El Senado de Brasil instaló ayer una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) para evaluar la responsabilidad del Gobierno de Jair Bolsonaro ante la pandemia de la COVID-19 que causó, hasta ahora, más de 395.000 fallecidos.
Bolsonaro ha desafiado continuamente las recomendaciones sanitarias para controlar la propagación del virus, ha criticado las medidas de cuarentena, puso en tela de juicio la eficacia del uso de mascarillas, ha cuestionado las vacunas y recomendado medicinas como la hidroxicloroquina sin eficacia comprobada contra la enfermedad.
Mientras tanto, en su cuenta de Twitter se aplaudió a sí mismo por la velocidad de una campaña de vacunación que hasta el momento benefició a unos 25 millones de personas entre la primera y segunda dosis.
En la primera sesión fue elegida la directiva de la comisión, que será presidida por Omar Aziz, del Partido Social Democrático (PSD), una formación de centro que se declara independiente. Como vicepresidente fue elegido el senador Randolfe Rodrigues, del partido ecologista Rede y uno de los más duros críticos de Bolsonaro en el Parlamento y el cargo de instructor, clave para el curso de la investigación, recayó en Renan Calheiros, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), un partido de centroderecha que no oculta su carácter opositor.
La ultraderecha intentó impedir la elección de Calheiros como instructor hasta por la vía judicial, con el argumento de que el senador ya ha declarado su convicción de que Bolsonaro ha sido “omiso”, “negacionista” e “incompetente” frente a la pandemia.
Bolsonaro podría sentarse en el banquillo de los acusados
Si la comisión, con 11 miembros titulares y siete suplentes, en su mayoría opositores, llegan a la conclusión de que Bolsonaro agravó las circunstancias de la pandemia con sus decisiones, Arthur Lira, presidente de la Cámara de los Diputados, será el que decida si sienta al mandatario en el banquillo de los acusados.
El grupo podrá convocar a declarar ministros y otras autoridades y de hecho ya se planteó el propósito de interrogar al titular de la cartera de Salud, Marcelo Queiroga, y a sus tres antecesores, que sucedieron en el cargo ya en plena pandemia. Entre ellos se encuentra Eduardo Pazuello, un general que carecía de todo tipo de antecedentes en cuestiones sanitarias y solo exhibió como credencial su absoluta lealtad al presidente.
La comisión tendrá un plazo de 90 días para investigar, aunque sería prorrogado, y deberá redactar un informe que, según sus conclusiones, puede ser remitido a los tribunales para el inicio de un proceso judicial.
Un informe interno de la CPI, filtrado por la prensa, enumera 23 posibles casos de irregularidades y omisiones en el combate contra el virus, entre ellos la subestimación de la pandemia, el rechazo a las medidas restrictivas, la promoción de la cloroquina sin evidencia científica, la ausencia de una campaña de prevención contra el covid-19, las demoras para hacer frente al desastre en la región de Amazonas y la ausencia de un comité nacional que coordinara las acciones preventivas a nivel nacional.
A su vez, los legisladores deben analizar los efectos de la falta de competencia en cuestiones de salud del general Pazuello, el impacto de sus políticas en los pueblos originarios, la elaboración y difusión de fake news a través de su «ministerio del odio», como se conocen a las oficinas que controla Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del presidente.
Por último, la CPI se propone aclarar las razones por las cuales se retrasó en la compra de vacunas, oxígeno y otros medicamentos. Todos esos errores han convertido a ese país en el epicentro regional de los contagios con la aparición, a además, de una cepa brasileña.
Algunos expertos pronostican que el gobierno tratará de culpar del desastre sanitario al exministro de Salud Eduardo Pazuello, quien podría no prestarse al juego y arrastrar a otras personas en su caída.
