El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el primer paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético, entre las que se encuentran apagar la luz de escaparates y edificios no ocupados a partir de las 22 horas.

En cuanto se ha hecho público el decreto, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha revelado y ha manifestado en un tuit que: «Por parte de la Comunidad de Madrid no se aplicará. Madrid no se apaga. Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?».

Desde que gobierna Ayuso, la Comunidad de Madrid se ha colocado constantemente en una posición de rebelión constante contra el Gobierno de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha intentado zanjar el asunto, sin mencionar a Ayuso, avisando de que «La ley se cumple» y pidiendo a los partidos políticos y a las administraciones territoriales a que huyan de comportamientos «egoístas, unilaterales e insolidarios».

¿Se podría aplicar el artículo 155 a Ayuso si lleva a cabo sus amenazas?
¿Se podría aplicar el artículo 155 a Ayuso si lleva a cabo sus amenazas?

A pesar de que parece que la presidenta madrileña Ayuso ha reculado y ha anunciado a través del vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, que estudiarán las medidas energéticas contenidas en el real decreto del Gobierno, de llevar a cabo su amenaza Sánchez estaría legitimado para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Además de tener la ley y la Constitución a su favor, Sánchez tiene una mayoría suficiente en el Senado como para que Madrid sea intervenido y Ayuso destituida.

Artículo 155 de la Constitución

Según dicho artículo: «Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general». «Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas».

Los juristas piden cautela

Sin embargo, los juristas insisten en actuar con cautela. Ramón Rodríguez, vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional, ha explicado a El Plural que en la situación actual la utilización no es imposible, aunque sí complicada «porque es una medida extrema» que tiene que ir «precedida por un requerimiento formal».

«Habría que ver en qué condiciones se produce esta falta de obediencia, porque si al mismo tiempo se plantea un recurso de carácter jurisdiccional, habría que esperar a que se pronunciaran los tribunales (…) Hay que ver tanto la redacción de la norma como la declaración que dice que no se va a cumplir”, ha señalado. Además, ha añadido que hay muy poca información por el momento más allá de las manifestaciones políticas.

Por ello, Rodríguez llama a tener prudencia a la hora de hacer uso de este artículo y esperar siempre la respuesta de los tribunales.

De todos modos, el periodo para la aplicación de las medidas recogidas en el paquete de ahorro energético es de una semana desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado y tendrán una vigencia hasta el 1 de noviembre de 2023.

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