El domingo 14 de noviembre, el líder supremo talibán dio una orden de obligado cumplimiento de aplicar plenamente la sharia (ley islámica) en Afganistán.
Desde entonces, los talibanes han llevado a cabo varias flagelaciones públicas de mujeres y hombres acusados de adulterio, robo, conducta homosexual o secuestro en varias provincias de Afganistán.

Esta interpretación de la ley islámica incluye las ejecuciones, amputaciones y lapidaciones públicas que se llevaron a cabo durante el primer gobierno talibán, que finalizó a finales de 2001.

Cuando los talibanes tomaron el poder en agosto de 2021, prometieron gobernar el país con más moderación, respetando los derechos derechos de las mujeres.
Amnistía Internacional ha documentado la intensificación continua de los abusos y las violaciones de derechos humanos por parte de los talibanes desde que tomaron el control de Afganistán en agosto de 2021, que han incluido ejecuciones extrajudiciales, detención arbitraria, tortura, desapariciones, represión de las mujeres y las niñas y censura de los medios de comunicación y otras restricciones de la libertad de expresión.

En repuesta a la flagelación pública de 3 mujeres y 11 hombres el miércoles por orden de un tribunal talibán en relación con cargos de robo y delitos contra la moral en la provincia afgana de Logar, Samira Hamidi, responsable de campañas sobre Asia meridional de Amnistía Internacional, manifestó:
“La flagelación pública de mujeres y hombres supone un alarmante retorno a las prácticas extremas de los talibanes. Infringe la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en virtud del derecho internacional y no debe llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia.”

“Los talibanes siguen haciendo caso omiso de las críticas generalizadas y pisoteando flagrantemente los principios básicos de derechos humanos en un alarmante deslizamiento hacia lo que parece un recordatorio sombrío de su gobierno de hace tres décadas. Estos castigos ominosos son un paso más en la legalización de prácticas inhumanas por parte del cruel sistema de justicia talibán y exponen el completo desprecio del derecho internacional de los derechos humanos por las autoridades de facto.

“Se debe poner fin de manera inmediata y sin condiciones a la práctica delictiva de la flagelación pública y a todas las demás formas de castigo corporal, y establecer un mecanismo de justicia formal que garantice el acceso a juicios justos y a recursos legales. La comunidad internacional debe intensificar de inmediato sus iniciativas para garantizar que las autoridades de facto de Afganistán abolen todos los castigos crueles, inhumanos y degradantes.”

Amnistía Internacional

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