Florent Marcellesi
Eurodiputado de EQUO en el grupo Verdes/ALE


Esta semana, la UE ha perdido una oportunidad más de demostrar su compromiso con los Derechos Humanos, al aprobarse la reforma del tratado comercial entre la UE y Marruecos, que supone la extensión del mismo al territorio del Sáhara Occidental, ocupado ilegalmente por Marruecos.

Esta aplicación es ilegal, porque no cuenta con el consentimiento del pueblo saharaui, algo que ya dictaminó el Tribunal de Justicia europeo en 2016 con respecto al anterior acuerdo; al considerar que Marruecos y el Sáhara Occidental son dos territorios distintos y separados. Sin embargo, una mayoría de eurodiputados ha decidido esta semana ceder a las presiones de Marruecos, entorpeciendo aún más el proceso de autodeterminación en el marco de Naciones Unidas. Por nuestra parte, desde el grupo Verdes/ALE, desde el que hemos defendido la legalidad internacional en todas las comisiones, y con respecto tanto a este tratado como al tratado de pesca con Marruecos, estamos convencidos de que es un Tratado que nace con fecha de caducidad.

Así pues, la actitud tanto de la Comisión y el Consejo, al sentarse a negociar solo con Marruecos y no escuchar al pueblo saharaui, como ahora del Parlamento Europeo es totalmente irresponsable. Y no sólo por la violación del derecho internacional que señalaba arriba, sino también por la incertidumbre jurídica para los operadores económicos y consumidores europeos. Este acuerdo se ha firmado sin que haya ningún estudio de impacto previo, sin saber qué productos y en qué cantidades van a entrar en el mercado europeo; y vulnerando además los derechos de los consumidores europeos, que no podrán diferenciar si están comprando productos provenientes de la ocupación ilegal, ya que en la etiqueta sólo podrán leer “Marruecos”. Precisamente para evitar esto, y garantizar que el acuerdo que se firmara fuera sólido y con garantías, más de un centenar de eurodiputados, entre los que me encuentro, habíamos pedido que antes de dar el consentimiento del Parlamento, se pidiera un dictamen del Tribunal de Justicia Europeo; algo que también fue rechazado el pasado miércoles en Estrasburgo.

Todo el proceso, además, ha estado impregnado por los chantajes y las presiones de Marruecos, que llevaron, entre otras cosas, a la retirada de la ponente del expediente del acuerdo, tras un escándalo de conflicto de intereses. PP, PSOE y Ciudadanos han cedido también a esas presiones, lo que es especialmente triste, teniendo en cuenta que existía una solución sencilla, y que ya han puesto en práctica otros países del entorno de la UE, como Noruega o Islandia: excluir al territorio del Sáhara Occidental de la aplicación del tratado. Así, se habría salvaguardado el derecho a la autodeterminación económica del pueblo saharaui. Sin embargo, han optado por colocar a la UE en una posición comprometida: por un lado, tanto la UE como sus Estados miembros sostienen que defienden y apoyan el proceso de autodeterminación en el seno de las Naciones Unidas. Por otro, no dudan en hipotecar la credibilidad de la UE, situándose del lado de una de las partes en el proceso.

Los eurodiputados, en representación de la ciudadanía europa, tenían la oportunidad de estar del lado de los derechos humanos y el Estado de Derecho. Sin embargo, muchos han elegido silenciar al pueblo saharaui.

Este acuerdo está marchito, ya que se expone a ser declarado nulo en los próximos meses, de acuerdo a la jurisprudencia del TJUE. El pueblo saharaui sigue teniendo la ley de su parte.