Antonio Serrano Arnal, el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, ha citado a declarar a las 11:00 horas de hoy lunes al exvicepresidente del Gobierno y expresidente de Bankia Rodrigo Rato por presunto blanqueo de capitales.

Se trata de una de las pocas piezas separadas de la causa que arrancó con su arresto en abril de 2015 por parte de la Policía y que han sobrevivido al dominó de archivos y sobreseimientos del juez: Antonio Serrano-Artal sobreseyó esta parte de la investigación hace más de un año al considerar que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que le atribuía a Rato delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, cohecho y malversación de caudales públicos, carecía de sustento básico.

El juez declaró prescrito ese presunto delito de cohecho y la Audiencia Provincial entendió que se trataba de una “causa general” basada en “tan sólo sospechas”, pero obligó a investigar cómo parte del dinero que Rato tenía en el extranjero había vuelto a España: 7.827.580 euros que habían salido de las sociedades Westcastle (Suiza) y Red Rose (Irlanda) a empresas controladas por él en España: Vivaway y Kradonara.

Según el informe, el exvicepresidente del Gobierno se aprovechó del proceso de privatización de empresas propiedad del Estado como Repsol, Endesa o Telefónica para colocar en los puestos de dirección a personas de confianza y obtener sustanciosos contratos de publicidad.

El juez, sin ver delito en la actuación, cifró en 71.902.822 euros la facturación provenientes de las empresas privatizadas con las entidades controladas por Rato. Finalmente reabrió esta parte de la investigación por orden igualmente de la Audiencia Provincial de Madrid al no tener claro que el origen de ese dinero sea delictivo, pero sí que “ha tenido sociedades domiciliadas en el extranjero” usando testaferros y cuyo fin “era defraudar a la Hacienda Pública“. Esas cantidades de dinero, según los magistrados, “han retornado al circuito económico mediante su transferencia a otras sociedades“.

En su declaración judicial, el exbanquero aseguró que facturó a nombre de su sociedad Arada las cuantías obtenidas por la impartición de conferencias, y que lo hizo de forma lícita, de acuerdo con la supresión del régimen de transparencia fiscal del año 2002.

Se trata de uno de los múltiples frentes judiciales que el exministro tiene abiertos en los tribunales. A partir del próximo mes de septiembre, Rodrigo Rato sabrá si el Tribunal Supremo confirma su condena de cuatro años y medio de cárcel por las ‘tarjetas black’ de Caja Madrid y, por tanto, si tiene que ir a prisión, mientras se prepara para sentarse en el banquillo de la Audiencia Nacional en noviembre por la salida a bolsa de la Bankia que presidió.

 

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