisis de los 90 y el derrumbe del bloque socialista, que fungió como contrapeso a la hegemonía capitalista, le otorga una aparente carta libre y ambiente de superioridad moral y política a las fuerzas del atlantismo. Sin comprensión de la responsabilidad histórica que implica la administración real de los conflictos, avasallando los preceptos de igualdad entre los Estados, se va imponiendo con soberbia una resignificación partidaria y sesgadamente universalista de dos conceptos fundamentales: democracia y libertad. Nociones que manipulan a conveniencia y dogmatizan bajo la mirada unilateral y reducida de su propia compresión del mundo, en la cual las corporaciones económicas, bélicas y financieras manejan los hilos del poder y pretenden homogenizar el mundo para crear condiciones de dominio general. El pensador y político dominicano Juan Bosch identificaría este pretendido nuevo modelo de control mundial, bajo la categoría de “Pentagonismo”[3].

Esta nueva modalidad de hacer política, a partir de la
interpretación a conveniencia de valores universales, ha sido
liderada por Washington y secundada por las fuerzas alineadas al eje
geopolítico atlantista. Se trata de una cruzada para la legitimación
de una forma unívoca de entender y catalogar los imperativos morales
y políticos que intervienen en las relaciones entre los Estados.
Como buena cruzada, este despliegue de imposiciones cuenta con una
poderosa inquisición. Se inicia una suerte de juicio continuado
hacia la forma en la cual los Estados nacionales orientan sus
políticas -tanto interior como exterior-. Esta peligrosa operación
de determinación de la justicia moral internacional tiene estrecha
relación con un poderoso dispositivo cartelizado de comunicación y
opinión, encargado de “construir el expediente”, reproducirlo
sin descanso y emitir sentencias opináticas fabricadas a la medida.

En este punto, vale recordar lo que afirmara, en 2001, el exsecretario de Defensa de la
administración de Bush, Donald Rumsfeld, para referirse a cómo
Estados Unidos debía ejercer su papel como imperio: “Tenemos dos
opciones. O cambiamos la forma en que vivimos o cambiamos la forma en
que viven los otros. Hemos escogido esta última opción”[4].

El Derecho Internacional Público reconoce formalmente como
pilares tres elementos que son fundamentales por su espíritu y
sentido: la igualdad entre todos los Estados; el respeto a la
soberanía nacional; y el derecho a la autodeterminación de los
pueblos. El artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas, en sus
numerales 1 y 7, es meridianamente claro en estos principios.
Igualdad y respeto a la soberanía desembocan irremediablemente en el
reconocimiento de la diversidad y el respeto de las decisiones que se
toman soberanamente. El Derecho Internacional Público permite la
convivencia de todas estas voces y procuran la resolución pacífica
de las controversias, que inevitablemente surgen a partir de la
pluralidad de miradas.

Foto: Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, ubicado en Nueva York. (Foto: Johannes Eisele / Agence France-Presse / Getty Images)

La necesidad por parte de la hegemonía occidental de “encauzar” a todos por su estrecha visión choca con el espíritu de diversidad que rige el DIP. Es decir, los principios del Derecho Internacional, expresados en la Carta de las Naciones Unidas, representan una camisa de fuerza para el dominio occidental y sus fórmulas de imposición. Es por ello que va forzando el desarrollo de dispositivos alternos, atajos antijurídicos (disfrazados de legalidad), que procuran otros caminos para el control y la incidencia. Al fin y al cabo, para el atlantismo, todos deben usar el mismo alfabeto y el mismo uniforme con sus infaltables gríngolas.

Como una táctica de la estrategia de homogenización ideológica,
se desarrollan conceptos y tesis como el de la defensa de la
democracia, mientras que se instrumentaliza a los derechos humanos
poniéndolos al servicio de los particulares intereses de las
potencias hegemónicas, desvirtuando su realización y sentido como
fines en sí mismos. Se le otorga así a estos poderes una
herramienta de intervención con ribetes morales y humanitarios, con
la que generan una versión conveniente, para legitimar objetivos
inconfesables.

El idioma inglés, con su característica versatilidad, contiene
un verbo preciso para entender esta modalidad de hacer política con
los Derechos Humanos (no de DDHH): to weaponize, usar los
DDHH como arma, the weaponizing of Human Rights. Bajo el
delicado manto del respeto a la integridad de los ciudadanos se
pretende minar o quebrantar la cualidad y la integridad de la
soberanía estatal, cuando en realidad velar por los DDHH es la
primera potestad y responsabilidad constitucional de todo Estado. No
hay duda de que aquellos preceptos que atienden a la vida, así como
todas las garantías fundamentales de dignidad de los ciudadanos,
están a cargo de los Estados y sus instituciones. La bandera de los
DDHH es muy sensible a la mirada de la opinión pública, que además
es manipulada por la opinión publicada de los carteles mediáticos
al servicio de intereses hegemónicos. Es por ello que se ha
convertido en territorio fértil para sembrar sospechas sobre países
y gobiernos no subalternos al dictamen político, económico y moral
que impone la visión hegemónica occidental.

