Simpatizantes de Keiko Fujimori, en prisión preventiva por 36 meses, agredieron este lunes al fiscal anticorrupción José Domingo Pérez a las afueras de la cárcel en la que se encuentra después de que este intentara interrogar a la líder opositora peruana.

Pérez acudió al penal de mujer de Chorrillos, en el sur de Lima, para ampliar el interrogatorio a Fujimori, pero esta recurrió a su derecho a guardar silencio, según confirmó el fiscal, quien integra el equipo especial que investiga el caso Lava Jato en Perú.

Cuando el representante del Ministerio Público se retiraba del lugar se produjo un tumulto de policías, periodistas y un grupo de simpatizantes de la líder opositora, quienes lo insultaron y lanzaron objetos y botellas con agua.

Según imágenes mostradas por el Canal N de televisión, en un momento Pérez cayó al piso mientras los policías intentaban protegerlo, tras lo cual se incorporó tocándose la cabeza, al parecer tras ser impactado por una botella, e ingresó a un automóvil que lo retiró del lugar.

Pérez había confirmado previamente a periodistas que Fujimori decidió guardar silencio ante las preguntas que le hizo como parte de la investigación que le sigue por un presunto lavado de activos durante sus campañas electorales de 2011 y 2016.

«Ha guardado silencio. Ha ejercido su derecho, en presencia de su abogada defensora, los representantes de la Procuraduría, (así) como representantes del Ministerio Público. He dejado constancia de ello, dando por concluido el acto el día de hoy», detalló el fiscal.

El interrogatorio había sido programado inicialmente para el pasado 25 de febrero, pero la abogada de Fujimori, Giulliana Loza, solicitó un cambio de fecha por motivos personales.

Fujimori, por su parte, anunció en su cuenta en Twitter su decisión de guardar silencio y aseguró que fue «víctima de una emboscada» para ser detenida de manera preliminar, a pedido de Pérez, desde el pasado 31 de octubre.

«Después de vivir en carne propia los abusos y excesos, producto de la ausencia de justicia, he tomado la decisión de hacer valer mi derecho de guardar silencio frente a un fiscal que en mi caso ha perdido totalmente la objetividad», señaló.

La líder del partido Fuerza Popular aseguró que ha declarado en estas investigaciones desde hace tres años y también ha entregado «toda la documentación requerida».

Así, la hija del expresidente Alberto Fujimori reiteró que no va a prestarse «más al juego político de quienes no buscan la verdad, si no que actúan en función a sus odios, preferencias y excesivo afán de figuración».

El Poder Judicial peruano designó el jueves pasado al magistrado Víctor Zúñiga para que se encargue de la investigación que se sigue contra Fujimori, tras la recusación del juez Richard Concepción Carhuancho y la inhibición de la magistrada Elizabeth Arias.

El magistrado tendrá que hacerse cargo de la investigación, aún en fase preparatoria, que se sigue contra Keiko por el presunto blanqueo de aportes a sus campañas electorales, en los que se incluye un millón de dólares presuntamente entregados por la constructora brasileña Odebrecht, que ha suscrito un convenio de colaboración con la Fiscalía peruana.

La Justicia investiga los aportes y millonarios sobornos que Odebrecht dio a políticos y funcionarios peruanos desde 2005, en un período que incluye a los Gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski.

Además, están implicadas en este caso la líder opositora Keiko Fujimori, la exalcaldesa izquierdista de Lima Susana Villarán y el exgobernador del puerto limeño del Callao Félix Moreno.