Por Javier Díaz Ortiz

Los crímenes cometidos por altos cargos del reino de Marruecos sobre la población saharaui son tantos que la cuantía de las víctimas es ya inmensurable, pues las numerosas fosas esparcidas por el desierto, junto con los prisioneros y las desapariciones forzosas hacen imposible el recuento exacto de las personas que han perdido la vida o la libertad a manos de los militares marroquíes. Aunque el conflicto saharaui no ha interesado a las grandes potencias de Europa Occidental, pues sus conciencias tan comprometidas con los Derechos Humanos parecen tener otras prioridades, en 2015 se avanzó un poco más hacia la justicia y la reparación en la República Árabe Saharaui Democrática. El 9 de abril de dicho año, Pablo Ruz, magistrado de la Audiencia Nacional, emitió un extenso auto de procesamiento por el que imputaba a 11 altos cargos marroquíes (militares y policías) en atención a la querella por un presunto delito de genocidio presentada por AFAPREDESA (Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis).  La pasividad manifiesta de los gobiernos de Marruecos y España para resolver este asunto hace reconocer que sea harto improbable la detención y extradición de estos sujetos, por lo que al menos se publiquen hasta la saciedad los nombres de los hombres a los que el Magistrado de la Audiencia Nacional acusa de un presunto delito de genocidio: Ben Hachem, Abdelhak Lemdaour, Driss Sbai, Said Ouassou, Hassan Uychen, Brahim Bensami, Hariz El Arbi, Lamarti, Muley Ahmed Albourkadi, Bel Laarabi  y Aldelghani Loudghiri.

En este auto de procesamiento se consideran veraces algunos supuestos que sirvieron de base para la querella por un presunto delito de genocidio. Entre muchos, Pablo Ruz, entiende indiciariamente acreditado que entre 1975 y 1991 “se produjo de una manera generalizada un ataque sistemático contra la población civil saharaui por parte de las fuerzas militares y policiales marroquíes” así como también que se produjeron “bombardeos contra campamentos de población civil, desplazamientos forzados, asesinatos, detenciones y desapariciones, todas ellas de origen saharaui”. Por tanto, el auto concluye con la imputación formal de estos 11 altos cargos, acusados de un presunto delito de genocidio en concurso con otros presuntos delitos materializados en: 50 delitos de asesinato, 76 delitos de asesinato en grado de tentativa, 202 delitos de detención ilegal y 23 delitos de lesiones o torturas.

Estos hechos han sido descritos por las propias víctimas y por testigos de las actuaciones del ejército marroquí, que desde la firma de los infames Acuerdos Tripartito han ocupado el territorio y cometido atrocidades contra la población civil saharaui. Así, el 21 de febrero de 1976 se inició la primera maniobra de una estrategia militar diseñada para desplazar masas de población civil hacia campamentos rodeados por muros, guardias armados y minas antipersona, en los cuales llevan viviendo desde hace más de cuatro décadas. Esta violencia se cebó especialmente con las mujeres y los menores, ya que la mayoría de los hombres se encontraban en el frente y eran ellas las que estaban encargadas del mantenimiento de las jaimas y actuaban como canal de transmisión de la cultura y las tradiciones del pueblo saharaui. Las desapariciones forzosas y asesinatos se sucedieron durante décadas, y cuyas víctimas no han sido halladas hasta la fecha. Tan solo se han localizado y excavado parcialmente algunas fosas comunes como las de Lemsayed o Fradet Leguiaa (recogidas igualmente en el auto). Además, es destacable que entre los restos encontrados se halló documentación española de las víctimas que al tiempo de su asesinato, por tanto, gozaban de la nacionalidad española, lo que refuerza aún más la competencia de los tribunales españoles y alude a las instituciones a trabajar en busca de una respuesta que ofrezca justicia y reparación a las víctimas.

Las presiones internacionales por parte de la ONU y organizaciones no gubernamentales de cooperación y defensa de los Derechos Humanos llevaron a Marruecos a elaborar una relación de las víctimas saharauis, que concluyó en 2004 con la creación de la IER (Instancia para la Equidad y Reparación), una aberración de informe sin ningún tipo de garantía en el que las autoridades marroquíes únicamente reconocen 351 víctimas mortales en los campos de prisioneros y batallas, sin identificación ni entrega de restos mortales o señal de su paradero. Este informe fue desechado por los observadores internacionales por sus inexistentes garantía y fiabilidad, así como por la incoherencia manifiesta con la realidad de sobra probada.

El último golpe de los tribunales a las pretensiones de ocupación de Marruecos se ha producido hace escasas horas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió ayer mismo (27 de febrero de 2018) la resolución al recurso interpuesto contra el Acuerdo de colaboración entre la Comunidad Europea y el Reino de Marruecos en el sector pesquero. Aunque la pretensión inicial era comprobar la validez del acuerdo, cosa que ha sido corroborada por el Tribunal, el resultado ha sido valorado como muy positivo por el Frente POLISARIO y otras organizaciones que luchan por la liberación de la RASD. De esta forma, aunque el aceurdo permanece vigente, el TJUE ha declarado que “el territorio del Sáhara Occidental no forma parte del territorio del Reino de Marruecos, las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental no están comprendidas en la zona de pesca marroquí” y que por tanto “la expresión «zona de pesca marroquí» no incluye las aguas adyacentes al territorio del Sáhara Occidental”. Esta matización de apenas unas líneas tiene una gran relevancia, ya que supone el reconocimiento indirecto del Sáhara Occidental como un ente territorial autónomo y no integrado en el Reino de Marruecos, y por tanto, aquél no puede explotar sus recursos naturales ni, por tanto, alcanzar acuerdos de explotación y comercio sobre ellos. Esta sentencia obliga, en principio, a su cumplimiento a todos los Estados de la Unión Europea, que no podrán comerciar ni tratar asuntos pesqueros con respecto a las aguas territoriales que pertenecen única y soberanamente a la República Árabe Saharaui Democrática.

La verdad, la justicia y la reparación para el Sáhara Occidental cada vez parecen estar más próximos. Y ello solo es posible gracias a la solidaridad de los pueblos, organizaciones y asociaciones como la CEAS-Sáhara (Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara), Plataforma Saguía el Hamra, APRASE (Asociación Profesional de Abogados Saharauis en España) y por supuesto AFAPREDESA (Asociación de Familiares y Desaparecidos Saharauis); pero gracias también al trabajo crucial de muchos profesionales, como los abogados Juan Soroeta, Gilles Devers o Sidi Mohamed Talebbuia, además de otras tantas personas. Y de manera fundamental, como ejemplo para todo ser humano comprometido con los derechos y libertades, gracias a la lucha incansable del pueblo saharaui.

Nacido en Cebreros (Ávila), tengo 21 años. Estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la UCM. En colaboración con proyectos de Derechos Humanos, Derechos LGTBI y otras ONG. Coordinador de Opinión de Contrainformacion.es

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