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  • Todavía 69 estados del mundo castigan las relaciones homosexuales, en seis de ellos se aplica pena de muerte.

  • La pandemia ha revelado cómo las personas trans son uno de los colectivos más afectados.

  • Una furgoneta de Amnistía Internacional recorrerá las calles de Madrid bajo el lema “Lucha y celebra con orgullo”, emitiendo en una pantalla los más de mil mensajes recibidos por activistas y simpatizantes.

Madrid.- Entre enero de 2008 y septiembre de 2020 al menos 3.664 personas trans han sido asesinadas en todo el mundo, según las estadísticas del Observatorio de Personas Trans Asesinadas (TMM). Una violencia y unos abusos que se han incrementado durante una pandemia que ha revelado además cómo los años de discriminación han empujado a muchas personas trans a la marginación, haciéndolas vulnerables a los estragos económicos de la COVID-19.

El próximo 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, una fecha que conmemora las protestas tras la redada policial y detenciones de personas de este colectivo en el pub de Nueva York, el Stonewall Inn, y que dieron lugar al inicio de las marchas del Orgullo en todo el mundo. 52 años después, y a pesar de los avances, todavía 69 Estados Miembros de Naciones Unidas tienen disposiciones que penalizan los actos sexuales consensuales entre personas adultas del mismo sexo. Además, un total de seis de ellos (Arabia Saudita, Brunei, Irán, Mauritania, Nigeria -sólo 12 Estados del Norte- y Yemen) contemplan la pena de muerte como castigo para este tipo de relaciones, y en otros cinco (Afganistán, Emiratos Árabes Unidos, Pakistán, Qatar, Somalia, incluida Somalilandia) podría potencialmente imponerse la pena capital, aunque hay menos certeza jurídica al respecto.

Casos tan graves como el terrible asesinato este pasado mes de mayo de Alireza Fazeli Monfared, un hombre gay de 20 años en Irán, muestran que la criminalización de la conducta homosexual consentida y la que no se ajusta a las convenciones de género perpetúa la violencia sistémica y la discriminación contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI).

Además, retrocesos, como la reciente adopción en Hungría de una propuesta legislativa anti LGBTI que prohíbe el acceso a niños y niñas de toda forma de educación y publicidad que se considere que “populariza” o incluso representa una conducta homosexual consentida o la afirmación del propio género , ponen de manifiesto que la lucha por los derechos humanos de este colectivo es todavía muy necesaria.

«Decenas de miles de personas se manifestaron en Hungría en contra de esta ley, que estigmatizará y expondrá a mayor discriminación a las personas LGBTI. Leyes como ésta nos alejan más que nunca de la igualdad real que perseguimos y por lo tanto es fundamental que sigamos saliendo a la calle para denunciar estas injusticias«, señala Carlos Sanguino, responsable de diversidad sexual y de género en Amnistía Internacional España.

También sucesos como el de Vitalina Koval activista feminista y LGBTI en Ucrania, son un ejemplo de cómo la cultura del odio tiene peligrosas consecuencias, y de cómo la educación es fundamental para acabar con este tipo de actitudes”, declara Sanguino. El 8 de marzo de 2018, Koval organizó una acción pública para celebrar el Día Internacional de la Mujer en su ciudad natal, Uzhgorod. Cuando la acción estaba llegando a su fin, seis miembros de un grupo local de extrema derecha llamado «Karpatska Sich» rociaron a Vitalina y a otras participantes de la acción con pintura. Vitalina Koval sufrió quemaduras químicas en ambos ojos. Los agresores fueron detenidos inmediatamente por la policía, pero sólo dos mujeres del grupo que arrojaron la pintura fueron acusadas posteriormente de causar lesiones corporales leves. Los cuatro miembros masculinos restantes del grupo no recibieron ninguna calificación oficial en la investigación. Además, la policía no calificó el ataque como delito de odio en virtud del artículo 161 del Código Penal de Ucrania, ignorando los mensajes homófobos que el grupo difundió en las redes sociales antes y después del ataque, así como los folletos homófobos que los seis agresores lanzaban y repartían durante el mismo.

En marzo de este año el juez declaró que las dos agresoras ya no eran responsables penalmente al haber prescrito los cargos que se les imputaban. Aunque la decisión es legal, viola el derecho de Vitalina a un juicio justo, dejándola sin justicia ni reparación. A pesar de que se ha abierto otra causa penal por el hecho de que no se calificara inicialmente la agresión como delito de odio, lo cierto es que este tipo de ataques contra las personas LGBTI casi nunca se investigan de forma eficaz en Ucrania.

