El Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este martes desestimar la demanda por despido improcedente interpuesta por un abogado de Vox contra la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y su pareja, el periodista Carlos Sosa, por su exempleada de hogar.
Con esta resolución, la justicia ha zanjado las pretensiones de la trabajadora y de su abogado, el afiliado de Vox Federico Vicente Marín, que minutos antes del juicio intentó un último arreglo económico solicitando 6.000 euros a cambio de retirar la demanda.
La sentencia fue difundida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y contra la que cabe interponer un recurso de suplicación antes su Sala de lo Social. En ella, el Alto Tribunal canario absuelve a los demandados, Rosell y Sosa, de las pretensiones formuladas en su contra por la empleada de hogar que trabajó en su vivienda entre 2012 y 2014 y, posteriormente, entre 2015 y 2020, Simona Chambi, que les acusa de haberla despedido de manera irregular en julio del pasado año.
En el juicio celebrado este lunes la letrada de la pareja sostuvo que esta acción por parte de la demandante se produjo fuera de plazo y defendió la legalidad del despido del que fue objeto el 16 de julio de 2020. Ambos acusados defendieron la legalidad en la relación laboral que mantuvieron con la empleada de hogar y que el trato que le dieron fue «exquisito».
Rosell: «Vergüenza de noticias falsas»
La propia Victoria Rosell ha publicado el fallo en su cuenta de Twitter: «Ya hay sentencia: desestimación íntegra. No hubo falta de contrato, ni dinero en B, ni despido improcedente. Sí hubo ayudas extra, y buena fe del empleador. (Hechos probados) Vergüenza de noticias falsas, y de su utilización en preguntas del corrupto PP al Gobierno para dañar», señaló.
Adjuntó Rosell la batería de preguntas con la que el PP intentó sacar rédito electoralista:
Asimismo, Rosell destacó en su declaración que esta acción judicial en su contra obedece a un intento de Vox de «montar un espectáculo», tratando de difundir que hubo pagos en B que nunca existieron y que tampoco figuran en la demanda, y que estuvo contratada sin estar dada de alta a la Seguridad Social.
