Este martes, Francia experimentó la segunda protesta masiva este mes de enero contra la reforma de las pensiones del Gobierno de Emmanuel Macron. Durante ese día, los sectores ferroviario, petrolero y educativo realizaron importantes paros y se han llevado a cabo 240 marchas en todo el país.
Después de la gran protesta del 19 de enero, los sindicatos se enfrentaron nuevamente a Macron exigiéndole la retirada del retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años como del adelanto a 2027 del alargamiento del período de cotización, de 42 a 43 años.
En la rutinaria sesión parlamentaria de control al Gobierno, la reforma de las pensiones fue uno de los principales temas. El ministro de Trabajo, Olivier Dussopt, ha defendido la reforma ante las preguntas de la izquierda radical y la ultraderecha.
“Pedimos a los franceses un esfuerzo para que se pueda mantener el actual sistema por repartición”, ha señalado Dussopt, justificándolo con el envejecimiento de la población, ya que se ha pasado de tres cotizantes por jubilado de la década de 1970, a 1,7 cotizantes hoy en día.
El Ejecutivo galo ha defendido también la reforma del sistema de pensiones para estar en línea con la UE, pues Francia es uno de los países en los que la edad mínima de jubilación es más baja, con 62 años.
Laurent Berger, presidente de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT) y presidente de la Confederación Europea de los Sindicatos (CES), ha pedido al Gobierno galo que deje de “usar el argumento de Europa” para alargar la vida laboral, ya que la edad real de las jubilaciones en Francia y el resto de la UE es muy parecida.
La meta de los sindicatos es, como en 1995 durante la presidencia del conservador Jacques Chirac, lograr que la presión social sea tal que impida la puesta en marcha de una reforma de las pensiones.
La reforma de las pensiones de Macron comenzó su tramitación parlamentaria el lunes, a pesar de no tener suficiente respaldo.
El presidente francés argumentó que el cambio es “indispensable cuando nos comparamos en Europa” y para “salvar” el sistema actual de reparto, en el que los trabajadores actuales pagan las pensiones de los jubilados actuales con sus cotizaciones.
Sin embargo, la reforma carece de apoyo popular según las encuestas. Partidos de izquierda, extrema derecha e incluso algunos diputados conservadores de Los Republicanos se oponen en la Asamblea Nacional. Macron depende del apoyo de este último partido para aprobar la ley.
