La Asociación Salvemos los Campos alerta de que 2.000 hectáreas de este tipo de instalaciones podrían llegar a ocupar una cuarta parte de la superficie del pueblo.
Por este motivo, el colectivo se opone a las consultas de conformidad urbanística emitidas por el ayuntamiento para este tipo de proyectos y exige su modificación.
La asociación registró el pasado 3 de marzo una petición en el consistorio para pedir que se revise la documentación emitida por el arquitecto José María Jiménez Robles. En estos informes, se da conformidad desde el punto de vista urbanístico a la instalación de plantas solares sobre una superficie de unas 2.000 hectáreas en el término municipal, lo que supondría un 23% de la superficie total del ayuntamiento. Los expedientes tratan de siete macroproyectos diferentes de tres multinacionales fotovoltaicas, las alemanas Viridi y aBO Wind y la española Solaria.
Salvemos los Campos considera que estos informes contienen numerosas imprecisiones e interpretaciones incorrectas siendo el más grave la consideración de estas plantas solares como infraestructuras cuando sin embargo “se trata en realidad de industrias que generarán electricidad para proceder a su vertido a la red general, y en ningún caso para el autoabastecimiento de la localidad”. Esto supone un cambio relevante en la interpretación que debe hacerse de la normativa urbanística, y en especial de las normativa subsidiaria con la que cuenta Méntrida “porque a nivel legal este tipo de macroinstalaciones no podrían tener cabida en el término municipal” -afirman desde la asociación-.
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Además de pedir la revisión de los informes, la asociación también exige transparencia al ayuntamiento y pide que, en virtud del artículo 6.2 del Convenio de Aarhus, se publiquen todas las consultas de compatibilidad urbanística de plantas solares registradas hasta ahora, incluyendo la lista de parcelas afectadas, pues a día de hoy esta información no se ha hecho pública y las vecinas y vecinos desconocen el alcance de dichos proyectos, ni siquiera si afectan o no a sus propiedades. El Convenio de Aarhus es de obligado cumplimiento en España y obliga a todas las administraciones, en virtud de la Ley 27/2006, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia medioambiental.
Finalmente, y “dada la caótica situación creada por el desarrollo de estos proyectos sin los instrumentos adecuados”, Salvemos los Campos reclama en su escrito que se acuerde la revisión de las normas subsidiarias mediante la aprobación de un plan de ordenación municipal, y que hasta entonces se suspenda cualquier trámite relacionado con las licencias municipales, al igual que se está haciendo en otros municipios españoles como en el caso de Sabiñánigo (Aragón).
De llevarse a cabo estos proyectos según se han planteado al Ayuntamiento de Méntrida, a juicio del colectivo “implicarían un desastre ecológico y social sin precedentes para la localidad al convertirla en un mar de placas solares, pasando a formar parte de esa burbuja especulativa en la que parecen haberse transformado las energías renovables en tiempos de pandemia”.
