El golpe de Estado de 1981, el 23F, nota 2 fue un intento fallido de golpe de Estado perpetrado el 23 de febrero de 1981 por algunos mandos militares en España. El Palacio de las Cortes fue asaltado por un numeroso grupo de guardias civiles a cuyo mando se encontraba el teniente coronel Antonio Tejero, ocurrido durante la votación para la investidura del candidato a la presidencia del Gobierno, Leopoldo Calvo-Sotelo, de Unión de Centro Democrático, que supuso el secuestro del Gobierno de España y de los Diputados y Senadores del Reino en su interior, así como la ocupación militar de la ciudad de Valencia en virtud del estado de excepción proclamado por el teniente general Jaime Milans del Bosch, capitán general de la III Región Militar.
Poco después de la entrada de Tejero al Congreso y siguiendo el plan previsto, se sublevó en Valencia el Capitán General de la III Región Militar, Jaime Milans del Bosch. Este desplegó la División Motorizada «Maestrazgo», con dos millares de hombres y cincuenta carros de combate, a las calles. Los efectivos se desplegaron desde el puerto de Valencia hasta el centro de la ciudad, donde apuntaban a los edificios institucionales, como el Ayuntamiento o las Cortes valencianas.
El general Alfonso Armada formaba parte del plan golpista. Armada había sido nombrado Segundo Jefe del Estado Mayor del Ejército semanas antes del asalto al Congreso.
Hacia el mediodía del día 24, Tejero negoció con Armada las condiciones de su rendición. El juicio ante el Consejo Supremo de Justicia Militar comenzó el 19 de febrero de 1982. Del Bosch, Armada y Tejero fueron condenados a 30 años de reclusión como principales responsables del golpe de Estado.
El Procés
El 1 de octubre de 2017 se celebró el referéndum pacífico de independencia convocado por el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
El 27 de octubre de 2017 se aprobó en el Parlamento de Cataluña la declaración unilateral de independencia y el Gobierno de España intervino la autonomía de Cataluña mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Se celebraron elecciones autonómicas y la intervención terminó en junio de 2018 con el nombramiento de Quim Torra como presidente de la Generalitat.
La comparación
Las comparaciones son odiosas, pero en este caso, dado lo llamativo de la situación, no podemos más que comparar dos situaciones como el Procés y el 23F. Tan solo tres personas relacionadas con el 23F tienen mayor condena que Oriol Junqueras. El Tribunal Supremo ha condenado este lunes a 13 de prisión al ex vicepresidente de la Generalitat por los delitos de sedición, por ejemplo, 1 año más que Luis Torres Rojas, General de División directamente relacionado con el 23F.
Por los mismos delitos, aunque a penas de 12 años, han sido condenados los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Para la expresidenta del Parlament Carme Forcadell la pena impuesta por el tribunal ha sido de 11 y medio años de cárcel solo por sedición, único delito por el que también han sido condenados los exconsellers Joaquin Forn y Josep Rull a 10 años y seis meses de prisión. Para el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmium Cultural, Jordi Cuixart, la condena es a nueve años.
Comparar las dos sentencias nos lleva a ver lo desmesurado de las penas del procés. No hubo tiros ni se sacaron tanques a la calle. El conjunto de las fuerzas políticas deben abrir una nueva etapa de diálogo que rechace la confrontación y que se marque como objetivo la búsqueda de soluciones políticas y democráticas a un conflicto que nunca debería haber sido judicializado
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