Save the Children considera una medida muy positiva el compromiso del Gobierno de España de elaborar un plan de actuación específico para reducir la vulnerabilidad y riesgo de exclusión social de los menores y las menores tutelados por el Estado una vez que cumplen 18 años. Según ha explicado hoy María Luisa Carcedo, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, en una entrevista en Antena 3, los “jóvenes tutelados no tienen a nadie que les proteja y la administración tiene que velar para que no vayan a la calle”.

Para Ana Sastre, director de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children, esta iniciativa “reconoce que los jóvenes y las jóvenes que han sido tutelados representan un colectivo que merece una atención especial debido a la vulnerabilidad a la que se enfrentan cuando tienen que abandonar el sistema de protección”.  Asimismo, la ONG pide que se garantice la existencia de una coordinación efectiva entre el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar y las comunidades autónomas antes y después de que los jóvenes tutelados cumplan la mayoría de edad para salvaguardarlos del ‘salto al vacío’ que en ocasiones supone llegar a los 18 años de edad. “Si no existe un ‘línea continua’ entre la administración central y las autonomías a la hora de intervenir con menores tutelados de nada sirve el trabajo realizado durante el periodo de protección en los centros”, añade Sastre.

Save the Children considera que con esta medida el Gobierno reconoce que los sistemas de protección de las comunidades autónomas no son las únicas responsables de la inclusión en la sociedad de los menores que viven bajo tutela, sino que tienen que ser apoyados por el resto de los actores y recursos existentes para garantizar que todos alcancen el pleno disfrute de la ciudadanía y todos sus derechos. Según Save the Children, dicha inclusión sería imposible sin la coordinación y la cooperación de todas las instituciones públicas que se ocupan de garantizar el derecho a la vivienda, el empleo o la educación.

La ONG hace hincapié en la especial situación de vulnerabilidad añadida que viven los menores migrantes no acompañados (MENA), quienes suelen llegar al país en edades muy próximas a los 18 años y cuyas necesidades específicas −aprendizaje del idioma, la regularización administrativa o el acceso a la documentación− tendrán que ser tenidas muy en cuenta para adoptar medidas específicas de cara a que puedan alcanzar una exitosa inclusión en la sociedad.