Tractorada contra el proyecto minero de Corcoesto / Salvemos Cabana

La “Xornada sobre a Lei de Implantación de iniciativas empresariais en Galicia e atracción de investimentos e xeración de emprego na Eurorrexión Norte de Portugal-Galicia”, que cuenta con el soporte de la propia Xunta, y  que el viernes 9 de marzo se ha celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidade de Santiago de Compostela, esta montada para mayor gloria del Conselleiro de Economía e Industria Francisco Conde y algunos responsables de su departamento, en lo que supone un nuevo intento de legitimación de las tesis del PP, que aprobó esta norma en octubre de 2017 por la vía del rodillo parlamentario, sin atender las demandas de la oposición en su conjunto y pese al masivo rechazo social.

En este sentido, este tipo de iniciativas únicamente interesan a las patronales de los sectores eólico, minero y forestal, pero no así a la sociedad en general, que durante la tramitación de la Ley 5/2017 mantuvo unha actitud de contestación permanente hacia esta nueva ley impuesta por el Partido Popular.

De hecho, la Ley de fomento de la implantación de iniciativas empresariales en Galicia incide de una forma nunca antes vista en la desregulación a favor de los intereses corporativos y la desprotección del territorio suponiendo de facto una oda al neoliberalismo más descarnado, al simplificar la tramitación ambiental de los proyectos industriales y reducir significativamente los plazos de información pública, lo que impide la correcta evaluación de los impactos causados por este tipo de iniciativas y el debate social pertinente sobre su conveniencia o no para las comunidades afectadas y puede propiciar que proyectos eólicos tan cuestionados como el Mouriños en Cabana o el Pena Forcada-Catasol II en Laxe salgan adelante pasando por encima de la voluntad de la población.

El propio texto de la norma reconoce que persigue el objetivo de la agilización administrativa dentro de una “planificación territorial definida”, lo que puede llegar a suponer la conversión del territorio gallego en una suerte de gran parque industrial a costa de otros sectores económicos tradicionales como la agricultura y la ganadería, que son indispensables en el ámbito rural.

En el actual contexto de reducción de las normativas de protección de la naturaleza y el territorio,  en el que muchos informes ambientales salen adelante sin el rigor debido, y donde no se valoran otros parámetros que no sean los de primar las cuentas de resultados de las grandes empresas del sector energético y extractivo, esta ley tendrá consecuencias imprevisibles para el futuro y supondrá una nueva vuelta de tuerca a la actual situación de desastre técnico y pésima gestión que de manera crónica sufre el medio ambiente en Galicia.

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