Javier F. Ferrero

Se cumplen siete años de aquella noche de agosto en la que el Gobierno socialista de Jose Luís Rodríguez Zapatero traicionara al pueblo español votando una modificación de la Constitución Española con el Partido Popular de Mariano Rajoy.

El 23 de agosto de 2011, Zapatero aprovechó el Pleno Extraordinario dedicado a las medidas de austeridad para incluir una propuesta de reforma constitucional que estableciera una regla de estabilidad presupuestaria, plan con el que contó con el apoyo del Partido Popular y que días más tarde, sin referéndum, se convirtió en la famosa reforma constitucional del artículo 135 de la Constitución.

La reforma se aprobó con 316 votos a favor y 5 en contra.  Los diputados de Izquierda Unida no se presentaron. Coalición Canaria, UPYD y dos socialistas, Antonio Gutiérrez y José Manuel Bar Cendón fueron los que votaron en contra. Los diputados socialistas De la Rocha, Barrio de Penagos y José Antonio Pérez Tapias se abstuvieron como CiUy PNV.

El déficit se tramitaba por otros procedimientos hasta ese momento, pero meterlo en la Constitución supuso consagrar el pago de la deuda por encima de todo lo demás, incluida la gente y su bienestar.

Las leyes Montoro, aprobadas por el ministro de Hacienda del Partido Popular seis meses después de modificar dicho artículo, acrecentaron la dureza de esa modificación de la Constitución y afectado a la vida de la mayoría de la población mediante normas que atañen al funcionamiento de los municipios y las comunidades autónomas.

Pero todavía hay consecuencias que no hemos visto. En el BOE se anunciaba que “los límites de déficit estructural establecidos en el artículo 135.2 de la Constitución Española entrarán en vigor a partir de 2020”.

Pedro Sánchez y su equipo de gobierno coinciden en la necesidad de modificar aquella reforma constitucional. Sin embargo, pocos o ningún paso se ha dado en esa dirección y la austeridad permanece blindada en la Constitución. Sánchez, el que votó positivamente la modificación, y que incluso la defendió con un artículo en la prensa, es el único que ahora puede echarlo abajo. El problema es que ahora va a ser complicado, porque aunque el PSOE esté en el Gobierno, el PP es el partido mayoritario en el Congreso.

En su documento ‘Dejar atrás la austeridad’ con el que Podemos pretende negociar con el PSOE, los morados proponen derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), que establece en su artículo 14 el pago de la deuda pública como “prioridad absoluta”. La formación morada pide renegociar el déficit para 2019 con las autoridades europeas para que este se sitúe por encima del 1,8%, luchar contra la austeridad en los Ayuntamientos, rescatar la sanidad y la educación públicas y del sistema público de atención a la dependencia y luchar por seguridad social y empleo

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