En la Declaración de la ONU sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos se define como tales a quienes emprenden acciones para prestar ayuda y proteger los derechos humanos. De acuerdo con ella, los Estados tienen que garantizarles un entorno seguro y propicio, donde puedan desarrollar sus actividades sin temor a sufrir represalias.

En un nuevo informe titulado Punishing compassion: solidarity on trial in Fortress Europe (“Castigo a la compasión: la solidaridad a juicio en la Fortaleza Europa”), Amnistía Internacional documenta cómo la policía y las fiscalías hacen uso indebido de leyes contra el contrabando y medidas antiterroristas de por sí deficientes contra defensores y defensoras de los derechos humanos que ayudan a las personas refugiadas, solicitantes de asilo y migrantes.

Los líderes europeos deben establecer medidas para implementar la Declaración en la UE y garantizar que no se procesa a nadie simplemente por su trabajo en favor de los derechos humanos.

“Las autoridades deben dejar de criminalizar a los defensores y defensoras de los derechos humanos. La historia no tratará bien a los gobiernos que tratan como delito los actos realizados para salvar vidas”, ha manifestado Elisa De Pieri, investigadora regional de Amnistía Internacional.

“En toda Europa, son muchas las personas que ha dado muestra de mucha más compasión y humanidad que sus gobiernos hacia quienes buscan seguridad. Es vergonzoso que los defensores y defensoras de los derechos humanos estén siendo atacados por autoridades insensibles que se empeñan en cerrar sus fronteras a toda costa, incluidas vidas humanas.”