Las investigaciones sobre pederastia en la Iglesia católica han ido destapando miles de víctimas y pocos condenados. Estados Unidos, Australia, Irlanda, Bélgica, Alemania y ahora Francia han ido destapando unos crímenes ocultados durante décadas.
Como informábamos el pasado mes de octubre, según un informe publicado tras dos años y medio de investigaciones sobre casos de pederastia que ha elaborado una comisión independiente establecida por obispos católicos en Francia a finales de 2018, cerca de 216.000 niños han sido víctimas de abusos sexuales por parte de 3.300 sacerdotes y religiosos, una cifra que se eleva hasta 330.000 si se cuentan también los abusos cometidos por personas laicas que colaboraban con sus instituciones.
El caso francés destaca por el número tan elevado de víctimas, con las que la Iglesia francesa tuvo una “cruel indiferencia”, y por ser reconocido en un informe realizado por iniciativa del mismo estamento católico. El estamento eclesiástico francés no empezó a reaccionar hasta 2015 cuando estalló el caso del sacerdote Bernard Preynat que también salpicó al cardenal Barbarin, juzgado por presuntamente haber silenciado esas agresiones a menores.
El presidente de la Conferencia Episcopal Francesa (CEF), Éric de Moulins-Beaufort, señaló que el secreto de confesión prevalece sobre las leyes de la República, mientras el ministro del Interior Gérald Darmanin le recordó que “no hay ninguna ley superior” a las leyes del país y que todo religioso que sepa de un “crimen” contra un menor de 15 años debe denunciarlo ante la justicia y no escudarse en el secreto de confesión.
Los obispos franceses decidieron entonces reconocer la responsabilidad institucional de la Iglesia en los miles de abusos sexuales a niños y adolescentes y su dimensión sistémica y el Papa Francisco, que ha convertido en una de sus prioridades la lucha contra estas agresiones, expresó su dolor por las víctimas.
En 2002, el diario The Boston Globe destapó el primer gran escándalo de pederastia en la Iglesia de Estados Unidos y a partir de ahí se han sucedido las revelaciones. En el caso de Francia o Alemania han sido las propias conferencias episcopales las que han iniciado las investigaciones, en Bélgica ha sido iniciativa del Parlamento y en Australia o Irlanda de sus gobiernos.
La diferencia entre la Iglesia española y la de otros países sobre los abusos sexuales
Mientras tanto, en España la Iglesia no ha realizado ninguna investigación global sobre la pederastia y el único dato que han ofrecido hasta ahora los obispos españoles viene del Vaticano, de la Congregación para la doctrina de la fe, que cifró en 220 los sacerdotes españoles acusados de pederastia en los últimos 20 años, de los que 151 casos habían sido ya resueltos y 69 siguen abiertos.
El único paso de la Conferencia Episcopal ha sido la apertura en cada diócesis, por orden del Papa, de una oficina de atención a las víctimas para denunciar, pero nada más, no se sabe cuántas denuncias ha habido, ni en qué año, ni la posible reparación a las víctimas.
Además, el portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, afirmó que si alguna víctima se dirige a los obispos la atenderán, pero que no harán nada por saber la verdad: ni revisar archivos, ni contabilizar casos, ni establecer indemnizaciones, ni emprender una investigación a gran escala del pasado. «No vamos a hacer de manera proactiva un programa de investigación general», añadió.
El papa Francisco advirtió en diciembre de 2018 a los obispos de todo el mundo sobre la pederastia: “La Iglesia pide que no se guarde silencio y que salga a la luz de forma objetiva, porque el mayor escándalo en esta materia es encubrir la verdad”.
Excepciones: España, Italia y Portugal
La mayoría de las conferencias episcopales en Europa y Norteamérica obedecieron, pero como en todos los casos siempre hay excepciones. En este caso las excepciones son España, Italia y Portugal.
Mientras Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save The Children, cree que “no hay voluntad política” para afrontar una investigación desde las instituciones, pero que en todo caso es cierto que no está claro quién tendría competencia para hacerlo, desde Moncloa admiten que en España no hay ninguna iniciativa en ese sentido y se remiten al principio de separación de poderes y a la independencia del poder judicial y el Defensor del Pueblo también se lava las manos.
Según la prensa española, la Compañía de Jesús y los maristas exigen a las víctimas de abusos de la Iglesia firmar un pacto de confidencialidad para negociar compensaciones, algo prohibido por el Papa en 2019 en su documento Vox estis lux mundi, destinado a reforzar la lucha contra la pederastia en el clero y acabar con el secretismo.
Una víctima de abusos descubrió que los jesuitas manejan un tarifario sobre los abusos “en función de su gravedad”: hasta 5.000 euros, leve; hasta 10.000, media y hasta 15.000 alta. En Estados Unidos muchas diócesis han tenido que declararse en bancarrota por las indemnizaciones pagadas a los supervivientes de los abusos.
