Usuarios y familiares de usuarios de residencias, trabajadoras y trabajadores de geriátricos y de servicios de la dependencia y pensionistas convocan a través de la plataforma Alianza Galega polos Servizos Sociais Públicos para Maiores e Dependentes (AGSSP) una jornada reivindicativa en las siete principales ciudades gallegas el próximo jueves 11 de junio.

Para la organización, el modelo de gestión de las residencias debe de ser «plenamente público» / Creative Commons

Según señala la organización dos son los propósitos fundamentales de las «Marchas Cívicas» que desarrollarán, como son el rendir homenaje a las víctimas y a todas aquellas personas afectadas por la pandemia del coronavirus o «por las irresponsabilidades, negligencias o malas prácticas en las residencias y demás servicios de la dependencia», así como «reivindicar la consecución de un modelo de servicios sociales plenamente públicos, asequibles, de calidad y de proximidad en contraposición con el arquetipo actual, ferozmente privatizado en la última década y en manos de empresas o sociedades usuareras, muchas de ellas pertenecientes a fondos de inversión ligados a los paraísos fiscales».

MANIPULACIÓN DE LOS DATOS POR PARTE DE LA XUNTA

La Alianza denuncia también la manipulación interesada de los datos por parte del Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo al ofrecer una información «absolutamente fragmentada» que «impide tener una visión global de lo que está sucediendo» en un «afán de ocultar lo que pasó», algo que consideran «gravísimo» por los terribles efectos de la pandemia en la población integrante de las residencias de mayores de Galicia.

A «práctica opaca y ruín» de la Xunta se suman, además las prácticas llevadas a cabo por las empresas, al vulnerar por sistema los derechos humanos y laborales, habiendo sido denunciadas desde hace muchos años por familiares y trabajadores, pero respondidas por el Gobierno del PP «con desidia, inacción o connivencia» por parte de los órganos de inspección y vigilancia con los que cuenta el Ejecutivo.

PRIVATIZACIONES

Familiares, trabajadores y pensionistas denuncian también la «brutal privatización» de los servicios sociales dirigidos a personas mayores y dependientes, algo que ha tenido «unas consecuencias demoledoras» durante la pandemia, pues si bien en Galicia hay un total de 24.819 plazas, el 39% son propiedad de empresas privadas con ánimo de lucro como DomusVi, Orpea, Ballesol o Sánitas; el 38,2% de empresas privadas sin ánimo de lucro como la Fundación San Rosendo o las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; el 6,5% son de titularidad pública y gestión privada, y solamente el 15,7% son residencias de titularidad y gestión pública.

Para la Alianza, «existen claras evidencias o indicios de que esa privatización jugó un papel determinante en la elevada mortalidad ocurrida en las residencias gallegas«, pues incluso «analizando los datos oscuros y parciales facilitados por la propia Xunta de Galicia», es posible comprobar que «durante la pandemia de COVID-19, la probabilidad de muerte de las personas que vivían en las residencias de gestión privada fue 24 veces más elevada de la existente entre las personas que vivían en residencias de titularidad o gestión plenamente pública».