Las relaciones internacionales han construido algunas vías
incipientes para atender el eventual desbordamiento que pudiesen
sufrir los Estados nacionales en su responsabilidad de garantizar los
DDHH. El Estatuto de Roma, por ejemplo, es la partida de nacimiento
de la Corte Penal Internacional (CPI) y tipifica claramente en el
artículo 5 los crímenes de competencia de la Corte: genocidio, lesa
humanidad, crímenes de guerra y agresión (este último aún con
vigencias muy parciales según cada estado ratificante a partir de
2015). La CPI es una institución que pretende garantizar la
posibilidad de condenar las responsabilidades penales individuales de
funcionarios de Estado y otros agentes que actúen por el estado, en
materia de violación de delitos de lesa humanidad. No es una
instancia perfecta, ni exenta de intereses ajenos a la justicia, pero
es parte de los acuerdos de un gran número de Estados para abordar
las situaciones más sensibles en materia de DDHH, en el contexto del
Derecho Internacional Humanitario.

La Responsabilidad de Proteger o cómo
abusar de la protección de los Derechos Humanos para desprotegerlos

La doctrina de la Responsabilidad de Proteger es una de las
fórmulas que pretende ser utilizada para imponer modelos políticos
y económicos sin respetar los principios del DIP, so pretexto de la
protección de los DDHH de una población determinada ante crímenes
de lesa humanidad. Proviene del Derecho Internacional Humanitario y
es aplicable cuando suceda la violación grave y masiva de derechos
humanos en términos de delitos de lesa humanidad, anulando la
capacidad del Estado de proteger a sus poblaciones en medio de
conflictos bélicos. Se relaciona con las Operaciones de
Mantenimiento de la Paz de la ONU, salvo por dos diferencias
fundamentales: la Responsabilidad de Proteger puede alegarse sin
estar en presencia de un conflicto bélico y aun cuando el Estado
concernido no la solicite o autorice. El debate para extender este
concepto a situaciones no bélicas ocurre en la Asamblea General de
las Naciones Unidas en 1999, cuando el Secretario General, Kofi
Annan, a la luz de lo ocurrido en Srebrenica, Somalia y Ruanda, y
ante el estrepitoso fracaso de la intervención militar de la OTAN en
Kosovo, plantea un dilema para la comunidad internacional: mantenerse
al margen, y permitir genocidios como el de Ruanda o intervenir, como
el caso de Kosovo. Como es obvio, la noción de soberanía nacional
queda vulnerada, por no decir ignorada, si este prospecto doctrinario
toma fuerza legal.

Foto: Personas levantan escombros dejados por un bombardeo de la OTAN sobre Kosovo. (Foto: Scott Peterson/ Liaison / Getty Images)

En diciembre de 2001, sin haberse disipado el desconcierto por los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, se presenta un informe por parte de la Comisión Internacional de la ONU sobre la Intervención y la Soberanía Estatal (CIISE), que desplaza la mirada de la legitimidad sobre las intervenciones militares humanitarias para centrarla en la responsabilidad de proteger. Sin embargo, es en la Cumbre de Naciones Unidas de 2005 cuando se consagra definitivamente la pretendida doctrina que, si bien reserva la prerrogativa de los Estados para garantizar los DDHH de sus ciudadanos, señala la Declaración de los Estados Miembros de ese año en su párrafo 139:

“La comunidad internacional,
por medio de las Naciones Unidas, tiene también la responsabilidad
de utilizar los medios diplomáticos, humanitarios y otros medios
pacíficos apropiados, de conformidad con los Capítulos VI y VIII de
la Carta, para ayudar a proteger a las poblaciones del genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad. En este contexto, estamos dispuestos a adoptar medidas
colectivas, de manera oportuna y decisiva, por medio del Consejo de
Seguridad, de conformidad con la Carta, incluido su Capítulo VII, en
cada caso concreto y en colaboración con las organizaciones
regionales pertinentes cuando proceda, si los medios pacíficos
resultan inadecuados y es evidente que las autoridades nacionales no
protegen a su población del genocidio, los crímenes de guerra, la
depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. Destacamos la
necesidad de que la Asamblea General siga examinando la
responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los
crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa
humanidad, así como sus consecuencias, teniendo en cuenta los
principios de la Carta y el derecho internacional. También tenemos
intención de comprometernos, cuando sea necesario y apropiado, a
ayudar a los Estados a crear capacidad para proteger a su población
del genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los
crímenes de lesa humanidad, y a prestar asistencia a los que se
encuentren en situaciones de tensión antes de que estallen las
crisis y los conflictos [5]”.

Hay autores que pretenden inferir el sustento jurídico de la
Responsabilidad de Proteger a partir de la letra y postulados del
preámbulo de la Carta de la ONU y su artículo primero. Esta argucia
pseudojurídica es muy débil, se abraza a un pretexto moral y choca,
hasta estrellarse y morir, con los principios y propósitos de la
propia Carta y el desarrollo específico de su red de disposiciones y
articulado.

