La plataforma vecinal Cornado Mina Non lamenta la falta de criterio y credibilidad de la filial de Atalaya Mining y Explotaciones Gallegas al hacer pública su relación con un personaje como José Luis Villanueva y recuerda que la compañía, al igual que sus empresas matrices, no está en situación de velar por la integridad de nada, y mucho menos por la salud medioambiental de la ría de Arousa cuando ni en Touro ni en Riotinto son capaces de controlar vertidos y riesgos para la población.
El colectivo recuerda que el Juzgado de lo Penal nº2 de Pontevedra ha condenado a Villanueva por un delito de lesiones al abogado de Villagarcía Santiago Prego ya que, según la sentencia, la emprendió a golpes con el letrado causándole un desprendimiento de retina del que tardó en recuperarse 528 días, precisando además dos operaciones quirúrgicas. El fallo considera probado que la causa de las lesiones fueron los puñetazos del presidente de la asociación de Parquistas de Carril al abalanzarse sobre el jurista.
Por estos motivos la sentencia judicial ha dictaminado que se trata de un delito de lesiones, por el que ha sancionado al nuevo aliado de Cobre San Rafael a 18 meses de cárcel y una indemnización que alcanza los 61.000 euros, triplicando los 22.123 solicitados por la Fiscalía.
Hay que tener, en cuenta, además, que Venancio Salcines, que se autocalifica a sí mismo como «senior advisor» de la minera y actualmente ejerce cargos como el de director general de la universidad privada CESUGA o las presidencias de la Escuela de Finanzas EF Business School y el Comité de Marca Pino de Galicia se jacta con su respaldo público de ser uno de los valedores del citado acuerdo pero no deja de ser otro individuo que atesora un polémico pasado, pues durante su etapa como concejal en el ayuntamiento coruñés de Cambre tuvo que dimitir de manera fulminante como responsable de Hacienda y Comercio en 2009 tras cargar al consistorio casi 3.000 euros en decenas de facturas entre las que se encontraban, según publicó en su momento el diario La Opinión de A Coruña, helados artesanos, consumiciones en locales de ocio o cuentas de supermercado en lo que llegó a ser calificado por todos los grupos de la oposición municipal como un evidente caso de corrupción política.
Por desgracia, este es el soporte al que recurren a veces este tipo de compañías cuando ya de por sí desarrollan actividades polémicas. No en vano, hay que recordar que Atalaya Mining en su proyecto andaluz de Riotinto presenta un sistema de balsas mineras considerado como el más peligroso de Europa y que acumula expedientes sancionadores, escándalos internos, altos niveles de siniestralidad laboral y numerosos incumplimientos en materia ambiental, que incluso han derivado en actuaciones de oficio por parte del Ministerio Fiscal. Por su parte, Explotaciones Gallegas ha recibido más de 80.000 euros en multas en los últimos años por sus vertidos e irregularidades cometidas en relación con el dominio público hidráulico.
Por otra parte, Cornado Mina Non considera una completa tomadura de pelo las afirmaciones en prensa de la mercantil Cobre San Rafael sobre «la futura mina de Touro» cuando se trata de un proyecto rechazado en firme por la Administración gallega por su inviabilidad técnica y ambiental y que se ha puesto en frente a la sociedad gallega desatando una ola de solidaridad que trae el recuerdo de la catástrofe del Prestige y el movimiento «Nunca Máis», que marcó un antes y un después en la lucha por la protección del medio ambiente en el noroeste peninsular.
La plataforma denuncia, para finalizar, la utilización falsaria que la minera está haciendo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que ni está al servicio de sus intereses particulares de negocio ni actúa a sus órdenes o mandatos como esta quiere hacer creer en sus mensajes públicos. La realidad más clara en este sentido es que las investigaciones que se han venido realizando en los últimos 30 años sobre la calidad de aguas en el estuario del Ulla y su sistema fluvial demuestran que la mina de Touro ha ocasionado un problema acumulativo de imposible remedio a corto plazo, para el que no hay «soluciones mágicas» y que coarta y seguirá coartando la conservación de la naturaleza en lo que supone a día de hoy el mayor desastre ambiental de Galicia.
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