Santiago Yerga, director general de Migraciones
El director general de Migraciones conoce bien la parte más dura de las migraciones: expulsiones, CIE o menores extranjeros no acompañados. Con una vida laboral dividida entre la Administración, la oficina del Defensor del Pueblo y organizaciones que trabajan con personas migrantes, como Pueblos Unidos, Santiago Yerga incide en la necesidad de hacer pedagogía en torno a una realidad muy compleja.
¿Las migraciones son un problema o una ­solución?

Las migraciones son una solución que no está exenta de problemas.

¿De dónde cree que proceden los problemas?

Es una cuestión multifactorial. Todos somos responsables del hecho migratorio y de sus consecuencias. La sociedad de acogida, las personas migrantes, la legislación… Es responsabilidad de todos no centrar el foco solo en sus aspectos más dramáticos e indeseados.

Pero hay naufragios, vallas, centros de internamiento para extranjeros (CIE)…

Pongo un ejemplo con los CIE. Si todo esto –señala el espacio de su amplio despacho– son las migraciones, esto –coge un vaso de agua– es lo que representan los CIE en España en relación al total. Ocurre lo mismo con las vallas, con las llegadas por mar… Son focos a los que hay que dar una respuesta ajustada a los derechos humanos. Tenemos a más de cinco millones de personas extranjeras viviendo con nosotros, y creo que miramos poco hacia ese interior.

Habla de una respuesta ajustada a los derechos humanos, pero más de 50 oenegés han pedido al Congreso investigar abusos en los campamentos de Canarias…

Todos somos responsables de las respuestas no ajustadas a Derecho. Puede plantearse que las Administraciones no hayan dado una respuesta acorde con el Derecho. Pero también me pregunto si desde la sociedad civil se ha dado esa respuesta ajustada a Derecho que esas personas también demandaban. En el caso de las Administraciones públicas vivimos en un ámbito concéntrico, local, autonómico y general del Estado, y con unas competencias diseminadas. Las disfunciones administrativas en ocasiones se ven como una quiebra del Derecho cuando, en realidad, estamos ante una falta de coordinación. Cuando la gente, en general, plantea que estamos vulnerando deliberadamente los derechos, en la mayoría de las ocasiones creo que la respuesta es que no.

El 8 de abril, Borja Monreal tuiteaba: «El sistema de acogida está descapitalizado y desmantelado; la política de contención en Canarias cronifica la situación migratoria. La descoordinación entre Inclusión e Interior es manifiesta».

Como todo en Twitter, me parece que son afirmaciones gruesas. Tampoco los 140 o 160 caracteres dan para mucho más. Y no, evidentemente no. Hay una respuesta que se coordina con el Ministerio del Interior y con otras Administraciones y otros departamentos de la Administración General del Estado. ¿Hay que mejorar? Sin ninguna duda, decir lo contrario sería mentir.

Manifestación frente al CIE de Aluche (Madrid). Fotografía: Javier Sánchez Salcedo

Antes se refería a la respuesta a las migraciones desde la Administración y la ciudadanía. ¿A qué se refería con la mención a la sociedad?

Pongo un ejemplo. He visto a muchas organizaciones criticar la respuesta que se estaba dando en Canarias pero no he visto, o he visto a muy pocas organizaciones, poner una mesa y una taza de café caliente a los que llegaban para interesarse por los familiares que estaban internados en los centros. La denuncia es ­imprescindible, pero la sociedad civil debe dar una respuesta que vaya más allá.

Las migraciones se han colocado en el centro del debate político, aunque de una forma muy ­agresiva.

Me parece bien que las migraciones estén en el debate político, pero mal que lo estén de forma sesgada. Tenemos un dato en el que se repara poco: más del 80 % de la población extranjera que reside regularmente en España tienen autorizaciones de residencia de larga duración. ¿Nos es suficiente con esto? La respuesta es no. Debemos ir avanzando en la concesión de otras posibilidades; pienso en la facilidad para adquirir la nacionalidad española o dotarles de derechos políticos en determinadas instancias, que permitan que estas personas se sientan ciudadanas de este país. Hay un cúmulo de aspectos en los que no se está profundizando porque solo se pone el foco en los efectos indeseados vinculados a las migraciones.

¿Qué capacidad de maniobra tiene un Estado de la UE para abordar estas vías inexploradas?

