Sociedad Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) han presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas para que el organismo investigue si el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont debe devolver los gastos del referéndum del 1 de octubre.

En diciembre de 2018, las dos entidades pidieron al Tribunal de Cuentas que abriera un procedimiento para que Puigdemont y sus exconsellers respondieran por el dinero destinado al 1-O, un gasto que consideran «ilícito» porque el Tribunal Constitucional había anulado la votación.

En su escrito, las asociaciones situaban en unos 90 millones de euros el gasto derivado del referéndum ilegal, una cifra que sale de la suma de dos millones por la organización del referéndum y 87 millones por el coste del despliegue policial movilizado para impedirlo.

Según explican SCC y ACC en un comunicado, la Generalitat ha solicitado al Tribunal de Cuentas que archive la causa, una posibilidad ante la cual han presentado alegaciones este lunes.

«Existen irregularidades por haber destinado dinero público para la celebración de una votación previamente suspendida», subrayan las entidades.

En este sentido, consideran que «hay indicios de responsabilidad contable» para que se siga la estela de lo sucedido con la consulta del 9 de noviembre, en la que se condenó al expresidente de la Generalitat Artur Mas y a los exconsellers Joana Ortega, Francesc Homs e Irene Rigau a devolver los casi 5 millones de euros gastados en aquella jornada.

Las dos asociaciones subrayan que no tienen «ninguna intención de judicializar la política», pero recalcan que hay que ser «muy contundentes en la defensa de la democracia y el Estado de Derecho» porque sin ellos «no puede haber democracia».