En un giro de última hora, Junts ha tumbado la proposición de ley orgánica de amnistía este martes en el Congreso, generando un impacto significativo. La decisión del PSOE de rechazar las últimas enmiendas de Junts al texto llevó a que la formación votara ‘no’, devolviendo la amnistía prácticamente a la casilla de salida en un ‘segundo asalto’ que promete nuevas tensiones.
Tras el fracaso parlamentario en la Cámara Baja, surge la pregunta inevitable: ¿Qué sigue ahora?
La respuesta inicial es clara. El texto regresará a la Comisión de Justicia, que recientemente emitió un dictamen sobre su contenido, respaldado este martes por el Congreso con los votos de Junts.
Sin embargo, al tratarse de una ley orgánica, esta aprobación no es suficiente, ya que se requiere una mayoría absoluta para la versión final del texto, y aquí radica la clave. Junts ha votado ‘no’, derrocando la proposición como reacción a la falta de atención a sus últimas demandas sobre el contenido de la amnistía.
Una vez en la Comisión de Justicia nuevamente, los grupos tienen un plazo reducido de 15 días para obtener un nuevo dictamen final que llevar al pleno. Durante este tiempo, la ley de amnistía está sujeta a modificaciones que puedan acordar los aproximadamente 50 miembros de este órgano, presidido por el diputado socialista Francisco Lucas.
Responder a esta pregunta ya no es tan sencillo. Por ahora, Félix Bolaños, ministro de Justicia y figura destacada de esta ley, ha insinuado que el texto es «perfectamente constitucional» y que no va a cambiar de naturaleza, cerrando la puerta a cambios sustanciales demandados por Junts. Fuentes del PSOE han afirmado que no habrá más modificaciones y que «hasta aquí hemos llegado».
ERC tampoco parece inclinada a realizar grandes alteraciones, ya que ya se refiere a la ley como «robusta» y útil para una gran mayoría de independentistas, destacando que «esta ley no se trata de Puigdemont o Rovira».
En contraste, Junts parece firme en sus exigencias, buscando eliminar cualquier referencia al ‘terrorismo’ como excepción de la ley, así como a los delitos de traición, y extendiendo dos meses su cobertura legal (desde el 1 de noviembre de 2011). Su objetivo es resguardarse frente a posibles recursos judiciales contra Puigdemont, los CDR o los miembros de ‘Tsunami Democràtic’.
El resultado de las deliberaciones de los diputados en el plazo establecido dará lugar a un texto que regresará al pleno completo del Congreso. Si finalmente se logra la mayoría en la Cámara Baja, se abrirá otro proceso complicado en el Senado.
En el Senado, el Partido Popular cuenta con mayoría absoluta y ha prometido una «batalla legal», buscando dilatar considerablemente los plazos de tramitación. Núñez Feijóo ha expresado su intención de «dar voz» a «quienes han querido silenciar en esta lamentable tramitación exprés en el Congreso».
Del Senado, además de meses de gestiones, se espera un evidente ‘no’ a la proposición de ley de amnistía, que debería regresar al Congreso para afrontar una última y crucial votación. Solo en el caso de que sea aprobada por mayoría absoluta, el texto legal verá finalmente la luz. Un resultado que, en este momento, parece lejano en tiempo y forma.
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