La fortaleza de los estados de derecho es lo que les convierte en
los únicos espacios capaces para garantizar los derechos de sus
poblaciones, tal y como apunta la evolución contemporánea del
constitucionalismo, por lo que corrientes como las que apoyan la
Responsabilidad de Proteger plantean intencionalmente un falso dilema
entre la violación de los DDHH y el respeto a la soberanía de los
Estados. La propia CIISE establece:

“(…) la idea de que los Estados soberanos tienen la responsabilidad de proteger a sus propios ciudadanos de las catástrofes que pueden evitarse – asesinatos
masivos, las violaciones sistemáticas y la inanición – pero que,
si no quieren o no pueden hacerlo, esa responsabilidad debe ser
asumida por la comunidad de Estados [6]”.

De esta forma, ante la carencia de un sistema normativo riguroso
que regule los escenarios de intervención militar, se deja abierta
la posibilidad para que el Consejo de Seguridad autorice estas
operaciones tan extremas, a partir de supuestos que, por su
naturaleza, siempre estarán sujetos a interpretaciones, sesgos y
mediaciones. Tan solo los verbos que utilizan, dan pie a cualquier
versión: querer y poder.

Es decir, el Consejo de Seguridad, o la instancia que finalmente escogiesen, se erigiría
como un tribunal capaz de determinar si un Estado quiere o
puede
proteger a su población de una situación en
particular. Y si llegasen a considerar que no quiere, o que no puede
(con uno sólo de los supuestos sería suficiente), tendrían luz
verde para bombardear y mandar tropas a ese país para subsanar la
situación, bajo sus criterios y condiciones. Y al buen estilo
occidental, tras “subsanar” la situación y tomar el control
geopolítico del Estado concernido, con toda seguridad las empresas
de construcción, de seguridad, energía y minería de los países
evaluadores occidentales, podrán entrar para “reconstruir” la
infraestructura del país y reactivar su economía. ¿No lo creen?
Leamos de nuevo un extracto del informe de la CIISE: “ofrecer
después de una intervención militar …, asistencia para la
recuperación, la reconstrucción y la reconciliación”[7].

La responsabilidad de reconstruir sería consecuencia, inevitable
y deseada por muchos, de la Responsabilidad de Proteger. Hablamos de
reconstruir la infraestructura y economía que esos compasivos países
destruyen con sus bombas, misiles, tanques y sanciones económicas.
Los objetivos y la estrategia para la cual pretenden usar la
Responsabilidad de Proteger son a todas luces evidentes. Aún así,
son muchos los países que no quieren o no pueden
advertirlo, y apoyan las resoluciones para que se avance en el
desarrollo de una doctrina peligrosa para sus propios intereses
existenciales.

Los poderes hegemónicos dispondrían de una suerte de menú de orden a la carta
para aprovecharse de situaciones complejas en materia de DDHH
(incluso las inducidas) abriéndole las puertas legales a una
“compasiva intervención militar”. Esta situación no permite
ofrecer ningún tipo de garantías de justicia, imparcialidad y
transparencia, que se corresponderían con un procedimiento
benefactor y realmente protector. Se pretende establecer una
discrecionalidad “preventiva”, cuando se presume la posible
ocurrencia de un hecho “juzgable” que pueda ser procesado. Se
trata de una permeabilidad ventajosa para el hegemón entre el mundo
del dominio geopolítico y de los DDHH, como si pertenecieran a la
misma naturaleza, para dotarle de legitimidad y de una legalidad
presunta, cuando lo cierto es que son intrínseca y necesariamente
antagónicos. No está tampoco definida la forma en que la
responsabilidad del Estado se transfiere a Comunidad Internacional
para que ésta proteja a los ciudadanos de ese Estado, sin su
aquiescencia previa[8].

La Comisión de
expertos fijó también una serie de criterios para autorizar el uso
de la fuerza, bajo la Responsabilidad de Proteger: el uso de la
fuerza: autoridad competente, causa justa, intención correcta,
último recurso, medios proporcionales y posibilidades razonables[9].
La autoridad competente es el Consejo de Seguridad. Ahora bien, la
clave es cómo determinar la justeza de la causa y cómo verificar
que sus proponentes lo hacen con intenciones correctas. ¿Cómo
calificar de justo o correcto el uso de la fuerza, sin la
autorización del Estado concernido? ¿Quién garantiza la
proporcionalidad en el uso de la fuerza y se responsabiliza por los
excesos? El hecho de que se asuma como una opción de último recurso
es lógico y le otorga a la doctrina un carácter sustancialmente
preventivo. Sin embargo, ¿cómo se evalúan y se consideran
efectivas, o no, las medidas coercitivas diplomáticas y económicas
previas al uso de la fuerza?

