El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el Indice de Precios al Consumidor de junio, con una variación negativa de una décima respecto al mes de mayo y una tasa interanual que se sitúa, de este modo, en el 0,4%, cuatro décimas inferior a la tasa interanual del mes de mayo.
El origen de este importante descenso en la inflación anual se encuentra en la bajada del precio de la electricidad y de los combustibles, frente a la subida experimentada en el mes de junio de 2018. Se trata, en ambos casos, de componentes muy volátiles, cuyos precios pueden variar muy marcadamente en una dirección u otra.
Estos datos, unidos a los últimos de la Contabilidad Nacional, del primer trimestre, que confirman que el PIB sigue creciendo con una intensidad superior a los países de nuestro entorno, a una tasa interanual del 2,4% frente al 2,3% del cuarto trimestre de 2018, reflejan la necesidad de subir los salarios en nuestro país, ya que el crecimiento que está experimentando nuestro país no viene de la mejora de la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos.
La Encuesta de Condiciones de Vida de 2018 refleja que el crecimiento apenas se traduce en reducción de los niveles de pobreza, que crecieron significativamente durante los años de recesión y políticas de austeridad. De hecho, según esta Encuesta, el número de hogares con carencias materiales severas aumentó del 5,1% al 5,4%.
Asimismo, el Índice de Precios del Trabajo de 2017 vuelve a reflejar que el crecimiento no se traslada a los salarios: a pesar de que el crecimiento de la economía en 2017, del 3%, el IPT, indicador que elimina de la evolución salarial el efecto de composición del empleo, se reduce 0,5 puntos, lo que lleva la pérdida acumulada de poder adquisitivo de los salarios a 12,2 puntos desde 2009 hasta 2017.
A ello hay que sumar la escasa calidad del empleo que se crea, precario y temporal. La subida de los salarios en convenio se sitúa en media hasta junio en el 2,2%, muy lejos del 3%.
El sindicato UGT considera que hay que mejorar la distribución del crecimiento económico y, para ello, es urgente revertir la reforma laboral, que rompió el equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva en favor de las empresas, provocando una intensa devaluación salarial que se ha enquistado perjudicando el crecimiento y empobreciendo a las familias; garantizar el cumplimiento de la ley, aumentando los salarios mínimos hasta al menos 900 euros en 2019; y establecer subidas salariales acordes con lo negociado en el AENC, de modo que se vayan reduciendo las pérdidas de poder adquisitivo experimentadas por los salarios.