Este domingo, una coalición de más de 60 sindicatos y movimientos sociales —la mayoría de profesionales de la salud, liderados por la Red Sindical UniSaúde—, han denunciado al presidente de Brasil ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya por ignorar las pautas que debería seguir para luchar contra la pandemia de la COVID-19. Hasta este lunes, el país registra más de 87.000 muertes y casi 2,5 millones de casos confirmados de la covid-19.

Argumentan desde la coalición que Bolsonaro ha cometido un crimen de lesa humanidad, tanto por alentar acciones que aumentaron el riesgo de proliferación de la covid-19 como por negarse a implementar políticas de protección para las minorías. Un documento de 64 páginas que señala “fallos graves y mortales” en la respuesta brasileña a la crisis sanitaria.

Bolsonaro, según el documento, nunca ha seguido las recomendaciones técnicas de su propio Ministerio de Sanidad para frenar el contagio en Brasil. Al contrario: provocó varias veces aglomeraciones y apareció sin mascarilla, además de menospreciar su uso, llegando a decir que son “cosa de maricas”. También hizo declaraciones que minimizaban la gravedad del virus, sobre el que comentó que tenía “poco agarre”.

“Esta actitud de desprecio, negligencia y negacionismo ha tenido consecuencias desastrosas, con el consiguiente aumento de la diseminación y el colapso total de los servicios sanitarios, que se encontraron sin las condiciones mínimas para asistir a la población, lo que derivó en muertes sin más controles”, afirma el documento.

El texto presentado por la coalición detalla la insistencia de Bolsonaro en defender el uso de la cloroquina para tratar la COVID-19. El mandatario fue de los pocos que recomendó este medicamento. Llegó a compartir un vídeo casi publicitario apoyando su uso cuando se encontraba contagiado y confesó usar hidroxicloroquina. «Seguro me está dando buenos resultados. Yo confío en la hidroxicloroquina, ¿y tú?», expresó.

Las entidades también citan la reciente declaración del magistrado del Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que asoció directamente la palabra “genocidio” a la pandemia en Brasil. “Esto es muy malo para la imagen de las Fuerzas Armadas. Hay que dejarlo muy claro: el Ejército se está asociando con este genocidio, no es razonable. Hay que poner fin a esto”, dijo el magistrado.

Para los sindicatos, estas acciones del presidente Bolsonaro «exponen la vida de una población a un alto riesgo de salud y muerte». En este momento, el país acumula más de 86.000 muertes y casi 2.4 millones de contagiados por coronavirus. Además, consideran que los actos son intencionados: «Hay intención en la postura del presidente cuando adopta medidas que perjudican los derechos humanos y desprotegen a la población, poniéndolos en riesgo a gran escala, especialmente los grupos étnicos vulnerables».

El presidente Jair Bolsonaro ya había sido denunciado anteriormente por intento de genocidio de los pueblos indígenas.