Iván Olmedo con ilustración de ElKoko

Hace dos semanas el tribunal supremo mediante revisión de su doctrina decidió que
era el cliente y no la banca quien tiene que pagar el impuesto de las hipotecas. Más
allá del debate sobre quién debe o no pagar este impuesto, lo que sucedió la semana
pasada fue una patética y flagrante vulneración a la separación de poderes.
Muchos de los autodenominados “liberales”, con el laissez-faire en su corazón y
portadores de la “libertad”, ni tan solo hablaron de esta ilegítima intromisión al poder
judicial; paradójicamente, el concepto de separación de poderes es puramente liberal.
Estos pseudoliberales de pacotilla, por mucho que defiendan la reducción de
impuestos y la “Mano invisible” del mercado, poco les interesa la libertad política.
Lo que está en juego actualmente es la separación de poderes; el ejecutivo y
legislativo influye al poder judicial, ya sea mediante la asignación de los miembros del
Consejo General del Poder Judicial como mediante la Fiscalía General del Estado.
Montesquieu decía que si el legislativo y el ejecutivo ostentaban el poder judicial, no
habría libertad ya que el “tirano podría hacer leyes tiránicas para ejecutarlas
tiránicamente”. En última instancia, la separación de poderes responde a la idea de
que si el poder se concentra en manos de un individuo o cuerpo político, se tendería al
despotismo y, por tanto, a la tiranía. En el estado español este problema
aparentemente no es de difícil solución mediante una reforma constitucional. Eso sí, requiere llegar a grandes consensos, cosa complicada actualmente y viendo que las
únicas reformas constitucionales hasta ahora han sido de todo menos progresistas,
más razón hay para el pesimismo.

Ahora bien, incluso en el esquema institucional que trazaba Montesquieu no había una
separación “pura” de poderes —el poder judicial era elegido por sufragio universal, el
legislativo tenía facultades extrajudiciales y el ejecutivo podía vetar leyes y convocar al
poder legislativo. El núcleo de la cuestión, por tanto, lo encontramos en la idea de
democracia representativa, no tanto en la esencia de esta idea como de una crisis de
sistema. Nos encontramos, a mi parecer, en una fase histórica en donde las
instituciones son incapaces de satisfacer las demandas de la ciudadanía y donde hay
cada vez más un abismo más grande entre representantes y representados. Por tanto,
la raíz de la cuestión no es que el poder legislativo y ejecutivo interfiera al judicial, que
también, sino que el estado persiga los intereses de unas élites que van en contra de
las clases populares. Aunque Montesquieu no lo enfocó en este sentido, decía que
“los tres poderes pueden estar muy bien distribuidos respecto a la libertad de la
Constitución, aunque lo estén menos bien respecto a la libertad del ciudadano”. Por
consiguiente, además de la separación de poderes, es fundamental un buen sistema
de pesos y contra pesos; y, sin embargo, son los mercados los que hoy en día tienen un
peso exageradamente alto. De ahí, yéndome a un terreno más pantanoso, una de las
razones del auge de la extrema derecha en occidente sea precisamente esto. Cuando

Karl Polanyi decía que el “concepto de mercado autorregulador es utópico y su
desarrollo se ha visto frenado por la autodefensa realista de la sociedad” estaba
completamente en lo cierto; en otras palabras, esta época de neoliberalismo es un
caldo de cultivo perfecto para la extrema derecha.

En este punto las fuerzas progresistas deben entender al pueblo como agente central
de la transformación social. La única forma plausible de poder actuar es precisamente
que el pueblo tenga un mayor peso en ese sistema de pesos y contra pesos: Un
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Lejos de satisfacer los designios de unas élites económicas, debe haber un mayor peso en los gobernados con el fin de que
los gobernantes persigan los intereses de los representados. Todo esto es cuanto
menos difícil, pero tenemos mucho camino a recorrer y, viendo el resurgir de la
extrema derecha por Europa, América y España, conviene actuar cuanto antes.
En conclusión, la separación de poderes y, sobre todo, la independencia del poder
judicial son fundamentales para el correcto funcionamiento de las instituciones del
estado. Es una vergüenza que se llegue a conocer antes el presidente del CPGJ sin
antes los miembros de este consejo, todo esto originado por los partidos de turno;
mayor pena es que las élites financieras influyan en el poder judicial a favor de sus
intereses; asco y decepción da cuando la mayoría de partidos políticos, el gobierno y
parte del poder judicial satisface los intereses de las élites económicas en
contraposición a la de las clases populares. ¿Y cuál es el debate que hay en la opinión
pública? Que en el Congreso de los Diputados se insulten unos a otros, que un político
haya “escupido” a otro en la Cámara Baja o haber qué grande es esta bandera que
tape la vergüenza de no tener un proyecto para el país.

En definitiva, nos situamos ante una crisis de la democracia representativa y si la
izquierda no actúa, “surgen los monstruos”.

Puede que la separación de poderes en España, por ahora, solo sirva para quedar bien y de cara a la galeria…