La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria para muchos y una sentencia de muerte para algunos. Se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos.

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La adopción del RDL ni tan siquiera se sostiene desde la perspectiva liberal de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes, por mucho que se desinforme con lo contrario, hacen del sistema sanitario es inferior al de las nacionales. Además, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones.

Una pequeña esperanza

Pedro Sánchez confirmaba la semana pasada en el Congreso su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella. Es un compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal que también ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón.

Distintas organizaciones en defensa del derecho a la salud, como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo o los principales sindicatos, exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia. También quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa.

Las organizaciones celebran el cambio de enfoque del Ejecutivo que supone el Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias. Si esta medida sale adelante, tal y como esperan todos lo que se pueden considerar demócratas (o humanos), habría que plantear a estos cuatro partidos cuál es su concepto de sociedad, si es que realmente se lo plantearon.

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