Daniel Díaz Peinado

En el artículo 1 de la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre de Memoria Histórica, dice: “La presente Ley tiene por objeto reconocer y ampliar derechos a favor de quienes padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la Dictadura, promover su reparación moral y la recuperación de su memoria personal y familiar, y adoptar medidas complementarias destinadas a suprimir elementos de división entre los ciudadanos”.

Un sólo dato: 117.000. Un sólo número para muchos, para otros, son las personas que, a día de hoy, y obviando la dignidad y el reconocimiento de miles de personas, siguen en cientos de fosas comunes olvidadas por las instituciones de un país que se dice “democrático”. De unas instituciones que no han, ni siquiera, hecho un recordatorio a tantos miles de personas a las que se les privó de libertad, se forzó su desaparición, se les quitó su identidad… Familias rotas. Y ciertos gobiernos pretenden que olvidemos a tanta gente mientras traen, eso sí, con dinero público, los cuerpos de los miembros de la División Azul, que ayudaron en la guerra a los nazis.

Se acuerdan de los desaparecidos del franquismo, pero para insultar y menospreciar no sólo directamente a esos desaparecidos, sino a las familias que, en su tan legítimo derecho y deseo de recuperar sus restos, un señor de cierto partido, los llama “carcas”. Una vergüenza que en cualquier país verdaderamente democrático, ocurran estas cosas.

Miles de familias solo piden entierros dignos, un reconocimiento de las instituciones de todo el sufrimiento que la dictadura infligió, que de una vez, España deje de ser una democracia cimentada sobre huesos. Creo que no ha habido siquiera justicia. Jamás se juzgó a ningún criminal ni torturador; lo más, sentar en el banquillo en 2013 al torturador franquista Antonio González Pacheco, alias “Billy el niño”, que hoy sigue en libertad.

En los artículos 2 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, firmado en 1979 y ratificado por España, se establece la obligación de “emprender investigación oficial, efectiva e independiente” de todos los casos de desaparición que se conozcan. Los gobiernos e instituciones españolas aún no han investigado estas desapariciones.

En mi tierra, Andalucía, los datos son aterradores. Con 54.000 desaparecidos en fosas, y sin investigar, existen más desaparecidos que, incluso, sumando los crímenes de desapariciones forzadas de Perú, Chile, Argentina y Guatemala.

Me parece vergonzoso que haya tenido que ser la justicia argentina, con la causa de la juez María Servini, del Juzgado Federal Nº 1 de Buenos Aires, la que exija a gobiernos e instituciones españolas que investiguen estos crímenes. Mientras tanto, desde España, se siguen poniendo trabas a cumplir con esta exigencia, a la que hay sumar otras como las de la ONU, en 2013, de buscar a los desaparecidos del franquismo, o las del Parlamento Europeo, el pasado mes de diciembre, que aceptó la propuesta de varios eurodiputados españoles, y la hizo suya.

En definitiva, creo que abrir fosas, recordarles como se merecen y dignificar y reconocer el sufrimiento causado, no es reabrir ninguna herida, sino, por fin, cerrarlas de una vez. Y que dejen ya de enaltecer una dictadura, que dejen de dedicar calles y monumentos a la dictadura y a quienes cometieron crímenes contra la humanidad. Una parte tan funesta de nuestra historia, no merece ser recordada con una gran cruz, o con nombres de sus desgraciadamente protagonistas, esa historia está en los libros. El espíritu de una democracia también pasa por dignificar a quienes lucharon contra el fascismo, y que nadie se tenga que ir a Francia a homenajear a nuestros republicanos.

Os dejo un pasodoble de una comparsa gaditana, “La Comunidad”, que el año pasado dedicó unas letras a la Memoria Histórica:

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