Save the Children ve con preocupación que se pueda llegar a desvirtuar el sentido de las ayudas al estudio destinadas a igualar oportunidades y a paliar las mayores dificultades que encuentran los niños y las niñas de entornos socioeconómicos más vulnerables para progresar en sus estudios.

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La organización recuerda que las becas y los cheques escolares son dos formas de financiación de la educación, con objetivos y efectos distintos. Aunque legalmente ambos pueden ser considerados beca o ayuda al estudio, técnicamente son distintos. Una beca o ayuda al estudio va dirigida a garantizar la igualdad de todas las personas en el ejercicio del derecho a la educación compensando situaciones socioeconómicas desfavorables, es decir, cubre costes que suponen barreras económicas para estudiar en algunas familias. Los cheques escolares están dirigidos a facilitar la elección por las familias de centros privados, ya que cubren todo o parte del coste de la matrícula en ellos.

«Con uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza en España y con las familias con menos recursos sufriendo desproporcionadamente el aumento del coste de la vida, las becas deben orientarse más que nunca a que puedan estudiar quienes más difícil lo tienen», asegura Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

Desde 2018, el coste del cuidado de los niños y niñas ha crecido en España un 14,5%. Desde entonces, y hasta marzo del 2022, la inflación en nuestro país ha aumentado un 11,3%. La crianza en España se ha encarecido por encima del incremento general de precios, ya de por si elevado.

Asimismo, la organización también recuerda que en nuestro país las ayudas para poder asistir al comedor escolar solo alcanzan al 11,2% de niños y niñas en la educación obligatoria, lejos del 27,4% que viven en situación de pobreza, y las diferencias entre comunidades autónomas son abismales.

SIETE MEDIDAS PARA UNA EDUCACIÓN EN IGUALDAD

Save the Children apuesta por un modelo educativo que luche por la igualdad de oportunidades entre todo el alumnado. Para ello, se deberían tener en cuenta varios principios, que lleven a un modelo equitativo:

1) Cada euro en educación cuenta y es fundamental invertirlo en medidas que sean eficientes y equitativas. Tan importante es invertir más como hacerlo bien, allí donde se necesita. En España la inversión educativa es baja.

2) Invertir cuanto antes mejor: priorizar la educación infantil, por su carácter preventivo, y la educación obligatoria y posobligatoria no universitaria (FP y bachillerato), que es donde se desengancha y acaba abandonando el alumnado más vulnerable. Detrás de la desvinculación y el abandono temprano está casi siempre el origen social.

3) Centrarse en las familias con rentas más bajas y con bajo nivel educativo, porque son esos niños y niñas quienes afrontan más barreras. El nivel socioeconómico y cultural de la familia es un factor que condiciona mucho cómo te va en el colegio.

4) Conceder las ayudas por razones socioeconómicas. Las notas y aprobados reflejan (aunque no siempre) el aprendizaje, pero no directamente el esfuerzo realizado por cada estudiante, ya que no tienen en cuenta el punto de partida y las desiguales barreras que se enfrentan. Nacer en una familia con bajos recursos supone cuatro veces más probabilidad de repetir curso y cinco veces más riesgo de abandono temprano que provenir de un entorno acomodado. Buscando “premiar” el esfuerzo podemos acabar premiando (doblemente) el privilegio.

5) Ayudas orientadas a cubrir los costes educativos que actúan como barreras, no a subvencionar matrículas que pueden ser gratuitas. Las familias enfrentan costes directos e indirectos (material, libros, transporte) y costes de oportunidad (para que sigan estudiando sus hijos o hijas las familias renuncian a los ingresos que obtendrían si estuvieran trabajando).

6) Ayudas de cuantía suficiente y progresiva para que realmente las familias puedan permitírselo, llegando hasta la gratuidad. Financiar parcialmente e igual para todos deja fuera a las familias que no pueden afrontar estos gastos y genera segregación. En España, el bachillerato y la FP son gratuitos en la mayoría de comunidades autónomas.

7) Son preferibles los sistemas de oferta pública, financiados y regulados por las administraciones. ¿Por qué? Porque los precios públicos que aseguran gratuidad o progresividad en función de renta a la hora de matricularse son más equitativos que los sistemas de ayudas, puesto que reducen barreras burocráticas y riesgos de estigmatización al solicitarlos. Son también más eficientes, al planificar la oferta y no dejarla exclusivamente al mercado (como se ha visto con el modelo de 0-3 en Andalucía). En etapas donde falta oferta pública o sostenida, planificada y regulada por las administraciones públicas, como pasa en educación infantil y FP, la prioridad debe ser ampliarla.

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