Una década después de haber sido condenado a 25 años de cárcel por delitos calificados como crímenes de lesa humanidad, el expresidente Alberto Fujimori recibió esa fecha en silencio absoluto en prisión, al igual que sus hijos y sus principales seguidores.

Tal como ocurrió el pasado 23 de enero, cuando Fujimori regresó a la cárcel después de que un juez anuló el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, el décimo aniversario de su condena como «autor mediato» (con dominio del hecho) de los crímenes del grupo militar encubierto Colina no generó mayor impacto en Perú.

Fueron muy pocos los que recordaron que el polémico exmandatario, cuyo régimen ha marcado la política peruana hasta la actualidad, fue condenado un 7 de abril de 2009 por un tribunal supremo por las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992) además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.

Según determinó el tribunal, en una sentencia que luego fue ratificada en todas las instancias nacionales, Fujimori fue responsable por los crímenes del grupo Colina, que en Barrios Altos y La Cantuta asesinó a 25 personas.

Este domingo, las cuentas en redes sociales de Fujimori, y de sus hijos Keiko y Kenji, que mantienen actividad esporádica, así como del partido fujimorista Fuerza Popular, no mencionaron el tema, al igual que las autoridades e instituciones peruanas.

Solo el exfiscal Avelino Guillén y el abogado César Nakazaki, acusador y defensor del exmandatario durante el juicio, dieron declaraciones al diario El Comercio, que destacó que Fujimori es «el preso más caro del Perú», ya que el Estado gasta en él mas de 36.600 soles (mas de 11.000 dólares) mensuales.

Guillén sostuvo que fue el proceso «más difícil» que le tocó afrontar durante su carrera, pero aseguró que se «demostró ante el Perú y el mundo que se puede juzgar a un expresidente con absoluto respeto al debido proceso y a su derecho de defensa».

Nakazaki señaló, por su parte, que también «fue el caso más complejo» de su carrera y consideró que «el gran problema que hubo es que el contexto impedía que haya independencia, imparcialidad» durante el juicio.

Ambos coincidieron, sin embargo, en mantener una posición favorable a que Fujimori pueda recibir un indulto humanitario, aunque Guillén dijo que eso se puede dar solo si se demuestra que sufre una grave enfermedad y mediante «un proceso absolutamente legal», mientras que Nakazaki aseguró que sigue «luchando porque se preserve» la gracia que otorgó Kuczynski.

Fujimori, de 80 años y quien gobernó Perú entre 1990 y 2000, fue reenviado a fines de enero pasado a la misma prisión donde cumplía su condena cuando fue indultado el 24 de diciembre de 2017 por el ahora también expresidente Kuczynski (2016-2018).

Había vivido hasta octubre pasado en una lujosa casa alquilada en el distrito residencial de La Molina, pero luego ingresó en una clínica de Lima cuando un juez anuló el indulto.

Tras permanecer internado durante 112 días alegando problemas de salud que ponían en riesgo su vida, la Corte Suprema ordenó su regreso a prisión luego de que una junta médica determinó que su condición era estable.

Poco antes de volver a la celda en el penal de Barbadillo, en el este de Lima, donde estuvo encarcelado desde 2007 y es el único reo, Fujimori publicó una carta manuscrita en la que afirmó que el final de su vida está cerca, debido a las dolencias que padece.

Durante los últimos años, Fujimori fue trasladado desde su prisión a clínicas de Lima para tratarse males crónicos como hipertensión arterial, una hernia lumbar, gastritis y fibrilación auricular paroxística, además de lesiones en la lengua, conocidas como leucoplasia, de las que fue operado en seis ocasiones.

Keiko Fujimori, la hija mayor del expresidente también cumple desde fines de octubre pasado una orden de prisión preventiva de 36 meses mientras es investigada por un presunto lavado de activos durante la financiación de sus campañas electorales, en las que presuntamente recibió dinero de la constructora brasileña Odebrecht.

Su hermano menor Kenji fue suspendido de sus funciones por el Congreso que dominaba Fuerza Popular, y es investigado de manera preliminar, junto con sus hermanos Hiro y Sachi, por un presunto incremento irregular del capital de su empresa Logística Integral Marítima Andina S.A. (Limasa).

David Blanco Bonilla

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