Cristina Fallarás, periodista y activista, se ha consolidado como una figura clave en la lucha por visibilizar las denuncias que de otro modo quedarían silenciadas. A través de su cuenta de Instagram, Fallarás no solo permite que otras personas expongan sus historias, sino que cuestiona con fuerza un sistema que desampara a las víctimas y perpetúa la impunidad de los agresores. Este papel de mediadora de voces acalladas revela una sociedad donde la denuncia formal es vista con desconfianza y el anonimato en redes sociales parece ser el último recurso de quienes buscan justicia.
El reciente caso de Íñigo Errejón, acusado anónimamente de acoso machista, se suma a una lista que evidencia el fracaso del sistema judicial para proteger a las víctimas. Fallarás, con su plataforma, no busca justicia en los tribunales, sino en la opinión pública, porque, como muchas víctimas indican, el sistema judicial español es incapaz de brindarles seguridad. Fallarás, quien ha recogido múltiples testimonios de acoso, maltrato y violencia psicológica, se ha convertido en una especie de caja de resonancia para aquellas personas que no encuentran eco en la justicia.
RESPONSABILIDAD POLÍTICA Y DOBLE MORAL EN LOS ALTOS CARGOS
La dimisión de Errejón deja al descubierto una verdad incómoda: la tolerancia del sistema político hacia comportamientos inaceptables. Aunque los discursos sobre igualdad y respeto son comunes en los partidos progresistas, la praxis revela una doble moral devastadora. Políticos que hablan de justicia social y defensa de los derechos de las mujeres, al mismo tiempo que, en la sombra, protagonizan prácticas de abuso y poder.
La cobertura mediática, frecuentemente superficial y sensacionalista, se vuelve un arma de distracción, mientras el problema estructural permanece intocado. La rapidez con la que algunos líderes eluden la responsabilidad y la falta de consecuencias reales subrayan una crisis de coherencia en la política española. El caso de Errejón es solo el último eslabón en una cadena de escándalos que involucran a figuras públicas que han utilizado su poder para intimidar o manipular a quienes no tienen la misma posición.
La labor de Fallarás, que en ocasiones se ve descalificada por sus detractores, resalta algo fundamental: la necesidad urgente de responsabilizar a los líderes por sus actos, en lugar de proteger sus carreras o sus intereses políticos. La credibilidad de una democracia está en juego cuando quienes deberían ejemplificar los valores de la sociedad se valen de su posición para violentar a los más vulnerables.
LA JUDICIALIZACIÓN DE LA DENUNCIA COMO ESCUDO DE LA IMPUNIDAD
Para muchas víctimas, la idea de acudir a la justicia es aterradora. No solo por la posibilidad de ser revictimizadas, sino porque el proceso judicial es, en muchos casos, una travesía sin fin. Fallarás subraya que, si deciden acudir a ella y no a los tribunales, es porque no confían en el sistema. Es un dato alarmante, pero que coincide con el sentimiento generalizado de que la justicia no es ni accesible ni imparcial. Estudios recientes sobre la percepción de la justicia en España reflejan una desconfianza sistemática, especialmente en lo relacionado con casos de violencia de género y abuso de poder.
La labor de Fallarás, quien ha recibido decenas de testimonios tras hacer pública la denuncia anónima contra Errejón, se convierte en un espacio seguro donde las víctimas pueden contar sus experiencias sin miedo a represalias. Sin embargo, la situación también revela un problema estructural: la justicia formal sigue siendo inalcanzable para una parte significativa de la población, especialmente para aquellas personas que ya han sufrido abusos.
El anonimato y la confidencialidad que ofrece Fallarás en su cuenta de Instagram son una solución temporal para un problema que debería resolverse en los tribunales, pero que, por razones de ineficiencia y falta de sensibilidad, permanece intacto. Este contexto, en el que la única vía parece ser la denuncia pública a través de redes sociales, es un reflejo de cómo la justicia sigue fallando a las personas más vulnerables.
La cuestión de fondo es clara: mientras no se reformen los mecanismos judiciales para adaptarse a la realidad de quienes enfrentan acoso o maltrato, seguiremos viendo cómo las redes sociales sustituyen el papel del Estado en la protección de sus ciudadanos.
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