Francisco J. Martín
Es ahora cuando una sociedad debería demostrar que es mucho más que la suma numérica de sus individuos, y espero que sepamos hacerlo y llegar cuanto antes a lo que se está llamando la “nueva normalidad”.

No se entendería que no retomásemos la actividad cuanto antes para buscar soluciones a los problemas importantes que ya sabíamos que teníamos antes del coronavirus, algunos de los cuales han agravado y aumentado su impacto en la sanidad, la economía y la sociedad. Y quizás sea imprescindible que la reconstrucción conlleve la solución paralela de parte de ellos para que sea realmente efectiva.

Es razonable y exigible que la actividad de las administraciones públicas y la parlamentaria en su conjunto esté centrada en la solución de los efectos del Covid-19, cuya pieza más visible ha sido la constitución de una Comisión para la Reconstrucción Económica y Social. 

Pero, debemos irnos preparando para cuando llegue esa “nueva normalidad”, que percibimos más cercana, y pensando en ese momento oportuno, me ha parecido conveniente publicar este artículo sobre la regularización de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carreras.

Es una reivindicación antigua, al menos de 2005, y sigue sin resolverse a pesar de constituir una injusticia social que implica una penalización de por vida que necesita solución, como defiende la asociación ASJUBI40. Así lo vieron la mayoría de los grupos parlamentarios en la sesión de la Comisión del Pacto de Toledo del pasado 5 de marzo, y también el propio Ministro de Seguridad Social, Sr. Escrivá, cuando en su comparecencia se dirigió a los diputados de la Comisión en relación a este problema, diciendo que “Hemos identificado entre todos un problema claro, una situación intrínsecamente injusta; me ha parecido oírlo por parte de todos los grupos.” 

Veamos algunos ejemplos sobre el coste de las distintas posibilidades de regularizar la situación, para volver al 100% de lo que hubiese correspondido de pensión si no se hubiesen aplicado coeficientes reductores (suponiendo una Jubilación anticipada a los 61 años con un 24% de reducción):

 Fuente: elaboración propia, datos de 2020.

NOTAS: Aquí se contempla el paso desde la base reguladora inicial calculada, a la que resulta de aplicar los coeficientes reductores del ejemplo. Las cifras de la derecha corresponden a la base máxima de cotización, a la pensión máxima y a la mínima.

En los casos de altas bases reguladoras, el coste de regularizar la situación podría ser menor al coeficiente reductor aplicado, llegando incluso a ser nulo al situarse el importe resultante por encima del límite máximo (Casos 1 y 2), mientras que, en la zona de complementos a mínimos, todo o parte del coste sería simplemente una sustitución de los complementos actuales (Casos 3 y 4). Queda claro que regularizar unos coeficientes del 24% no supone un coste del 24% para el Estado.

Estos resultados están en sintonía con la respuesta que el 26 de marzo pasado ha dado el Gobierno al Senador Carles Mulet (Compromís), a quien agradezco su defensa de esta causa, en relación con una pregunta suya sobre el colectivo de jubilados anticipados a los que se ha aplicado una penalización por jubilarse antes de los 65 años, en la que, entre otras cosas, se dice que:

“… se jubilaron anticipadamente, acogiéndose a muy diversas modalidades de jubilación anticipada vigentes en cada momento.”

“El número de los jubilados con coeficiente reductor es de 1.732.652, pero no todos vieron reducida su pensión, o esta se redujo en cuantías muy inferiores a los correspondientes coeficientes reductores, bien porque tras aplicar el coeficiente reductor la pensión inicial continuaba siendo superior al tope máximo de pensión, bien por la existencia de otras pensiones concurrentes…”

Hay que señalar que el colectivo de personas jubiladas anticipadamente con aplicación de coeficientes reductores y con 40 años o más de cotización previa es de 531.472 jubilados, o sea, menos de la tercera parte del total indicado por el Gobierno.

Además, esta regularización supondrá un aumento en la renta de estas personas que, fundamentalmente, se dedicará al consumo, con lo que se aumenta la actividad económica y la recaudación tributaria, efectos indirectos que reducen su coste global para el Estado.

Espero que, con la información del Ministerio, los Diputados y las Diputadas de la Comisión del Pacto de Toledo acuerden sus recomendaciones generales sobre el Sistema Público de Pensiones y, también, lleguen a encontrar y promover una solución viable y rápida al problema de las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas con largas carreras que sufre una parte de la población jubilada desde hace años y que se ve agravado por la situación de crisis actual.

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NOTA: Este artículo es un resumen del artículo publicado en el blog “Lo mejor está al caer” que se encuentra en el siguiente enlace: https://lomejorestaalcaer.wordpress.com/2020/06/05/nueva-normalidad-y-penalizaciones/