La Fiscalía General del Estado ha dado a conocer que se ha incrementado en un 23,2% los delitos contra la libertad sexual durante 2018. Save the Children muestra su profunda preocupación por el aumento de denuncias de violencia sexual contra menores de edad, un 54,7% más que el año anterior.

Ante esta situación, la organización considera que “no puede haber excusas para que entre las primeras medidas del próximo Gobierno de España se encuentre retomar lo avanzando en la anterior legislatura y aprobar lo antes posible la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia”. El anteproyecto fue presentado en el último Consejo de Ministros de 2018, pero el adelanto electoral detuvo su tramitación.

“Cada vez hay más evidencias y concienciación de que en España existe un enorme problema de violencia hacia la infancia y, en concreto, de abusos sexuales hacia niños, niñas y adolescentes. Por desgracia, no es algo nuevo, sino que está enraizado en la parte más oscura de nuestra sociedad y cuesta mucho que las víctimas puedan sacar a la luz su sufrimiento. La ausencia de medidas legales más garantistas sigue dificultando acabar con la impunidad y prevenir potenciales abusos”, asegura Ana Sastre, directora de Políticas de Infancia de Save the Children.

El pasado jueves el Pleno del Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad un informe en el que se respalda la propuesta del citado anteproyecto de que la prescripción de los delitos sexuales a menores empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años. En la actualidad, la prescripción de estos delitos se calcula a partir de que la víctima alcance la mayoría de edad.

Save the Children tiene constancia de numerosos casos de personas adultas que sufrieron abusos sexuales durante la infancia y que, cuando han encontrado la fuerza para poder denunciar, ya han pasado demasiados años según la legislación actual.

“Tan importante como las medidas punitivas lo son las preventivas”, explica Sastre. El anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia incluye también una serie de artículos destinados a reducir las causas que favorecen los abusos. Entre ellas la obligatoriedad de la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, que ayudará a las potenciales víctimas a identificar el abuso y a autoprotegerse, y lograr que cuando los niños y niñas lleguen a la adolescencia tengan relaciones personales y sexuales seguras y libres de violencia.

Por último, Save the Children también insiste en la importancia de que cualquier tipo de medida enfocada a acabar con la violencia hacia la infancia no suponga una revictimización del niño o la niña que la ha padecido. Para ello, el anteproyecto también impulsa que, mediante la obligatoriedad de la prueba preconstituida para todos los menores de 14 años, la testificación del menor o la menor ante las distintas autoridades se haga solo una vez y en entornos amigables. Para ello, la organización pide que se impulsa la implementación en España el modelo Barnahus (Casas de los Niños), que surgen en Estados Unidos en los años 80 como recurso para atender, desde una unidad centralizada, a niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual y maltrato.

Vídeo Recomendado:

Deja un comentario