Mensaje del movimiento BDS sobre el espionaje israelí.

María Landi

Hace pocos días un tema llenó los titulares de los grandes medios en prácticamente todo el mundo: el espionaje de que fueron objeto a través de sus teléfonos celulares cientos de políticos, periodistas, activistas de derechos humanos, sindicalistas y ejecutivos de 50 países, incluido México, por gobiernos que usaron el spyware Pegasus de la empresa israelí NSO Group. Esto fue revelado por el Proyecto Pegasus, un consorcio global formado por más de 80 periodistas y 17 medios de 10 países, coordinado por la ONG francesa Forbidden Stories con apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional.  El diario israelí Haaretz señaló que «adonde Netanyahu iba, NGO lo seguía»: cada visita del ex primer ministro a un país autoritario (y la lista es larga) servía para promover los productos israelíes de seguridad, armamento y vigilancia que luego se utilizan para reprimir las luchas populares en esos países.

Según explica La Jornada, los mil números telefónicos identificados hasta ahora incluyen los de más de 600 políticos y funcionarios (jefes de Estado, diplomáticos, ministros y más), 189 periodistas, 65 empresarios y 85 activistas de derechos humanos. Son sólo una parte de una lista de unos 50 mil teléfonos que se supone corresponden a personas de interés de los clientes de NSO. 15 mil de ellos son mexicanos. De hecho, México fue el primer cliente internacional de NSO en 2011, informó el Washington Post, otro miembro del proyecto.

Países donde periodistas fueron blanco de espionaje con Pegasus

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Países donde periodistas fueron blanco de espionaje con el spyware israelí Pegasus

En efecto, el tema ya era bien conocido en México, donde se denunció que entre 2016 y 2017 el gobierno de Peña Nieto utilizó Pegasus para espiar al menos a 25 periodistas, activistas y defensorxs de derechos humanos (incluyendo familiares de los 43 de Ayotzinapa), políticos como AMLO y periodistas como Carmen Aristegui, Luis Hernández Navarro de La Jornada y Jorge Carrasco, editor jefe de la revista Proceso. No obstante, la investigación del Proyecto Pegasus dada a conocer el 18 de julio permitió conocer el alcance y magnitud de carácter planetario del sistema de ciberespionaje. También echó luz sobre sus impactos devastadores, como el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi o de su colega mexicano Cecilio Pineda (de Guerrero), o el encarcelamiento de decenas de personas críticas a los regímenes autoritarios, como el periodista Omar Radi, condenado recientemente en Marruecos a seis años de cárcel. De hecho en 2019 Amnistía Internacional había publicado un informe donde probaba que el gobierno marroquí utilizó el spyware israelí para espiar a dos conocidos defensores de derechos humanos, como parte de una campaña para silenciar toda crítica al régimen.

La investigación presentada por el Proyecto Pegasus fue explosiva en todo el mundo… menos en Israel. Allí no solo fue silenciada sino que además los medios estuvieron y siguen ocupados con la histeria colectiva desatada por la noticia de que la compañía estadounidense fabricante de los populares helados Ben & Jerry’s (B&J) anunció que dejará de vender sus productos en las colonias israelíes instaladas en el territorio palestino ocupado (TPO). La medida, que no hace otra cosa que responder a las directivas de la ONU –respaldadas por las principales organizaciones internacionales de derechos humanos− que ordenan a las empresas cesar toda actividad comercial en las colonias israelíes, ya que todas son ilegales ante el derecho internacional humanitario.

Helados Ben & Jerry’s en una tienda de Jerusalén (Jonathan Sindel/Flash90).

Y es que en un mundo donde las resoluciones de la ONU y la legalidad internacional fueran respetadas y no imperara el poder de la fuerza, quienes las violaran serían objeto de sanciones, y las empresas actuarían movidas por el temor y la intención de evitarlas. Es con ese fin que –después de muchas presiones y postergaciones− en 2020 la ONU dio a conocer por fin una lista (incompleta) de 112 empresas que operan en los TPO y por lo tanto podrían ser objeto de sanción. Algo similar ocurre con las directrices que en 2013 elaboró la Unión Europea para que ninguna financiación o cooperación se destine a las colonias israelíes en el TPO, pero cuyo cumplimiento no vigila.

B&J fundamentó éticamente su decisión: «Creemos que es inconsistente con nuestros valores que el helado Ben & Jerry’s se venda en el TPO. También escuchamos y reconocemos las preocupaciones compartidas con nosotros por nuestros fanáticos y socios de confianza.» Esto alude sin duda a lo que viene solicitando desde 2005 el movimiento palestino de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS), hoy de alcance global, inspirado en el movimiento internacional que contribuyó decisivamente a aislar y debilitar al régimen de apartheid sudafricano.

La decisión de B&J, en efecto, llegó tras años de campaña de organizaciones que impulsan el BDS en Estados Unidos, aunque es la primera ni la más importante compañía en escuchar el llamado. ¿Por qué entonces la desmedida reacción en Israel, acusando a la empresa de “nazi” y “antisemita”? El flamante canciller Yair Lapid llegó a calificar el anuncio de B&J de “vergonzosa capitulación” ante el antisemitismo, una acusación preocupante y absurda. Políticos israelíes han comenzado a presionar a Estados Unidos para que sancione a la empresa, y están pidiendo específicamente al Congreso que aplique las injustas leyes de 31 estados que obligan a personas y empresas a comprometerse a no participar en el boicot a Israel (y a quienes se han negado a firmar se les han retenido los contratos y los pagos o se les ha despedido).

El periodista Gideon Levy lo explica con claridad en una columna donde afirma que «esta tempestad en una tarrina de helado nos enseña más sobre Israel que mil trabajos académicos.» Y ello se resume en dos palabas: negacionismo y victimización. La sociedad israelí ignora el inmenso sufrimiento cotidiano que su país inflige sobre las vidas de millones de palestinas/os, así como niega que el robo, la ocupación y colonización de sus tierras sean un crimen internacional impune desde hace siete décadas. Cuando algún hecho viene a recordárselo, inmediatamente se activa el mecanismo de la victimización colectiva, tan eficientemente inoculada en las mentes israelíes desde la infancia: el mundo nos odia. En medio del coro de lamentos y acusaciones por la osadía de B&J, lo que nadie se pregunta nunca, dice Levy, es por qué. Por qué, en este caso, un fabricante de helados estadounidense decide que, por principios éticos, no quiere seguir endulzándole la vida a los colonos ilegales.

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Palestinos de la aldea de Tuba (en las Colinas al Sur de Hebrón) observan sus fardos de heno prendidos fuego por los colonos judíos de Havat Ma’on el 1/6/21. (Foto de Jaber Awad).