Save the Children ha llevado hoy a las puertas del Congreso de los Diputados un aula para denunciar las consecuencias que el largo periodo sin gobierno está teniendo en los derechos de la infancia. La iniciativa, bajo el nombre #HacedLosDeberes, pide a todos los partidos y líderes políticos que empiecen a trabajar ya para poner en marcha las políticas que frenen la violencia contra niñas y niños, mejoren su acceso a la educación y reduzcan las tasas de pobreza en hogares con menores de edad.

“Es responsabilidad de nuestros representantes llegar a acuerdos para aprobar leyes y poner en marcha medidas a favor de los niños y niñas más vulnerables. Este periodo sin gobierno es tiempo durante el que se prolongan situaciones de desprotección de la infancia más necesitada, con casos de pobreza infantil, segregación escolar o violencia”, afirma Carmela del Moral, portavoz de Save the Children.

La ONG ha instalado a las puertas del Congreso de los Diputados un aula para solicitar a los líderes y miembros de los diferentes grupos políticos que comiencen ya a hacer sus deberes para proteger a la infancia.

“Nuestros representantes empiezan el curso escolar con muchos deberes pendientes y el problema es que la inactividad política tiene consecuencias en el presente y el futuro de los menores. Mientras los partidos se enfrentan, niñas y niños víctimas de abuso sexual siguen día tras día en contacto con su agresor y sin protección, más de dos millones de menores viven en situación de pobreza y 1,5 millones de madres solas y 340.000 padres solos pasan dificultades para sacar adelante a sus hijos”, señala del Moral.

Save the Children pide a los líderes políticos tener la suficiente altura de miras para situar a los niños y las niñas más desfavorecidos en el centro del debate político, así como para acordar e implementar de forma urgente medidas necesarias para su bienestar.

En la actualidad, una de cada dos denuncias interpuestas por abusos sexuales tiene como víctima a una niña o un niño y en lo que llevamos de año, al menos 20 menores han muerto por causas violentas en España.

Asimismo, 700.000 hogares no cubren el coste mínimo mensual (entre 500 y 600 euros) para criar a un hijo en condiciones dignas ni para asegurar su desarrollo y bienestar. A su vez, las tasas de segregación escolar están por encima de la Unión Europea, y en el caso de algunas comunidades autónomas, como la de Madrid, son casi de las más altas del continente.

“La infancia necesita un Gobierno estable que garantice la aprobación de la Ley para Erradicar la Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, un aumento progresivo de aquí a 2022 de la prestación por hijo a cargo hasta los 1.200 euros anuales, equiparar a las familias monoparentales con las numerosas y fomentar el acceso equitativo a la educación infantil, garantizando su gratuidad para las familias más vulnerables”, concluye del Moral.

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