Los bombardeos de la OTAN convirtieron la ciudad libia de Benghazi en escombros. (Foto: Reuters)

La puesta en marcha de esta Doctrina ha sido cuestionada por buena parte de los países miembros de la ONU. La desastrosa intervención en Libia, en 2011, se fundamentó en el Consejo de Seguridad precisamente con argumentos de Responsabilidad de Proteger. Desde 2005, el Consejo había aprobado diversas resoluciones que autorizaban el uso de la fuerza en países de África, mas no bajo los alegatos de esta doctrina. Sólo en caso de Sudán se utilizó esta motivación. Nadie, ni los grandes medios de comunicación occidentales, pueden negar que el resultado de semejante acción colectiva, en detrimento de la soberanía de Libia, dejó como secuelas una grave crisis política, económica y humanitaria, acompañada de la fractura del país, enfrentamientos entre facciones, migración masiva hacia el mediterráneo, vulneración absoluta de los derechos humanos de la población y proliferación de grupos terroristas en la región. Todas las reservas y objeciones que teóricamente habían sido expuestas en el debate sobre los riesgos de la pseudodoctrina en estudio fueron verificados en la triste y catastrófica realidad. Para los pueblos y la verdadera Comunidad Internacional lo ocurrido en Libia puede calificarse más bien como la Irresponsabilidad de Desproteger. La prontitud de la decisión del Consejo de Seguridad no dejó espacio para medidas preventivas. Un baño de sangre que no protegió a nadie, lo destruyó todo y se ha prolongado hasta nuestros días, fue avalado en su momento por las Naciones Unidas[10]).

La resolución 1973 del Consejo de Seguridad de la ONU, presentada por Francia y el Reino
Unido, fue controvertida. Rusia, China, India, Alemania y Brasil se
abstuvieron, no se bloqueó la resolución con el voto en contra de
alguno de los miembros permanentes (veto). Las abstenciones fueron el
resultado, en gran medida, de la falta de medidas previas de carácter
coercitivo y de iniciativas de paz en el terreno, justamente para
evitar el uso de la fuerza. La Liga Árabe impulsó la intervención
armada. Desde todo ángulo fue una decisión apresurada. Finalmente,
al aprobarse una zona de exclusión aérea, la OTAN se hizo cargo de
las operaciones militares con el uso de armas letales sofisticadas,
bombardeos, misiles, con la supuesta intención de neutralizar a las
fuerzas militares libias. Abriendo así las puertas, aún abiertas
hoy, a un infierno en la tierra. Pocos días después, aunque ya
tarde, los países que se abstuvieron expresaban sus reservas ante la
falta de proporcionalidad en las acciones bélicas de la OTAN[11].

A pocas semanas de aquella decisión errática, el Consejo de Seguridad también aprobó
el uso de la fuerza por vía de la Responsabilidad de Proteger en
Costa de Marfil. Si bien la atención del caso fue otra y sí hubo
llamados y espacios para la resolución negociada de aquel complejo
conflicto interno, el tiempo demostró que la ONU apoyó con su
intervención a una de las partes, mientras se confirma que ambas
habían incurrido en prácticas semejantes de delitos masivos contra
los DDHH[12]).

A pesar del fracaso de esta operación de Naciones Unidas, después de la intervención
en Libia, se han aprobado varias resoluciones que aprueban el uso de
la fuerza militar (Costa de Marfil, Mali, Sudán del Sur, Somalia,
República Centro Africana, Sudán, República Democrática del
Congo), mientras que entre 2005 y 2011 se aprobó una sola
intervención bajo esa motivación[13]. En otras palabras, de manera
contradictoria, el estrepitoso fracaso de una acción permisada por
la ONU, cuyos excesos y millones de crímenes continuados han quedado
impunes, no ha impedido que se siga invocando esta doctrina. Se sigue
aceptando la posibilidad de promover la violencia colectiva a través
de la Responsabilidad de Proteger. Hay que reconocer, sin embargo,
que no se ha repetido una intervención militar occidental a gran
escala. En favor del sentido del bien común, no fue autorizado el
uso de la fuerza por parte del Consejo de Seguridad en los casos de
Siria y Yemen. La lección de Libia al menos ha limitado la escala de
las decisiones y acciones fundamentadas en la RdP.

La destrucción de Libia derivó en un aumento forzado de la migración y su aprovechamiento desde una lógica esclavista. (Foto: Taha Jawashi / AFP / Getty Images)

La de Responsabilidad de Proteger entra en conflicto con, al menos, tres de los principios fundamentales del Derecho Internacional Público (DIP). No existe igualdad práctica entre las naciones del mundo en su ejercicio político cotidiano. Simón Bolívar, al referirse a la necesidad de igualar a los ciudadanos se refería a la igualdad establecida y practicada. En la geopolítica, la igualdad está en efecto establecida como principio esencial de la convivencia entre naciones, pero es evidente que no se trata de una igualdad practicada, ni tan siquiera considerada por los poderosos. También atenta contra el derecho sagrado de los Estados de ejercer la soberanía y la autodeterminación e incluso la independencia. La Responsabilidad de Proteger es uno de esos caminos que, pretendiendo constituirse en parte del cuerpo normativo del DIP, en la práctica tiende a liquidarlo. La pretensión de su aplicación para relativizar la cualidad de la autodeterminación de los pueblos en sus Estados soberanos debe ser un llamado de alerta mundial. Los DDHH son un espacio delicado y fundamental dentro del Sistema de Naciones Unidas. Es labor de todos los Estados velar por el manejo correcto de esta agenda y sus derivaciones. El uso parcial y sesgado con el propósito de intervenir en los asuntos internos de los países miembros es un acto desleal hacia la convivencia internacional.

