En el acuerdo ratificado por unanimidad el 22 de marzo, el Cabildo de Fuerteventura pidió al Ejecutivo canario a dejar sin efecto las autorizaciones relativas a los permisos de investigación de tierras raras en la isla y rechazar cualquier tipo de solicitud en este sentido al considerar que «es una actividad altamente contaminante que, incluso en fase de investigación, conlleva efectos irreparables en el territorio» y pone en riesgo la planificación territorial, afirmando de manera tajante que la Corporación insular «manifiesta el rechazo del Cabildo de Fuerteventura a autorizar este tipo de prospecciones en el territorio en cualquiera de sus fases (investigación o desarrollo), ni ahora ni en el futuro».
Así, esta institución canaria señala que una vez estudiada la situación, sus informes advierten «del grave daño» que los proyectos de minería de tierras raras «causarían en zonas de la Reserva de la Biosfera, zonas de especial protección para las aves (ZEPA), Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario y otras afecciones a elementos de interés etnográfico y patrimonial».
«Estamos hablando de que, para obtener una mínima cantidad de estos materiales, se requiere de la extracción de toneladas de tierra y un destrozo irreparable de una superficie amplia y zonas protegidas con gran valor natural y etnográfico”, manifestó la presidente insular Lola García.
Desde la plataforma se apunta que, «con los datos en la mano, la cuestión de Fuerteventura refleja que en la promoción de cualquier tipo de proyecto extractivo no todo vale a nivel territorial y que a nivel político debe primarse el principio de cautela o precaución tomando decisiones informadas que prioricen, ante todo, el bienestar de las personas por encima de intereses exclusivamente económicos.»
Por eso, en la práctica, Sí a la Tierra Viva considera que la actuación firme y decidida del Cabildo de Fuerteventura supone un espaldarazo a la actividad que la asociación y otros colectivos sociales dentro y fuera de Ciudad Real han venido desarrollando desde hace años contra la minería de tierras raras y un toque de atención a aquella parte de la clase política que, falta de criterio, ha amparado por acción u omisión proyectos como el de Quantum Minería.
En esta línea, la plataforma exhorta a las autoridades competentes de la Junta de Castilla-La Mancha a implementar medidas enérgicas para proteger los derechos de la ciudadanía, promover la salud pública y preservar el medioambiente, asegurando que el interés de negocio empresarial privado de proyectos puramente especulativos no prevalezca sobre razones de primer orden como son el bienestar de la población y la protección de su entorno natural.
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