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Según el Directorio Central de Empresas (Dirce) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España había en 2018 un total de 1.260.493 sociedades activas, entre anónimas, limitadas, colectivas y comanditarias, que son las que tienen obligación de inscribirse en el Registro Mercantil.

La Ley de Sociedades de Capital obliga a estas empresas a depositar sus cuentas anuales en el Registro Mercantil antes de que haya transcurrido un mes desde su aprobación. Si no lo hacen, el Registro Mercantil les prohíbe inscribir ningún documento, excepto el cese de los administradores, la revocación de poderes y la disolución de la propia sociedad.

Además, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), dependiente del Ministerio de Economía, debe abrir un expediente a la empresa infractora e imponerle multas de 1.200 a 60.000 euros e incluso de hasta 300.000 euros si la sociedad factura más de seis millones de euros anuales.

Ese ejercicio depositaron cuentas un total de 1.154.084 sociedades. Es decir, incumplieron la obligación de presentar la documentación preceptiva 106.409 empresas. Estas cifras proceden de las estadísticas de los registros mercantiles, que no facilitan aún para 2018 el desglose de cuántas sociedades presentaron las cuentas que debían ese año (correspondientes a 2017) y cuántas lo hicieron respecto a ejercicios anteriores. La última cifra desglosada corresponde a 2017 y fueron 944.575 sociedades las que presentaron los datos cuando debían, y otras 192.522 depositaron cuentas de ejercicios anteriores.

Los expedientes resueltos por el ICAC son anecdóticos. En 2016 sólo fueron sancionadas 179 empresas, según los datos que publica en su memoria de actividades. En 2017 el número fue aún menor, 159, la cifra más baja desde 2012. Es decir, no resulta penalizado ni un 0,15 % de las sociedades infractoras y si nos atenemos a la sanción más pequeña (1.200 euros), se han dejado de ingresar un mínimo de 127 millones de euros.

Cada comienzo de año el Registro Mercantil suministra al ICAC el listado de las empresas que no presentaron sus cuentas el ejercicio anterior. De ahí, el instituto selecciona una muestra aleatoria sobre la que después abre sus expedientes y decide sanciones. Ni el Registro Mercantil, ni el Ministerio de Justicia del que depende, ni el ICAC proporcionan el número de sociedades que cada año incumple su obligación de depósito.


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