El Gobierno incluye en el Plan de Recuperación ante la crisis pandémica un “mecanismo de pago generalizado” para financiar el mantenimiento de la red de carreteras de alta capacidad, autopistas y autovías, y que podría entrar en vigor a partir de 2024.
Según ha explicado el Gobierno, el pago de un peaje, tasa o tarifa tendría como objetivo sufragar el mantenimiento de los 12.000 km de la red estatal de carreteras que pertenecen a a vías de alta capacidad, algo que “no es posible que sean asumidos de manera directa por los recursos presupuestarios”.
Aunque se barajan reducciones para determinados colectivos, como rentas bajas o conductores habituales, la primera reacción de partidos políticos, gobiernos autonómicos, organizaciones de transportistas y consumidores ha sido de rechazo.
Uno de los detractores de la medida es la Asociación Española de la Carretera (AEC) que considera que es necesario replantear el modelo tradicional de financiación de las carreteras, buscar nuevas fórmulas ante la limitación de recursos públicos y el aumento del gasto social.
Según los cálculos de la asociación, tal y como recoge La Vanguardia, la red de carreteras española cuenta con un déficit de mantenimiento de 7.500 millones de euros, al tiempo que recuerda que 23 países europeos tienen tarificado el 100 % de su red de gran capacidad, a diferencia de España, donde el 82% de la red viaria interurbana es gratuita.
La propuesta no acaba de convencer a los socios del Gobierno ni tampoco a algunos líderes socialistas. Susana Díaz, secretaria general del PSOE andaluz, ha dejado claro su rechazo: “No estoy de acuerdo con estos impuestos que se cargan sobre los trabajadores y la gente” y ha recordado la “batalla de años” por quitar el peaje Sevilla-Cádiz, por lo que no comparte que se pongan otros.
El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, también ha mostrado su rechazo a la medida, la cual calificó de “impuesto a las clases medias”. Además, señaló que que su formación defiende “la fiscalidad verde pero siempre y cuando no penalice a la gente trabajadora y no tenga un carácter regresivo”, advirtiendo que la propuesta de los peajes no cumple estos criterios.
Muchos conductores optarían por transitar por vías secundarias libres de peajes
Por su parte, PP, Ciudadanos y el PDeCAT han anunciado que pedirán cuentas al Gobierno, mientras Vox ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja para pedir la retirada de la medida alegando que la extensión de los peajes afectará a las exportaciones de productos y aumentaría la inseguridad en las carreteras ya que muchos conductores, optarían por transitar por vías secundarias libres de peajes. Además, la formación de Santiago Abascal ha hecho un llamamiento a una “gran movilización social” para impedir la instauración de este sistema.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) también ha dejado clara su oposición y asegura que la medida supondría un triple coste para los ciudadanos, por el peaje, por los impuestos que pagan por circular con sus vehículos y por el encarecimiento del transporte en los diferentes productos y servicios.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) por su parte ha acusado al Gobierno de “poner trabas” a la movilidad, un elemento clave para reactivar el turismo, y califica la subida de impuestos al transporte aéreo y el pago de peajes en la red de carreteras del Estado de “irresponsables”, “anticompetitivas” y “dañinas” para todos los destinos turísticos españoles.
Seopan es una de las pocas entidades que se han mostrado a favor de la medida. De hecho, sus responsables ya habían reclamado una medida similar y de cuantía superior a la sugerida por el Gobierno.
Por su parte, el secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Pedro Saura, ha señalado que el Gobierno está dispuesto a debatir las compensaciones, especialmente destinadas a los transportistas profesionales, por el pago de los peajes en las carreteras.
Los vehículos de combustión pagamos impuestos con el combustible (pueden poner un céntimo o dos para el mantenimiento de “todas” las carreteras y autovías). Más kilómetros más combustible y más impuestos. El problema es como cobrar a los eléctricos .