Esta semana, la Audiencia Nacional se enfrenta al juicio de cuatro individuos acusados de comercializar aceite de oliva adulterado, enfrentando una petición de 13 años de prisión para cada uno de ellos.
Según los informes de Canal Sur, estos acusados presuntamente se dedicaban a la mezcla de aceites de oliva con aceite de girasol en una proporción del 30% de aceite de oliva y 70% de aceite de girasol, en una nave ubicada en Córdoba.
Los acontecimientos que llevaron a estos juicios tuvieron lugar en los años 2017 y 2019, cuando los acusados supuestamente etiquetaron envases adulterados de una cooperativa en Alcaudete (Jaén) con una marca de su propia creación.
El escrito de acusación también afirma que estos individuos hicieron llegar 153 garrafas de aceite adulterado a consumidores en localidades de Córdoba, como La Carlota y Santaella, comercializándolas bajo una marca ficticia creada por ellos mismos.
La Fiscalía sostiene que los acusados introdujeron en el mercado garrafas de cinco litros, declarando que se trataba de un producto producido por una cooperativa en Alcaudete (Jaén), aunque en realidad estaban vendiendo una mezcla adulterada. En total, los acusados, ya sea de forma directa o a través de sociedades, adquirieron 74.000 litros de aceite de la cooperativa en cuestión.
Los acontecimientos salieron a la luz en febrero de 2018 cuando la Guardia Civil registró una nave industrial y encontró un laboratorio improvisado. Durante el registro, se incautaron de 2.000 etiquetas y 1.500 cajas de cartón destinadas a envases de aceite de oliva. Entre los objetos confiscados se encontraban 1.134 garrafas vacías, así como 500 garrafas llenas de aceite de oliva virgen extra (AOVE), etiquetas falsificadas y cajas de cartón.
Los cargos presentados contra los acusados incluyen un delito de falsificación en un documento mercantil, que conlleva una solicitud de tres años de prisión para cada uno; un segundo delito relacionado con la propiedad industrial, por el que se les pide otros tres años; y un tercer delito de estafa continuada, que podría resultar en una pena de siete años de prisión para cada uno de los acusados.