En este caso concreto, la soberanía del Estado es clara. La gran preocupación de la UE es el control de fronteras y evitar los movimientos secundarios de personas que han llegado de forma irregular a un país y desean transitar hacia otro. En Centroeuropa las personas extranjeras con determinado estatus pueden votar en las elecciones municipales o en los länder. España tiene que adquirir la suficiente madurez democrática para avanzar en ese sentido.

Un trabajador inmigrante posa delante de una obra en Fuerteventura. Fotografía: Luis Davilla / Getty

¿Hay alternativas para los menores extranjeros no acompañados?

Hay o habría que dar una respuesta en diferentes niveles. Hay que trabajar con los países de origen, identificar a qué responden estos jóvenes, estos niños en movimiento, habrá que ver los que son víctimas de trata, los potenciales solicitantes de protección internacional, los que huyen de familias desestructuradas… Aunque tendemos a verlos como una masa compacta hay que dar respuestas distintas. En lo que a mí me toca, deben estar en situación regular desde el momento en el que pisan nuestro territorio.

Cosa que no ocurre.

Debería ocurrir y cada vez ocurre menos. Con la reforma del Reglamento de Extranjería vamos a intentar resolver esto de manera definitiva.

¿Cuántos hay en nuestro país?

No tengo respuesta. Existen diferentes instrumentos pero no puedo precisar la cifra.

Muchas organizaciones denuncian que en los CIE no se respetan los derechos fundamentales. ¿Qué vigencia tiene este modelo? ¿Van a permanecer en nuestro país?

Me temo que sí, y no solo en nuestro país sino en toda Europa.

¿No hay otra solución?

Hay soluciones alternativas, pero los CIE están recogidos en directivas comunitarias y han venido para quedarse. Ahí sí que soy pesimista.

¿Le gustaría que desaparecieran?

A mí todo espacio de privación de libertad no me gusta, por definición. Si encima es como consecuencia de una infracción administrativa, aún menos.

¿Tiene alguna capacidad de acción en ellos?

Son competencia exclusiva del Ministerio del Interior. Desde el punto de vista de que toda acción de gobierno tiene que ser común, se intenta mejorar la situación de los centros de internamiento, pero la competencia es de Interior.

Estos últimos meses, en medio de la pandemia, hemos conocido noticias de quema y destrucción de campamentos en los que viven temporeros agrícolas que trabajan en nuestro país. ¿Entiende este ­fenómeno?

Lo entiendo, sin señalar a nadie, como una dejación en muchos casos por parte de determinadas Administraciones públicas. Soy andaluz, y llevo viendo asentamientos en mi tierra desde los años 90. ¿Cuándo se nos han planteado con toda su crudeza? Ahora, con ocasión de la pandemia del coronavirus. Pero también me pregunto quién los ha dejado crecer, dónde están las políticas de vivienda destinadas a las personas que estaban en esos asentamientos, dónde está la responsabilidad social corporativa de las empresas que han contratado a personas que viven en esos lugares y que trabajan en el campo, dónde están las políticas en el campo para favorecer la luz, el agua o la recogida de basura en esos campamentos, dónde está una política de fomento del alquiler en los municipios, quién se ha beneficiado de la presencia de esas personas en los asentamientos, quién iba a las tiendas a comprar en los pueblos…

La Administración, en sus distintos niveles, no se ha mostrado muy activa, pero usted señala de nuevo a una sociedad que puede que tampoco haya sido muy rigurosa a la hora de denunciar esta situación.

Conozco asentamientos en los que, en pleno siglo XXI, recogen el agua con cubos. Si no querías esa situación, ¿hay alguien que se haya preocupado de que tengan agua? Ha habido una política de enriquecimiento, llamémosla así, a costa de una situación que hoy nos salta a la cara. Además hay otro factor: tendemos a asociar el concepto del asentamiento con el de la situación irregular de las personas que allí viven, y yo conozco asentamientos donde el 90 % de la gente tiene documentación, o que son ciudadanos de la UE, por lo que estamos hablando de otros problemas, de otras cosas. Cuando los invisibilizas y, encima, dejan dinero en tu pueblo, no pasa nada. Pero cuando salta esto, entonces ocurre como en Casablanca: «Oh, aquí se juega»… Oh, aquí hay asentamientos.

La entrada «Solo se pone el foco en los efectos indeseados de la migración» se publicó primero en Mundo Negro.

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