La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, no ha descartado este martes que la indemnización del Estado de 1.350 millones a los bancos Santander, CaixaBank y Bankia por el caso Castor deba realizarse a través de la factura de gas de los consumidores o con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

«Hay que ver si, en efecto, la cobertura de esa responsabilidad del estado legislador ha de hacerse a través de la factura del gas, dado que era algo que se integraba en el sistema gasista, o ha de hacerse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado», ha explicado Ribera en una entrevista en RNE.

La vicepresidenta cuarta ha aclarado que hay buscar una «fórmula» que «probablemente requiera una previsión en una norma con rango de ley ordinaria», aunque ha insistido en que los servicios jurídicos del Estado valoran ahora «cómo hacerlo».

Así, ha recordado que la sentencia del Supremo recoge la anulación del Real Decreto Ley 13/2014, de 3 de octubre, aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy, cuya norma fue declarada parcialmente inconstitucional por sentencia del Tribunal Constitucional en diciembre de 2017. «Muchos de los contenidos sobre los que el TC no se pronunció a lo mejor sirven para encauzar una respuesta», ha subrayado la ministra.

El Tribunal Supremo estimó, en parte, el recurso presentado por las entidades financieras Santander, CaixaBank y Bankia contra el Estado al que reclamaban una indemnización por daños y perjuicios y condena al Estado a abonarles 1.350 millones de euros, cantidades que, en distinto porcentaje, habían pagado para adquirir el derecho de cobro de la indemnización.

Estas entidades financieras adelantaron en su día el dinero de la indemnización a Escal-UGS (participada por la ACS de Florentino Pérez) por la cancelación de las operaciones del almacén subterráneo de gas Castor, situado a 21 kilómetros frente a la costa de Vinaroz (Castellón).

El Gobierno reconoció que Castor fue un “innecesario” proyecto

El Consejo de Ministros reconoció que Castor en realidad nunca fue necesario, millones de euros tirados a la basura. Un texto elaborado la Secretaría de Estado de Energía en octubre del año pasado asegura que el escenario de demanda de gas natural “se desviaba notablemente de la situación real” y se calculó el doble de la demanda que finalmente se produjo. En la planificación se esperaba una demanda de gas natural en 2016 de unos 650 TWh (teravatios hora) “cuando en ese periodo la demanda real alcanzó únicamente 322 TWh”, destaca el informe.

Este almacenamiento subterráneo estaba recogido, con categoría A (urgente) en la planificación de la electricidad y el gas 2008-2016, que aprobó en 2008 el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

Dado el “carácter innecesario” de la instalación para suministrar la demanda de gas, Castor “no proporcionaría beneficio alguno al sistema gasista”, según el informe al que ha tenido El País. Además “se continuaría incurriendo en los costes derivados” de los trabajos de mantenimiento.

El proceso de hibernación temporal de Castor empezó en 2014 cuando el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un Real-Decreto ley en el que encargaba el mantenimiento a Enagás y ordenaba el pago de los 1.350 millones de euros que había costado construirlo a su propietario, Escal UGS (controlada en un 66,7% por la ACS de Florentino Pérez). Un estudio de geología estructural, sismología y geomecánica que aclaró en 2017 definitivamente que los centenares de terremotos que se produjeron en la zona de Vinaròs (Castellón) en el verano de 2013 tenían su origen en las operaciones de inyección de gas.