Al analizar la Responsabilidad de Proteger, el Profesor Juan
Manuel Rivero Godoy hace las siguientes preguntas:

1) ¿ En qué casos hay que
actuar? 2) ¿Cómo se determina cuando hay que actuar? 3) ¿Quién
actuará para cumplir el propósito de la Carta? 4) ¿ Cuáles serán
los límites d ella acción? 5) ¿Quién y cómo responde por los
excesos? 6) ¿Cuáles son los objetivos reales de la
intervención?[14]

El mismo autor concluye: “la responsabilidad de proteger carece
de una delimitación concreta normativa que sirva de utilidad en los
casos en que ella deba ser aplicada”. Agregamos nosotros: más allá
de normativas precisas o efectivas, no existen condiciones políticas
(y geopolíticas) ni fundamentos jurídicos inexpugnables que puedan
justificar que se adopte como válido un mecanismo tan peligroso en
un mundo tan desigual.

Así como en otras materias, el debate se ha extendido hasta
considerar que, aunque el Consejo de Seguridad es el único órgano
con potestad para analizar los casos en los cuales se pudiese
considerar el uso de la fuerza, su composición política y el
derecho al veto evitarían la aplicación de la Responsabilidad de
Proteger, por lo que proponen que esta facultad le sea transferida a
la Asamblea General, alegando su carácter más democrático y
amplio. Esta propuesta pretende neutralizar el derecho a veto de los
miembros permanentes del Consejo de Seguridad y sustituirlo con lo
que aparentemente sería una decisión de un cuerpo más legítimo y
democrático.

Los proponentes parecen (o quieren) ignorar el poder coercitivo,
las amenazas y la presión política que las potencias occidentales
suelen imponer a los Estados miembros en la toma de decisiones en la
Asamblea General. Si lo hacen abiertamente en Resoluciones de poco
impacto o en la elección de cargos y espacios en las instancias de
la ONU, no podemos ni suponer el tamaño de la presión extorsiva que
aplicarían para aprobar una operación militar que responda a sus
intereses geopolíticos y económicos. Esta aparente propuesta “más
democrática” podría conllevar a expandir la tiranía unilateral
que las potencias imperialistas suelen imponer en el seno de los
cuerpos multilaterales.

Nuestra América y la Responsabilidad de
Proteger

El papel
dominante de Estados Unidos a nivel mundial “no podía ejercerse si
a alguna nación poderosa y virulenta se le permite que organice su
parte del mundo de acuerdo con una filosofía contraria a la
nuestra”
[15].

Memorándum de Robert McNamara al presidente Lyndon Johnson.

Mención aparte merece el continente americano al referirnos a
modalidades de intervención disfrazadas. Washington define a América
como el Hemisferio Occidental (aún seguimos sin entender el sentido
y validez de esa expresión). Este “hemisferio” es considerado
oficialmente zona de influencia y control de EE.UU. desde 1823, a
través de la conocida Doctrina Monroe. Si a ello le sumamos que en
1845 desarrollan la tesis del Destino Manifiesto, según la cual
EE.UU. está predestinado a dominar el mundo y a contagiar (o
imponer) su modelo de sociedad, economía y propiedad, gracias a su
superioridad y cercanía a Dios, podemos deducir el rol que le
correspondería a los territorios inmediatos a los EE.UU. bajo esta
óptica supremacista: el patio trasero. No conforme con ello, el
Presidente Theodore Roosevelt alimentó la tesis anexionista de
dominación de Washington en América Latina y el Caribe. El
Corolario Roosevelt de 1904 establece lo siguiente:

“Política hacia otras
naciones del hemisferio occidental: no es cierto que Estados Unidos
tenga hambre alguna de tierras o que tiene entre manos nada relativo
a las demás naciones del hemisferio occidental, salvo que no sea
para el bienestar de éstas. Todo lo que esta nación desea es ver a
las naciones vecinas estables, ordenadas y prósperas. Cualquier
nación cuyo pueblo se comporte bien consigo mismo podrá contar con
nuestra amistad de corazón. Si una nación muestra que sabe cómo
actuar con razonable eficiencia y decencia en asuntos sociales y
políticos, y si mantiene el orden y paga sus obligaciones, no debe
temer ninguna interferencia de Estados Unidos. Una actuación
incorrecta crónica, que tenga como resultado una pérdida general de
los lazos de una sociedad civilizada, ya sea en América, como en
cualquier lugar, requerirá en última instancia la intervención de
alguna nación civilizada [16]”.

