Redacción Feminismo

Un año más desde que el Partido Popular llegara al Gobierno, el Informe anual sobre aborto provocado en España estuvo disponible en la web del Ministerio de Sanidad durante las pasadas Navidades, en un intento de que pasara desapercibido.

Fotografía de Txefe Betancort.

Analizando las motivaciones de este secretismo que ha contagiado en esta ocasión a la agenda pública, se podría decir que no debe resultar “interesante” para el Ejecutivo dar a conocer que la interrupción voluntaria del embarazo progresa en su normalización como una prestación segura, accesible y gratuita, con niveles mínimos de morbimortalidad. Evidenciar “la buena salud” de este recurso sanitario no debe resultarles ni “importante” ni “noticiable”.

Al amparo de la actual normativa, hoy el aborto seguro, sin coste alguno para las mujeres y de fácil acceso, se realiza a través de un sistema de concertación entre los centros acreditados y las administraciones autonómicas. La Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) ha dejado de ser una intervención privada para consolidarse como una prestación financiada públicamente y reconocida por el Sistema Nacional de Salud. Este sistema garantiza la accesibilidad para aquellas mujeres que quieren interrumpir su embarazo durante las primeras catorce semanas (más del 90% del total). No así en el caso de los abortos de más de 14 semanas de gestación, donde se registran algunas dificultades de acceso al no existir centros especializados en todas las autonomías.

En el marco de este contexto, el informe 2016 señala que este año el aborto ha disminuido globalmente por quinto año, pese al ligero incremento en las comunidades de Baleares, Cataluña, Valencia, Extremadura, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta y Melilla; siendo los territorios con más interrupciones: Cataluña, Andalucía, Madrid y Valencia.

Las razones (de 94.188 se ha pasado a 93.131) responden fundamentalmente a las derivadas de los movimientos migratorios: las inmigrantes que abortan en nuestro país han pasado de ser casi un 40% en 2012 a un 34% en 2016. Otras razones han de buscarse en el envejecimiento de la población, el descenso de mujeres en edad reproductiva, la paulatina mejora en los hábitos contraceptivos y el uso de la anticoncepción de urgencia. Desgraciadamente, no se puede atribuir esta caída a la aplicación de la actual Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, ya que la parte preventiva de esta norma no ha llegado a aplicarse.

En este sentido, solo las políticas preventivas, la educación sexual y el acceso real a la anticoncepción disminuyen los embarazos no deseados. Estas medidas están previstas en la ley de 2010, pero el actual Ejecutivo dificulta su implantación. Como ejemplo de las consecuencias de esta errónea decisión, hay que señalar que más de 30.000 mujeres que interrumpieron su embarazo durante 2016 (un 35%), no había utilizado método anticonceptivo.

En otro orden, el informe de aborto desmonta la asociación entre aborto y falta de formación u ocupación; ya que el 80% de las mujeres contaban con estudios secundarios, superiores o universitarios y casi un 70% trabajaba o estudiaba. Asimismo, los datos corroboran que las mujeres toman decisiones responsables, informadas y con prontitud, ya que más del 70% aborta antes de la semana 8 y más del 90% antes de la 14.

Año a año, tras la publicación del informe, colectivos, asociaciones feministas y algunos partidos políticos reivindican legítimamente que la prestación sanitaria de aborto sea realizada sin derivaciones por centros públicos. Frente a esta reivindicación respetable, deseo, no obstante, dejar en el último párrafo de esta tribuna unas preguntas abiertas: ¿hay voluntad política para trasladar el aborto a la pública?, ¿cuentan con formación las y los profesionales de la sanidad pública para realizar abortos?, ¿se les formará en todas las técnicas?, ¿se va a seguir garantizando el acompañamiento y la intimidad de las mujeres?, ¿podrán seguir eligiendo las mujeres el método de la intervención: farmacológico o instrumental?, ¿se van a destinar recursos económicos? Con la confianza del encuentro en las respuestas, continuaremos trabajando.

Francisca García es presidenta de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo, ACAI (@ACAIVES).

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