El escritor nicaragüense Sergio Ramírez, Premio Cervantes 2017, afirmó este miércoles que la designación del obispo Silvio Báez al Vaticano se trata en realidad de un «exilio forzado», el que describió como un «duro golpe» para Nicaragua en medio de la crisis sociopolítica que vive el país.

«El exilio forzado de monseñor Silvio Báez debemos reconocerlo como un duro golpe a la lucha por la democracia en Nicaragua, la que llegará de todos modos más temprano que tarde», dijo Ramírez, quien fue vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990, en sus redes sociales.

Báez, crítico con el Gobierno del presidente Daniel Ortega, denunció hoy un plan para asesinarlo en medio de la crisis que estalló hace un casi año en el país y que ha dejado cientos de muertos, y anunció que se irá al Vaticano para trabajar con el papa Francisco.

Al conocerse la noticia del traslado del obispo de Nicaragua hacia el Vaticano, los seguidores de Ortega lo celebraron con comentarios adversos al religioso en las redes sociales.

Báez, uno de los mediadores del frustrado diálogo nacional que se desarrolló entre mayo y julio de 2018 para superar la crisis, estuvo entre los religiosos heridos durante un ataque de grupos de choque gubernamentales a un templo católico, tras lo cual Ortega acusó al Episcopado de apoyar un supuesto «golpe de Estado fallido».

El obispo ha sostenido que el Gobierno es el principal responsable de la crisis humanitaria que enfrenta Nicaragua como producto de la «represión».

La Conferencia Episcopal de Nicaragua espera que Báez parta hacia el Vaticano después de la Pascua, y que mantenga su cargo como obispo auxiliar de la arquidiócesis de Managua.

El religioso, coordinador de la traducción del Antiguo Testamento de la nueva versión de la Biblia para América Latina de ediciones Paulinas, ya había servido en Roma entre 2006 y 2009, como vicepresidente de la Pontificia Facultad de Teología de los Padres Carmelitas, y dirigió la revista Teresianum de la Facultad de Teología.

La crisis de Nicaragua ha dejado 325 muertos y cientos de presos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos organismos humanitarios locales elevan el número a 568, y el Gobierno reconoce 199.

La CIDH ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua por crímenes de «lesa humanidad».

La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, por rompimiento del orden constitucional, que de ejecutarse suspendería a Nicaragua del organismo continental.


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