El Corolario Roosevelt se ha cumplido a pie y juntillas en Nuestra
América Latina y Caribeña a través de innumerables invasiones,
desestabilizaciones, golpes de Estado y conspiraciones de todo tipo.
Nótense las similitudes de la noción de Responsabilidad de Proteger
con ese antiguo Corolario de la política exterior de EE.UU. Los
Estados latinoamericanos y caribeños no han de temer por una
interferencia de EE.UU., si se comportan de manera “decente y
razonablemente eficiente” (sobre todo al momento de pagar sus mal
habidas deudas con los países del norte). Pero, además, si
Washington percibe que se “han perdido los lazos de una sociedad
civilizada”, tendrá derecho a intervenir. Y no sólo EE.UU. podría
hacerlo, Roosevelt abre la puerta para que también lo puedan hacer
“otras naciones civilizadas”: lo que hoy se entendería como la
Comunidad Internacional, concepto de notoria ambigüedad que se
abrogan las potencias occidentales a la hora de opinar o inmiscuirse
colectivamente en los asuntos de Estados soberanos.

Foto: Marines estadounidenses, que ocuparon República Dominicana en 1965, requisan a un transeúnte. (Foto: Harry Benson)

La Organización de Estados Americanos (OEA) se convirtió en el instrumento por excelencia para que Washington pudiese contar con el aval de sus gobiernos subordinados para obtener luz verde en sus ambiciones injerencistas, maquillándolas con los colores opacos de un supuesto multilateralismo regional. Se trata, más bien, de una de las tantas modalidades de unilateralismo grupal, como lo califica el profesor Antonio Remiro Brotons, que EE.UU. ha usado para justificar sus acciones intervencionistas. En años recientes, el inefable Luis Almagro, como Secretario General de la OEA, promovió decididamente la aplicación de la Responsabilidad de Proteger con el objetivo de generar las condiciones para una intervención militar estadounidense en Venezuela, avalada por la OEA, a través del vetusto y jamás aplicado Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). Nadie duda a estas alturas a qué intereses responde Almagro, quién le paga y qué pretende.

La muy poco virtuosa OEA ya había cometido excesos semejantes
bajo pretextos humanitarios. En 1965, la OEA autorizó el envío de
una “misión humanitaria” a República Dominicana. Llegaron pocos
médicos y colaboradores acompañados de millares de marines de
EE.UU., que para impedir la restitución de la Constitución y el
regreso del Presidente legítimo, Juan Bosch, el presidente de EE.UU.
para entonces, Lyndon Johnson, al buen estilo del Corolario
Roosevelt, reconoció que la invasión estadounidense se llevaba
adelante “para que República Dominicana no se convirtiera en una
segunda Cuba”.

La justificación humanitaria, primero para proteger a los
ciudadanos estadounidenses en Dominicana, y luego para “proteger al
pueblo”, no fue más que una muy evidente máscara para una
intervención ideológica que llevó a la muerte, la ruptura
constitucional y la imposición de un gobierno represor obediente a
Washington. Tal sería el descaro entreguista que la propia OEA, en
2016, acordó una declaración en desagravio al pueblo dominicano por
el rol que la Organización cumplió en 1965 al avalar semejante
invasión política y sangrienta.

Volviendo a Venezuela, entre 2015 y 2020 el Secretario General de
la OEA llegó incluso a convocar una serie de “expertos”,
orientándolos hacia dos objetivos. Por un lado, darle sustento
argumental a la denuncia ideologizada y viciada ante la CPI de un
grupo de gobiernos de derecha contra funcionarios venezolanos. Acción
que, por supuesto, fue ordenada desde la capital estadounidense. En
simultáneo, de manera descabellada, y ante la inviabilidad de tan
siquiera discutir una intervención militar contra Venezuela en el
Consejo de Seguridad (absurdo de suyo y que jamás contaría con el
apoyo de Rusia y China), Almagro y el grupúsculo de gobiernos
satélites de Washington pretendieron aplicar el prospecto de
Doctrina de Responsabilidad de Proteger en el ámbito
latinoamericano, a través de la activación de un Tratado Militar
regional. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, firmado
en 1947 y jamás invocado, fue resucitado por este grupo de países
en su obsesión anti venezolana. Llegaron a convocarse incluso
reuniones de Cancilleres para su aplicación. Pretendían así
violar, no sólo la Carta de la OEA, sino también la Carta de ONU,
que en su artículo 53 supedita a la autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU cualquier decisión de organismos regionales de
acordar medidas coercitivas contra un Estado miembro de la ONU. La
Carta no menciona tan siquiera, y en consecuencia no avala,
operaciones militares acordadas por organismos regionales contra otro
Estado.

Cabe preguntarse: ¿Washington y sus satélites tendrán alguna
preocupación real por los derechos humanos en Venezuela? O si más
bien tienen muchos intereses en el petróleo, el gas, el oro, el
agua, los diamantes, el coltán y el control geopolítico regional.
¿Actúan con objetividad y tolerancia ideológica? ¿Han respetado
la autodeterminación del pueblo venezolano? ¿La situación de
Derechos Humanos en Venezuela ha sufrido en realidad algún desborde
de las capacidades de las instituciones nacionales competentes?
¿Washington intervendría en Venezuela para proteger al pueblo o
para consolidar su dominio e inconfesables intereses? Las respuestas
son tan obvias que sabemos que el lector asumió las preguntas como
un irónico recurso didáctico del autor. Es más, lo que han hecho
EE.UU. y sus gobiernos subordinados es aplicar un bloqueo financiero
y comercial de tal magnitud contra Venezuela, que ha sido elevado por
Caracas ante la CPI debido a los efectos de violación sistemática y
masiva de los derechos humanos de estas mal llamadas sanciones,
alegando con sobradas evidencias que constituyen crímenes de lesa
humanidad contra todos los venezolanos y venezolanas.

