El colectivo ciudadrealeño ha explicado que el fin último de la mercantil extractiva no es otro que el de desarrollar un proyecto de explotación, con todos los riesgos que esto conlleva, y que el Gobierno regional debe tener en cuenta que el pasado 24 de abril el Parlamento de Canarias aprobó por mayoría un acuerdo contra la minería de tierras raras por sus múltiples impactos negativos. Por otra parte, días antes, la Asamblea General de la Federación Canaria de Islas (FECAI), mostró su total oposición a esta actividad por el riesgo que supone para el territorio, calificándola como “una de las más contaminantes del planeta”.
A mayores recuerdan que el 29 de abril, la Reserva de la Biosfera de Fuerteventura ha presentado un extenso informe al Ejecutivo canario evaluando como incompatible las actividades de exploración y explotación minera con la protección integral de la Red Natura 2000 y la propia Reserva.
Sí a la Tierra Viva ha insistido en que, además, a principios de mes las autoridades de Fuerteventura ya habían alertado sobre los evidentes riesgos que comportan este tipo de proyectos, afirmando textualmente que, como las tierras raras suelen encontrarse en bajas concentraciones, es necesario procesar enormes cantidades de mineral para obtener pequeñas cantidades, lo que “crea elevadas acumulaciones de residuos”. Además, “las tierras raras suelen estar mezcladas, lo que significa que se requieren grandes cantidades de energía y materiales para separarlas“. Por otro lado “la extracción, la reducción, la separación y el refinamiento de tierras raras pueden crear residuos peligrosos y contaminantes para el agua, el suelo, el aire y los seres humanos”.
“Como resultado, el Gobierno canario ha instado a la promotora a retirar los permisos de exploración, lo que finalmente ha sucedido, y el Parlamento debate ahora sobre la necesidad de blindar al archipiélago frente a una actividad socialmente denostada e incompatible con la protección de la salud pública y el medio ambiente“, ha explicitado la asociación, que critica que “es en este contexto” en el que “de manera incomprensible” la consejera de Desarrollo Sostenible de la Junta de Castilla-La Mancha Mercedes Gómez ha hablado en público de “exigir a las empresas de tierras raras cumplir ambientalmente” dejando de este modo “la puerta abierta” al proyecto de exploración de Quantum Minería en Ciudad Real mientras el PSOE en el Parlamento de Canarias y su responsable institucional en Fuerteventura rechazan de manera tajante esta actividad, explicando que puede generar “daños irreparables e irreversibles” a ecosistemas “de alto valor geológico, paleontológico, faunístico, botánico y paisajístico”.
Finalmente, Sí a la Tierra Viva también ha insistido en la “tamaña irresponsabilidad” de Jesús Martín, alcalde socialista de Valdepeñas, que tras haber sido contactado por la empresa y grupos de presión vinculados a la patronal del sector, ha pasado de defender el medioambiente y la salud de la ciudadanía frente a la minería de tierras raras a “cacarear” en público los mensajes de la mercantil afirmando que sería “divino” si esta actividad permite “fabricar iPhones” en la localidad.
Por estos motivos, que Sí a la tierra Viva ha expuesto durante años y de manera especial durante los últimos cuatro meses, y teniendo en cuenta las actuaciones (y contundentes afirmaciones) que contra la minería de tierras raras en todas sus formas están teniendo lugar por parte de las autoridades locales, provinciales y autonómicas en otras zonas del Estado, la plataforma ha anunciado que recurrirá por vía judicial la eventual aprobación de cualquier permiso de investigación de tierras raras concedido a Quantum Minería en Ciudad Real.
La asociación considera que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y todas sus consejerías “deben adoptar medidas proactivas y promover alternativas sostenibles” demostrando un compromiso con un futuro más limpio y seguro para las futuras generaciones buscando no sólo proteger los ecosistemas y la calidad del aire y agua en la región, sino también salvaguardar la salud y el bienestar de la ciudadanía frente a una actividad extractiva que, como se ha demostrado en otras zonas del mundo, puede tener múltiples impactos negativos en el medioambiente y la población.
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