Según una encuesta realizada el pasado 9 de noviembre por la Oficina del Censo estadounidense, seis millones de familias ven «muy probable» que tengan que dejar sus hogares antes de final de año.

17,8 millones cuentan con retrasos en el pago de sus rentas e hipotecas y un tercio de ellos han reconocido que es muy probable que se enfrenten a un desalojo en los próximos dos meses, una cifra que podría aumentar cuando expire el plazo otorgado a los beneficiarios de la Ley CARES el próximo mes de marzo, que permitía una moratoria de un año a aquellas personas que no pudiesen hacer frente al pago de sus hipotecas como consecuencia de la crisis económica derivada de la pandemia.

Con el fin de prevenir el avance de la pandemia, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) declararon una moratoria temporal para los desahucios desde el 4 de septiembre hasta el 31 de diciembre, una fecha a la que se suma que millones de hogares estadounidenses dejarán de percibir las ayudas económicas y sociales que recibían hasta ahora.

En estados como Arkansas, Florida y Nevada, más de 750.000 viviendas consideran que hay una gran posibilidad de desalojo a principios de enero, mientras que en ciudades como Nueva York, Houston y Atlanta la amenaza de desahucios es más apremiante.

Y parece que la situación no va a mejorar, el número de contagios y fallecidos siguen aumentando de forma pronunciada y las autoridades de algunos estados ya han optado por reforzar las medidas de confinamiento y de libertad de movimientos debido al aumento de nuevos casos.

Además, con la celebración de festividades como el Día de Acción de Gracias, o Navidad, donde se esperan millones de desplazamientos, los CDC alertan que para mediados de diciembre se pueden haber confirmado otras 30.000 víctimas mortales por coronavirus.

Seis millones de familias podrían ser desahuciadas en enero en EEUU
Seis millones de familias podrían ser desahuciadas en enero en EEUU

Medidas tomadas en España para evitar los desahucios

Las medidas para paliar los efectos económicos y sociales provocados por la crisis sanitaria del coronavirus incluían, entre otras, ayudas para la vivienda como la suspensión de desahucios y lanzamientos durante el periodo que transcurriese el estado de alarma, y moratorias y ayudas para el alquiler.

Otra de las medidas era la posibilidad de solicitar al arrendador una prórroga extraordinaria, que se extendería por un plazo máximo de seis meses, en el caso de que el contrato de vivienda habitual y para la cual sería necesario que el afectado se encuentrase en situación de desempleo o, en caso de ser empresario, haber sufrido una pérdida igual o superior al 40% de los ingresos o ventas. Además el total de ingresos de la unidad familiar no debía superar los 1.613€ en el mes anterior a la solicitud, entre otros requisitos.