En lo referente a la
tan ansiada fase de Responsabilidad de Reconstruir en el caso
venezolano, basta recordar las palabras de John Bolton, Asesor de
Seguridad Nacional de Donald Trump en 2019, al admitir que las
empresas petroleras estadounidenses estaban listas para entrar en
Venezuela al momento de producirse la salida del gobierno de Nicolás
Maduro. Así aseguraban el mejor botín de su “guerra protectora”.
Fueron tan evidentes las motivaciones de Occidente que el Foreing
Office del Reino Unido creó, silenciosamente, una Oficina para la
Reconstrucción de Venezuela[17].

Valga el ejemplo de Venezuela para ilustrar la facilidad con que
la Responsabilidad de Proteger puede procurarse para atacar a un país
por razones ajenas a la situación de DDHH, aunque argumentadas bajo
tan moldeable y difuso paraguas. Si los principios del Derecho
Internacional Público se respetasen rigurosamente, si la Carta de
las Naciones Unidas fuese un instrumento sagrado para todos por
igual, quizás, entonces, en una situación ideal que luce hoy
inviable se podría plantear con seriedad la discusión de una
Doctrina colectiva para la protección de los Derechos Humanos. Pero
dar ese debate y avanzar por esa vía en el mundo actual es no
solamente un sin sentido, sino el ingenuo otorgamiento de una
licencia de destrucción masiva para los potencias occidentales, con
el objeto de crear situaciones que les permitan dominar y controlar
países y recursos naturales con facilidad, bajo el falso aval de una
supuesta preocupación por los DDHH. Que nadie se llame a engaño.
Sobradas y cruentas demostraciones de poder inhumano han dado ya a
las potencias occidentales de turno como para delegarles la facultad
de atender situaciones nacionales y humanas tan delicadas.

Foto: En factor petrolero es una variable siempre presente en las intervenciones militares estadounidenses . (Foto: Haidar Mohammed Ali / AFP / Getty Images)

Es imperativo fortalecer las capacidades estatales para garantizar los DDHH. Consolidemos el rol de los Estados naciones. En las últimas décadas han tratado de minarlo mediante el financiamiento de actores no gubernamentales, con agendas que suelen coincidir con los propósitos de quienes los financian. Es indispensable que la Organización de las Naciones Unidas garantice el cumplimiento de su propia Carta. No podemos tomarnos esto a la ligera, no se puede debilitar a la ONU y convertirla, en la práctica, en la Organización de los Donantes o una plataforma de ONG. Los intereses nacionales de los pueblos se expresan en los Estados. Los demás actores pueden complementar la acción estatal, no sustituirla y, mucho menos, atacarla y someterla a la voluntad de intereses privados y Estados hegemónicos corporativos. A partir de estas acciones combinadas de actores ajenos al interés nacional se logra generar situaciones y fabricar matrices de “preocupación humanitaria”, cuyo objetivo es, a conveniencia, aplicar la Responsabilidad de Proteger.

Por esta y otras razones de peso histórico, desde Venezuela
consideramos importante la creación del Grupo de Países en Defensa
de la Carta de las Naciones Unidas, para poner en la palestra de la
opinión pública, del mundo académico, de los movimientos sociales,
como también en el seno de la Asamblea General de la ONU y en las
salas del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos,
estos grandes temas, sin falsas premisas, ni fantasías compasivas,
sin hipocresías, sin agendas ocultas, sin eufemismos. Las decisiones
que hoy se tomen podrán abrir o cerrar las puertas a un mundo de
respeto y convivencia pacífica. Desde el Sur Global debemos
neutralizar cualquier nueva herramienta de legalización de
intervenciones armadas con fines geopolíticos o ideológicos.
Legitimar y legalizar una doctrina que pretende violar los principios
más sagrados del Derecho Internacional con el supuesto fin de salvar
vidas a través del uso, o mejor dicho abuso, de la fuerza,
es una contradicción inaceptable para quienes creemos en la paz y la
convivencia con respeto a la diversidad.

Caer en la trampa occidental al avalar la Responsabilidad de
Proteger equivale a matar la Carta de la ONU a través de una acción
suicida (consciente, o no) de algunos Estados contra su propia
soberanía y autodeterminación. Por su naturaleza inalterada e
inalterable, lo único que las élites gobernantes occidentales del
Norte Global saben proteger son sus intereses y ganancias. Demasiadas
pruebas de ello han dado a lo largo de la historia. ¡Que nadie se
llame a engaño! Hoy más que nunca, la principal responsabilidad de
los pueblos y Estados soberanos es la de proteger los principios de
la Carta de las Naciones Unidas, proteger el derecho a la vida, a los
DDHH, al futuro, a la paz.

