Cynthia Duque Ordoñez

Importa poco cuando leas mi aportación al debate en liza, pues moriría el dictador pero desde entonces poco o nada se hace por la independencia del Poder Judicial más allá de las proclamas de las asociaciones profesionales de jueces y magistrados exiguamente o nada escuchadas por los legisladores y hasta hace poco desconocidas para los ciudadanos. No hay verdadera voluntad política de que esta situación de tergiversación y violación de la separación de poderes desista y simplemente es un tema concurrente que tiene altavoz en épocas de renovación del CGPJ, a pesar de la insistencia del Consejo de Europa para deponer la forma de elección de los miembros del CGPJ por parte del Parlamento. También quedan muy lejanas las declaraciones de Pedro Sánchez durante los años 2014 y 2015 cuando prometían la despolitización de la elección de los miembros del Consejo.

Las raíces del estudio de la separación de poderes en el pensamiento ilustrado que ha llegado a nuestros días se lo debemos a Montesquieu, de modo que será partiendo de un fragmento de El espíritu de las leyes, 1748, como se expondrán las siguientes ideas.

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el Legislativo, el Ejecutivo de las cosas pertenecientes al derecho de gentes, y el Ejecutivo de las que pertenecen al civil. Por el primero, el príncipe (…) hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará Poder Judicial; y el otro, simplemente, Poder Ejecutivo del Estado (…).”

Tras la caída de los monarcas absolutos el Poder Ejecutivo se compone de aquellas atribuciones residuales que permanecen aún en sus manos tras las sustracciones de las competencias consistentes en los poderes legislativo y judicial, consistiendo en la dirección de la política interior y exterior, la administración civil y militar y la defensa del Estado, completado con el ejercicio de la función ejecutiva y la potestad reglamentaria. Por otro lado, las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controla la acción del Gobierno. Finalmente, el ejercicio de la potestad jurisdiccional consistirá en juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, asegurando que ningún poder del Estado quede excluido de la sujeción a la justicia, pues de nada sirven las formales proclamaciones de derechos, deberes y libertades sin un cuerpo de expertos, duramente elegidos y formados, que velen por su garantía. Y en medio de todo este esquema de instituciones nos encontramos con el Consejo General del Poder Judicial, el órgano encargado del gobierno de los jueces, ¿pero cuáles son sus funciones?

Entre las múltiples funciones que la Ley Orgánica del Poder Judicial recoge podemos citar la dirección de la escuela judicial, formación de jueces; competencias sobre nombramientos tales como el presidente del Tribunal Supremo, dos de los miembros del Tribunal Constitucional, presidentes de salas del Tribunal Supremo, presidente de la Audiencia Nacional; competencias inspectoras como la alta inspección de los tribunales; resolver lo que proceda en materia de información, provisión de destinos, ascensos, jubilación y régimen disciplinario de jueces y magistrados, es decir, pueden castigar al juez insurgente en asuntos que atañen al Gobierno y a sus miembros o nombrar a los presidentes de las salas que han de conocer de los procedimientos anticorrupción. El Gobierno no podrá evitar que un magistrado tome un destino que por méritos y capacidad le corresponda, pero sí puede indirectamente situar a magistrados afines en cargos discrecionales.

A diferencia de antaño, el proceso de ingreso y selección, sobre la base de criterios de méritos y capacidad, a la carrera judicial y fiscal son impecables, de modo que los temores del Gobierno sobre la independencia judicial son infundados en sus orígenes, salvo que el temor sea a dicha independencia, lo cual explicaría la creación de artimañas para pervertir el sistema. Las últimas estadísticas del CGPJ arrojan dos notas esclarecedoras: el 94% de los jueces en prácticas no tienen familiares dentro del sistema judicial y el 53.2% son mujeres. Por consiguiente la supuesta elite judicial y hereditaria es inexistente para sustentar la designación por el Parlamento de los miembros del CGPJ.

El CGPJ es el órgano de gobierno del Poder Judicial, integrado por 20 miembros, 12 elegidos entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales y 8 elegidos entre juristas, todos ellos seleccionados por los grupos políticos significativos en el Parlamento por mayoría de 3/5. Con la elección de juristas ajenos a la función jurisdiccional que nunca han redactado una sentencia o que no han salido durante 20 años de su despacho universitario afines al Gobierno de turno, que podrán dirigir la estructura del Poder Judicial y tener funciones que sitúen en grave riesgo la independencia judicial, se desmerece al Consejo, infravalora a los miembros de carrera judicial y se promueve el servilismo de quienes han de responder a las órdenes del amo que los han situado, a diferencia de los miembros de carrera cuya plaza obtenida por méritos y capacidad nunca estará en riesgo una vez finalice su mandato en el Consejo.

Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
Carlos Lesmes Serrano, presidente del Tribunal Supremo de España y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

Hasta 1985 los 12 miembros elegidos entre jueces y magistrados eran elegidos por jueces y magistrados. Sin embargo, a partir de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial durante un Gobierno de mayorías del PSOE se modifica el sistema para que éstos también sean elegidos por las Cortes por mayoría de 3/5, siendo dicha reforma avalada por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros también son nombrados por las Cortes, el Gobierno y el CGPJ. La reforma no sólo fue un atentado a la supuesta democracia en la que vivimos, nos ha traído al bloqueo que llevamos dos años viviendo y que el Gobierno cesará reduciendo el quorum la mayoría cualificada de 3/5 a una mayoría simple (mitad más uno) necesario para la elección de los miembros procedentes de la carrera judicial que conforman la mayoría en el pleno del Consejo.

A pesar de ser un ensayo dedicado al Poder Judicial, por su cercanía al tema y a la institución, es de vital importancia aludir al Ministerio Fiscal, cuyas funciones no podrían ser más grandiosas (“promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad”, art.124.1 CE) y, sin embargo, se encuentra secuestrado por el nombramiento del Fiscal General del Estado a propuesta del Gobierno, ya que debido a su estructura presidida por el principio de dependencia jerárquica y su labor conforme al principio de unidad de actuación el FGE ostenta la jefatura superior del Ministerio y cada fiscal en los asuntos en los que intervenga estará sometido al criterio del fiscal jefe de su Fiscalía; éste subordinado a su vez al criterio del Fiscal General del Estado.

Cuando el Gobierno nombra al FGE compromete a una institución que ha de obrar con total independencia y la equipara ad hoc a los abogados del Estado actuando en base a criterios de conveniencia y oportunidad, justamente los opuestos a la legalidad e imparcialidad que debe presidir la actuación del Ministerio Fiscal.

Montesquieu continuaba exponiendo que “cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas para ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor.

En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa nos insta a una renovación del Consejo General del Poder Judicial sin cáliz político alguno, pero la nueva reforma de la LOPJ que se ha planteado el martes, 13 de octubre, ahonda en la politización del Consejo e indirectamente la justicia. ¿Hasta cuándo? Ojalá que no necesitemos llegar a ser amonestados por el TJUE como Polonia o Hungría para darnos cuentas de nuestro error ni tampoco tener que vivir la tiránica dictadura a la que Montesquieu nos hace referencia.

Volver al sistema de 1980 quizás no es suficiente, pues se han convertido las más altas instancias judiciales en un reflejo de la lucha parlamentaria, que pone en el ojo de mira político y periodístico a magistrados, tribunales y sus resoluciones con independencia del contenido y el fundamento jurídico de éstas. Sólo miembros de la carrera judicial conocen en profundidad la realidad del ejercicio de la función jurisdiccional, sus tribunales, salas y secciones para ser miembros del CGPJ. Tampoco podemos perder de vista que no hay argumentos para que los propios miembros de la carrera judicial no elijan a los miembros de su órgano de gobierno, a todos ellos, no sólo a los 12 que elegían con anterioridad desde la entrada en vigor de la CE en 1978 hasta la reforma de la LOPJ en 1980.

La Constitución fue reformada en su art.135 para imponer un techo de gasto o techo al déficit público que restringe la implementación del gasto público -por tanto, afectando al Estado del Bienestar- cuando fue una de las condiciones impuestas por el Banco Central Europeo para la concesión del rescate económico en 2011.

¿Qué mejor reforma constitucional que asentar la plena separación de poderes que aquella que permita la elección de los miembros del CGPJ enteramente por jueces y magistrados?

La creación de Consejos del Poder Judicial en los países avanzados tiene la finalidad de garantizar la independencia judicial en apariencia y en práctica. Adulterar la forma de elección de sus miembros en 2020 para evitar el consenso parlamentario y otorgar el poder absoluto al Gobierno en el designio del órgano de gobierno de los jueces no parece la mejor forma de alcanzar la tan hoy utópica independencia judicial.