También la acusación penal contra la feminista y activista rusa por los derechos LGBTI, Yulia Tsvetkova de “producir pornografía”, que podría enfrentarse hasta a seis años de prisión simplemente por dibujar y publicar imágenes del cuerpo femenino y expresar libremente sus opiniones a través del arte, es otra muestra más de que se está atacando y reprimiendo la libertad de expresión de defensores de derechos humanos. Esta activista ya fue multada hace casi un año tras publicar un dibujo en apoyo de las familias LGTBI en aplicación de la absurda y excesiva “ley de propaganda homosexual” rusa.

Sin refugio ni protección

Las personas refugiadas LGBTI, especialmente aquellas que se encuentran en campamentos donde la libertad de movimiento es reducida, suman vulnerabilidades, a las que se han añadido además las dificultades impuestas por la COVID-19. Es el caso, por ejemplo, de Kenia, un país que acoge al menos 1.350 personas refugiadas LGBTI entre los campos de Dadaab y Kalobeyei y en algunas ciudades. Sin embargo, a pesar de que es el único país del este y el Cuerno de África que se ha mostrado receptivo a las personas que solicitan asilo debido a su identidad de género u orientaciones sexuales, lo cierto es que las personas LGBTI todavía se enfrentan a desafíos multidimensionales como el acoso, la discriminación y la violencia perpetrados por funcionarios gubernamentales, otros refugiados y la comunidad de acogida, además del desalojo.

A finales de marzo de 2021, unos desconocidos atacaron la zona donde se encontraban algunas personas refugiados LGBTI en el campamento de Kakuma lanzando una bomba de gasolina. Dos refugiados LGBTI experimentaron quemaduras de segundo grado en aproximadamente el 50% de sus cuerpos y uno de ellos, Chriton Atuhwera, finalmente falleció como consecuencia del ataque. A este incidente se suman otros como el que tuvo lugar en diciembre de 2019, en el que los enfrentamientos entre los jóvenes refugiados “Nuer” y “Nubios”, en Kakuma provocaron la muerte de cinco refugiados LGTBI, además de otros cinco que fueron asistidos por diversas lesiones.

Amnistía Internacional tiene además en marcha una acción para enviar mensajes de apoyo a estas personas en campos en Kenia.

España, pendiente de la Ley Trans y LGBTI

En España, Amnistía Internacional sigue pendiente del borrador de Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans y para la garantía de los derechos de las personas LGBTI, que, según información aparecida en diversos medios, podría iniciar su proceso de aprobación en el Consejo de Ministros el próximo día 29 de junio.La organización recuerda que la falta de reconocimiento legal de personas trans puede suponer una vulneración de derechos humanos, como el derecho a la vida privada, y, en ocasiones del derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica, así como puede exponer a estas personas aún a más discriminación de la que ya sufren diariamente e incluso una violación de su derecho al acceso a la salud.

Para las personas trans, tener documentos de identidad que reflejen su identidad de género es de de vital importancia para el disfrute de sus derechos humanos. Por ello, se deben establecer mecanismos para que puedan obtener dichos documentos sin requisitos patologizantes, como ocurre ahora en España. En este sentido, pedimos a los estados suprimir cualquier requisito médico que condicione el reconocimiento legal de su género y el cambio legal de su nombre, como tratamiento hormonal o diagnóstico de trastorno mental, tal y como señalan Naciones Unidas y el Consejo de Europa y la Comisión Europea y, en ese sentido, el borrador de Ley nos parece un avance ”, explica el responsable de diversidad sexual y de género de Amnistía Internacional España.

En España, Amnistía Internacional, que participará en la manifestación en Madrid del Orgullo LGBTI el próximo sábado 3 de julio y en actos en diversas localidades del Estado español, pondrá en marcha el próximo 28 de junio una furgoneta con el eslogan «Lucha y celebra con Orgullo», que recorrerá las calles céntricas madrileñas emitiendo en una pantalla, tanto la intervención de la influencerGominuke, como los más de mil mensajes recibidos con denuncias sobre esta temática. Asimismo, este domingo 27 de junio, a las 19.00 horas, proyectará en el Palacio de la Prensa el documental «Bienvenidos a Chechenia», ganador del premio Amnistía Internacional del festival de cine y derechos humanos de San Sebastian.

Amnistía Internacional

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