El colectivo considera que la vandalización del cierre perimetral de dos de las balsas mineras vuelve a dejar en evidencia las «garantías» de seguridad establecidas por el Gobierno autonómico en el complejo situado entre las localidades coruñesas de Carballo y Malpica de Bergantiños.
Salvemos Cabana recuerda que a finales de 2019 la Administración gallega pagó a Tragsa en ejecución subsidiaria un total de 147.168 euros para, entre otras tareas, instalar 1,5 kilómetros de malla metálica en el perímetro de esta zona de la concesión «Reconquista», algo que a su juicio «de poco ha servido» ante la falta de vigilancia del complejo extractivo en la cumbre del monte, que mantiene numerosos puntos de riesgo carentes de las más elementales medidas de protección.
Por eso, en estas circunstancias y ante la desatención del complejo «en absoluto sorprende la vandalización del mallado, que está permitiendo la entrada a una zona con taludes de gran altura que suponen un peligro evidente para las personas», denuncia la asociación.
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA
La entidad de defensa ambiental ha recordado que la Ley 3/2008 de ordenación de la minería de Galicia sitúa la función inspectora de la Administración como uno de los pilares básicos para garantizar la seguridad en las explotaciones mineras, estableciendo que las autoridades deben comprobar de forma periódica que las actividades extractivas cumplen tanto la legislación vigente como las condiciones técnicas y de seguridad exigidas.
En este sentido, la asociación señala que el artículo 46 de la ley atribuye a la Xunta de Galicia, a través de la consellería competente en materia de minas, la responsabilidad de realizar las comprobaciones necesarias, solicitar documentación e información y supervisar el cumplimiento de la normativa minera. Esto implica, subrayan, que la Administración debe mantener un control continuado sobre las explotaciones mediante inspecciones y verificaciones del estado de las instalaciones siempre que resulte necesario.
Además de las inspecciones puntuales -indica- la normativa contempla instrumentos de planificación para ordenar estas tareas de control. En concreto, el artículo 49 bis establece la obligación de elaborar planes de inspección de las actividades mineras. Según explica Salvemos Cabana, estos planes están concebidos como herramientas para sistematizar la supervisión y asegurar un conocimiento detallado del funcionamiento de las instalaciones, así como del cumplimiento de los requisitos reglamentarios y de seguridad minera e industrial.
PUNTOS DE RIESGO CARENTES DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Para Salvemos Cabana la situación actual del Monte Neme es el resultado de muchas décadas de actividad extractiva que han dejado profundas cicatrices en el entorno porque tras el abandono de la explotación, el lugar quedó marcado por enormes cortas y taludes abruptos, en algunos casos de decenas de metros de altura, lo que convierte cualquier caída en un accidente potencialmente mortal.
Sin embargo, a pesar de este hecho, denuncian que numerosas zonas del complejo carecen de las medidas más básicas de seguridad, pues en muchos puntos, como la propia cumbre, no existe vallado, ni barreras físicas, ni carteles de advertencia visibles, lo que permite a cualquier persona caminar libremente por zonas con riesgo de caída o desprendimiento.
«La situación se vuelve todavía más preocupante si se tiene en cuenta que el enclave se ha popularizado en redes sociales y atrae visitantes que desconocen los riesgos. En la práctica, esto significa que personas sin ningún conocimiento del terreno ni de sus peligros recorren un antiguo complejo minero lleno de estructuras inestables ante la más absoluta pasividad de la autoridad administrativa. Es por ello que «la falta de vallado, señalización y control no es un simple descuido, sino el síntoma de un modelo de gestión autonómico que reacciona tarde y actúa poco ante los desastres ambientales«, apunta el colectivo.
UN MARCO JURÍDICO IGNORADO SISTEMÁTICAMENTE POR LA XUNTA DE GALICIA
Sobre el papel, remarca la entidad ambientalista, el marco jurídico de la minería en Galicia incorpora instrumentos adecuados para garantizar la seguridad de las explotaciones y de los espacios mineros abandonados. Sin embargo, reseñan, «en el caso del Monte Neme se demuestra que la existencia de normas no basta por sí sola para evitar riesgos porque cuando las inspecciones no se traducen en actuaciones efectivas, cuando los planes de restauración se retrasan durante años o cuando la Administración interviene únicamente después de los accidentes, todo el sistema de garantías pierde su eficacia preventiva«.
«En este sentido, el Monte Neme no es sólo un problema ambiental o minero, sino un desgraciado ejemplo de las consecuencias que puede tener la distancia entre la Ley y su aplicación real, revelando que su eficacia depende de la voluntad política, de la dotación de recursos y de la rapidez de la actuación administrativa», concluye la asociación.