Debemos avanzar en la alternativa a la Responsabilidad de
Proteger, siempre dentro del marco normativo de la Carta fundacional
de la ONU. Rigurosos métodos diplomáticos, el impulso del diálogo
entre las partes en conflicto, el avocamiento político de las
instancias de la ONU a la solución pacífica, el rol de los países
vecinos y organizaciones regionales y subrregionales, la atención a
las víctimas. La presión internacional positiva, preocupada,
dedicada, verdaderamente humanitaria, sin planes simultáneos de
cambio de régimen o de búsqueda de ganancias lucrativas en los
procesos de reconstrucción. Veamos los casos de Irak, Afganistán,
Siria y Libia. Han sido golpes a la Carta de las Naciones Unidas y a
los países agredidos, a la humanidad toda. Desde Naciones Unidas
aprendamos a hacer política y a construir la paz. No a hacer la
guerra y a imponer un determinado estilo de paz y modelo. La
Diplomacia de Paz es el camino de los pueblos. No equivoquemos los
medios y los actores. Seamos justos y humanos. ¡Alerta!

REFERENCIAS

1- Este documento fue elaborado por el
Departamento de Defensa de los Estados Unidos y estuvo a cargo de I.
Lewis Libby, Paul Wolfowitz y Zalmay Khalilzad. Representa uno de los
primeros marcos intelectuales de los neoconservadores en la era
posterior a la Guerra Fría.

2- Kennan, George. “Review of current
trends in U.S. foreign policy”, Policy Planning Staff, Nº 23,
Foreign Relations of the United States, 1948, volumen 1, parte 2.
Washington, Government Printing Office, 1976, pp. 524-525.

3- Bosch, Juan. (2005). El
pentagonismo: sustituto del imperialismo, República Dominicana,
Aguilar.

4- Davies, Nicolas (2010). Blood on Our
Hands, Nimble Books, p. 54.

5- Sexagésimo período de sesiones de
la Asamblea General de Naciones Unidas. (2005). “Documento Final de
la Cumbre Mundial 2005”, A/RES/60/1, p. 33. Recuperado de
https://undocs.org/es/A/RES/60/1

6- Rivero Godoy, Juan Manuel. “La
Responsabilidad de proteger, la acción del Consejo de Seguridad y la
defensa de los derechos humanos: crítica al sistema internacional”,
Revista Misión Jurídica, Vol. 10, Nº13, 2017, p. 161. Recuperado
de
https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/6-La-responsabilidad-de-proteger.pdf

7- Ídem, p. 165.

8- Añaños Meza, María Cecilia. “La
intervención militar autorizada de las Naciones Unidas en Libia: ¿Un
precedente de la Responsabilidad de Proteger?”. Estudios
Internacionales, Vol. 45, Nº174, 2013. Recuperado de
https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0719-37692013000100003

9- Villar Martín, Marta. “La Responsabilidad de Proteger. Análisis de las resoluciones 1973 y 1975 del Consejo de Seguridad”. Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, 2018.

10- Resolución 1973. Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 6498a sesión, celebrada el 17 de marzo de
2011. Recuperado de https://www.undocs.org/es/S/RES/1973%20(2011

11- García Martín, Isabel. “El
principio de la Responsabilidad de Proteger: ¿Supone una nueva
excepción al uso de la fuerza?”. Revista Enfoques, Vol. XV, Nº27,
2017.

12- Resolución 1975. Aprobada por el
Consejo de Seguridad en su 6508ª sesión, celebrada el 30 de marzo
de 2011. Recuperado https://undocs.org/es/s/res/1975%20(2011

13- Jiménez i Botías, Elena. “La
Responsabilidad de Proteger después de Libia”, Notes
Internacionals, CIBOD, 155. Recuperado de
https://www.cidob.org/es/publicaciones/serie_de_publicacion/notes_internacionals/n1_155/la_responsabilidad_de_proteger_despues_de_libia

14- Rivero Godoy, Juan Manuel. “La
Responsabilidad de proteger, la acción del Consejo de Seguridad y la
defensa de los derechos humanos: crítica al sistema internacional”,
Revista Misión Jurídica, Vol. 10, Nº13, 2017, p. 164. Recuperado
de
https://www.revistamisionjuridica.com/wp-content/uploads/2020/09/6-La-responsabilidad-de-proteger.pdf

15- Gardner, Lloyd C. (2008). The Long
Road to Baghdad. A History of U.S. Foreign Policy from the 1970s to
the Present, Nueva York, The New Press, pp. 12-13.

16- Morison, Samuel y Commanger, Henry.
(1951). Historia de los Estados Unidos de América. México, Fondo de
Cultura Económica, p. 451.

17- McEvoy, John. (13 de mayo de 2020).
“Revealed: Secretive British unit planning for ‘reconstruction’
of Venezuela”. The Canary. Recuperado de

Revealed: Secretive British unit planning for ‘reconstruction’ of Venezuela

Fuente: isrobinson

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