El pasado 26 de agosto, un trabajador de Atalaya Mining acabó en la UCI del Hospital Comarcal de Huelva. La corta minera de Cerro Colorado se cobraba así una nueva víctima tras caerse sobre él una estructura de las instalaciones.
El hecho, sin embargo, no es nuevo sino más habitual de lo que parece, pues el pasado 6 de septiembre dos trabajadores quedaron atrapados en la cabina de un camión al volcar el vehículo dentro de la mina, uno de los cuales tuvo que ser evacuado por los servicios de emergencia tras su rescate.
La situación, denunciada reiteradamente por sindicatos como Comisiones Obreras, clama al cielo. Diego Román, secretario de Salud Laboral en Andalucía, alerta de que «una vez más se vuelve a producir un siniestro que se suma al resto de incidentes, algunos de ellos mortales, que hemos criticado en reiteradas ocasiones», anunciando una denuncia inmediata a la Inspección de Trabajo.
«Ante este nuevo accidente laboral, desde CCOO solicitamos, de nuevo, la confección de una mesa de trabajo en la que todos los agentes implicados analicemos la siniestralidad en la mina, debido a su peligrosidad y porque son cada vez más numerosos los accidentes que se están sucediendo y entendemos que tenemos que encontrar todas las soluciones posibles para que no se vuelvan a producir incidentes de este tipo y la seguridad prime en la instalaciones mineras«, ha indicado el responsable sindical.
Sin embargo, estos hechos han trascendido la realidad andaluza llegando hasta Galicia, donde la Plataforma vecinal Cornado Mina Non, uno de los colectivos más activos contra la reapertura a cielo abierto de la mina de Touro, se ha hecho eco en su último comunicado enviado a los medios de comunicación.
Para el colectivo, Atalaya Riotinto y la mina de Touro son «una pareja de riesgo que la sociedad gallega ni puede ni debe permitir», recordando que la multinacional chipriota «tiene un largo pasado de incumplimientos y sanciones» en el proyecto Riotinto, lo que en su opinión «demuestra que sus maneras están bien lejos de ser las que venden publicitariamente para operar a nivel gallego».
A base de humor negro describen que la evolución de la empresa daría «para una novela de terror», comenzando por la condena e ingreso en prisión en noviembre de 2020 del exdirector del complejo minero -Carlos Ruiz Estévez de Castañeda- por apropiación indebida de más de 650.000 euros que la empresa minera Emed Mining -actualmente Atalaya Mining, aportó para financiar el proyecto.
Además -recuerda la asociación- ya en 2017 «la Fiscalía actuó de oficio» presentando denuncia contra Atalaya Mining en Riotinto por un delito de «contaminación atmosférica con grave riesgo para la salud de las personas» tras detectarse múltiples incumplimientos en la autorización ambiental unificada (AAU) por la emisión incontrolada de nubes de polvo, que durante la primavera y verano del 2016 alertaron y perjudicaron a las poblaciones colindantes según demostró con posterioridad el Instituto Nacional de Toxicología, que pudo verificar la superación de los límites de partículas en suspensión además de los valores medios de cobre, zinc y arsénico superando hasta diez veces los valores promedio en la zona. Estos hechos tan graves le valieron a Atalaya Mining un expediente sancionador por parte de la Junta de Andalucía de 105.000 euros.
LA EXPLOTACIÓN MINERA DE RIOTINTO, UNA BOMBA DE RELOJERÍA AMBIENTAL
Cornado Mina Non, sin embargo, va más allá al considerar que la mina de Riotinto es cualquier cosa mejos un «ejemplo» de «minería sostenible» dado que en 2014 la compañía Ayesa, al evaluar los riesgos de su reapertura, señaló que en caso de accidente y rotura de sus balsas el aluvión de lodos tóxicos podría alcanzar un caudal máximo de 34.716 metros por segundo y los residuos llegarían a recorrer 111 kilómetros hasta llegar al mar arrasando a su paso tres municipios de la cuenca del río Odiel -Gibraleón, Palos de la Frontera y Punta Umbría- e incluso dos barrios de la ciudad de Huelva. Comparativamente, si la catástrofe de Aznalcóllar supuso en 1998 el vertido de seis millones de metros cúbicos de lodos contaminantes, Riotinto podría provocar un vertido diez veces mayor, alcanzando los 63 millones de metros cúbicos.
UNA OPERACIÓN MINERA PELIGROSA
Aparte del riesgo de accidente a gran escala, la plataforma vecinal también hace referencia a los numerosos accidentes y la elevada siniestralidad laboral que refleja la explotación de Riotinto, lo que para el colectivo «echa por tierra la publicidad de la minera» y sus «certificaciones» y «premios» internacionales de seguridad en el trabajo.
LA SOCIEDAD GALLEGA NO PUEDE NI DEBE PERMITIR LA REAPERTURA DE LA MINA DE TOURO
El colectivo vecinal recuerda finalmente que «estas son las circunstancias» en las que el CEO de Atalaya Mining, Alberto Lavandeira habla en público de la mina de Touro como «el mejor proyecto industrial-minero de Europa», una iniciativa «sin riesgos de contaminación ni vertidos», al tiempo que apela a la «minería responsable», la «minería sostenible» y la «filosofía de vertido cero», algo que sin embargo «en la práctiva y a la vista de la realidad de su empresa» se transforma en «cero credibilidad», al presentar esta un planteamiento inicial que camufla las verdaderas intenciones de la minera con la explotación de una superficie que puede llegar a superar los 150 kilómetros cuadrados «en un caso evidente de fragmentación de un macroproyecto», algo «para lo que no tiene ni tendrá licencia social«.
