Sí a la Tierra Viva rechaza que un grupo de presión “fantasma” como el GEMPE/C utilice el Congreso para intentar legitimar las polémicas del sector extractivo y promocionar la minería de tierras raras, socialmente denostada

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Sí a la Tierra Viva considera que Congreso de los Diputados es "la casa de la soberanía" y no debe ser utilizado únicamente a beneficio del negocio empresarial privado / Wikimedia

La plataforma recuerda que a lo largo de 2024, este colectivo sin entidad legal conocida y vinculado al lobby minero-energético y a sus campañas de “greenwashing” a través de jornadas y seminarios, mantuvo contactos y reuniones privadas con alcaldes y representantes políticos de distintos estamentos oficiales de Castilla-La Mancha promocionando la idoneidad de los planes la empresa Quantum Minería en Ciudad Real en una actuación paralela desarrollada al margen del procedimiento reglado, dejando de este modo en una situación de clara indefensión a la población afectada. Curiosamente,-explican- “se trata de la misma mercantil que ha sido denunciada recientemente por la Guardia Civil por buscar tierras raras sin licencia en la localidad de Torrenueva”-.

Sí a la Tierra Viva detalla que el autodenominado Grupo Español de Materias Primas Estratégicas/Críticas (GEMPE/C) es una “entidad” que se afirma nacida para “ejecutar las recomendaciones” de “un ciclo de mesas redondas colgadas en Youtube”, organizó el 27 de enero en las instalaciones del Congreso de los Diputados una jornada sobre materias primas financiada con fondos europeos “únicamente orientada al convencimiento clase política y a la promoción del sector extractivo“.

Para Sí a la Tierra Viva el acto desarrollado en el Congreso estuvo únicamente orientado a la promoción del sector extractivo y el convencimiento de la clase política / Wikimedia

Según denuncia la entidad el acto estuvo repleto de “falacias” e “inexactitudes” y no contó ni con la presencia de expertos independientes ni con representante de las muchas comunidades afectadas existentes por todo el territorio nacional. Dicho encuentro fue planteado con el soporte de la “Asociación para la Transición Energética” y el “Instituto de la Ingeniería de España” a través del GEMPEC, que, según denuncian, “son los mismos dos grupos que estuvieron promocionando en sesión pública en 2021 el proyecto de tierras raras de Quantum Minería en Ciudad Real cuando este ya había sido tumbado por la Justicia unos meses antes”. Los tribunales evidenciaron entonces que la actividad extractiva de la mercantil provocaría “impactos ambientales insalvables” en una zona con la presencia numerosas especies amenazadas como el águila imperial o el lince ibérico. La resolución judicial, al igual que la Declaración de Impacto Ambiental negativa emitida por la Junta de Comunidades, también se fundamentó en la irracionalidad de las necesidades hídricas del proyecto en un área donde la sequía es omnipresente. Este hecho fue confirmado además por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, que denegó de manera tajante el aprovechamiento de aguas procedentes del embalse de la Cabezuela.

PARA LA PLATAFORMA NO ES INFORMACIÓN DE SERVICIO PÚBLICO

Como ha hecho constar la Plataforma Sí a la Tierra Viva en no pocas ocasiones “este tipo de eventos de los grupos de presión no promueven información de servicio público sino que suponen únicamente un acto de desinformación interesada e intencional para promocionar el interés comercial privado“. Así, se citan conceptos como “transición energética”, “compromiso ambiental”, “minería responsable” o “sostenibilidad” pero a juicio del colectivo “la realidad es muy distinta, siendo la trasmutación de lo insostenible en una actitud que socava la confianza de la ciudadanía y dificulta la nota de decisiones informadas por parte de la clase política”.

Sí a la Tierra Viva recuerda además que “este tipo de maniobras de estas entidades dedicadas por activa o por pasiva al blanqueamiento o lavado verde de proyectos de alto impacto ambiental van en la dirección contraria a la que la sociedad necesita para conseguir un modelo empresarial y económico verdaderamente sostenible, ya que desvían la atención de otras iniciativas industriales que sí son válidas”. “Su acción dificulta, en definitiva, el avance hacia una economía circular, la reducción de emisiones de carbono -el sector extractivo es uno de los mayores contribuyentes netos a este problema-, la protección de la biodiversidad y también termina por perjudicar a las propias empresas al minar la confianza en sus prácticas afectando su credibilidad y esfuerzos realizados por aquellas compañías que de verdad luchan a diario por mantener un compromiso responsable con el medioambiente y la sociedad”, detallan desde la plataforma.

LA CIENCIA LO TIENE CLARO: UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA DESCONTROLADA SOSTENIDA POR EL EXTRACTIVISMO MINERAL PROVOCARÁ DAÑOS IRREVERSIBLES EN EL MEDIOAMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD

En el año 2020, un reconocido grupo de científicos españoles ya alertaron en un artículo publicado en la prestigiosa revista Science que tal como algunos han planteado la transición energética no sólo no será beneficiosa sino que se disparan los efectos negativos que nacen de una mala planificación, con “estudios diseñados para predecir y monitorear la incidencia de las infraestructuras renovables que son financiados por las compañías energéticas” y “a menudo con poca supervisión gubernamental, lo que impide la independencia”, un problema que se agrava además “por la fragmentación de proyectos grandes y la ausencia de una evaluación en profundidad de los impactos ambientales acumulativos y sinérgicos”.

Sí a la Tierra Viva explica que en el contexto minero, contrariamente a lo que se promociona en actividades como la desarrollada el lunes en el Congreso, “en España a menudo no se emplean las mejores técnicas disponibles en la industria extractiva, la legislación minera, cuya base es preconstitucional, está desactualizada y los controles administrativos que serían preceptivos a menudo son inexistentes o muy laxos“.

De hecho, recuerdan que hasta los propios Colegios Oficiales de Ingeniería de Minas reconocen la existencia de más de un centenar de minas ilegales por todo el territorio nacional y de que “se tiene constancia de alrededor de 300 infracciones relacionadas con la falta de autorizaciones o permisos ilegales” lo que sin embargo no impide “el aumento de las explotaciones no reguladas”.

La entidad concluye que, de seguir por este camino “la tan cacareada transición energética que algunos pretenden será recordada no sólo por el cambio de modelo energético, sino por poner en jaque algunos de los mejores valores naturales y socioeconómicos” del Estado.