Javier F. Ferrero

Endesa y Naturgy establecieron precios por encima de lo que establece la ley entre octubre de 2016 y enero de 2017. Dicho enero, España sufrió una de las olas de frío más intensas de los últimos años. Estas prácticas generan impotencia en la ciudadanía, ya que un servicio básico y esencial, como es la luz, está en manos de multinacionales que hacen trampas como esta para aumentar sus beneficios.

«Estas ofertas impidieron la programación de las centrales en el mercado diario durante varios días en este periodo, a pesar del contexto generalizado de precios elevados que debería haber conducido justo a la situación contraria», denunció la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

La CNMC anunció el resultado de su expediente sancionador contra las dos empresas energéticas: Naturgy Generación, fue sancionado con 19,5 millones de euros, mientras que Endesa Generación ha sido multada con 5,8 millones de euros. Esta multa del regulador a Naturgy es la segunda más alta impuesta por la CNMC a una eléctrica, tan solo por detrás de los 25 millones de euros a Iberdrola en 2015, que se encuentra bloqueada en los tribunales.

El mercado diario de generación eléctrica es el encargado de definir el 92% del precio de la electricidad, mientras el 7-8% restante del precio depende de los mercados de ajuste y las restricciones técnicas suponen en torno a la mitad de esta cantidad, donde la CNMC considera que Naturgy Generación y Endesa Generación incidieron.

El derecho fundamental a la energía VS. pobreza energética

Pobreza energética

Según el estudio Pobreza Energética en España publicado por la Asociación de Ciencias Ambientales en 2018, en España 6,8 millones de personas (el 15 % de la población) declararon tener dificultad para mantener su vivienda a una temperatura adecuada o retrasos en el pago de las facturas de energía y 900.000 personas (el 2 % de la población) dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía doméstica por dificultades económicas, tanto por no poder pagar dicha energía (autodesconexión) como por haber tenido algún tipo de corte en el suministro energético.

Según el informe, se calcula que el 5,4 millones (el 12 % de la población) declaraban gastos energéticos inusualmente bajos, lo que se conoce como pobreza energética escondida, o hidden energy poverty, porque no podrían afrontar unos gastos superiores.

Ante estos datos crecientes y alarmantes sobre la pobreza energética, reclamar el derecho a la energía como un derecho humano y fundamental es urgente, y las actuaciones por parte de las energéticas tienen que ser cortadas de raíz en pos del bien común.

Son necesarias medidas especiales para paliar la pobreza energética

¿Son suficientes las sanciones a las eléctricas?

Según datos facilitados por la CNMC, desde 2013 hasta mayo de 2019 la CNMC ha impuesto multas a las grandes eléctricas por valor de más de 54 millones de euros. Las últimas, a Endesa y a Naturgy, son las más cuantiosas de todo el periodo, exceptuando la histórica sanción de noviembre de 2015 a Iberdrola, de 25 millones de euros, pero que se encuentra estancada en los tribunales.

Y ese es uno de los grandes problemas: la CNMC no es suprajudicial, sus sentencias son recurribles ante la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, en el ámbito administrativo. Las empresas afectadas recurren ante la justicia. La mayoría de los recursos, aunque se admiten, no se acaban estimando, y las compañías deben abonar la sanción correspondiente. Muchas veces, años después de hacerse público el expediente sancionador.

Según la última memoria sobre la judicialización de los expedientes de la CNMC, la Audiencia Nacional les dio la razón en el 70% de los casos, contando las confirmaciones parciales, pero el Supremo solo lo hizo en un 58%, y un 29% de esos expedientes fueron confirmados parcialmente: es decir, que el tribunal pudo haber rebajado la pena.

Si la irregularidad detectada es demasiado grave, hay una rendición de cuentas que puede acarrear peores consecuencias, si cabe: la apertura de un proceso penal. Es lo que pasó, por ejemplo, con Iberdrola, que en 2015 fue multada por la CNMC por manipular sus centrales de energía hidroeléctrica en 2013 y subir los precios del pool. Ahora la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a la empresa, y los descubrimientos no parecen dibujar un futuro demasiado halagüeño para los imputados.

Por otro lado, la cuantía de las multas parece muy pequeña en relación a los beneficios de las eléctricas. Endesa fue sancionada este pasado 14 de mayo por una cuantía de 5.800.000 euros. La empresa no es muy transparente en relación a sus beneficios empresariales, pero sabemos que en los primeros nueve meses de 2016, se embolsó 1.305 millones de euros de beneficio neto.

En el caso de Naturgy, por entonces conocida como Gas Natural Fenosa, sus resultados del cuarto trimestre de 2016 arrojaron un beneficio neto de 417 millones de euros. Se le impusieron 19.500.000 euros de multa: un 4,67% del total de las ganancias de la compañía de octubre a diciembre de 2016.

Quizá la reforma del sector que planea el Ministerio para la Transición Ecológica, de revalidarse el Gobierno de Sánchez en la investidura, apriete más las tuercas a las grandes empresas energéticas, pero de momento podemos afirmar que las sanciones no son suficientes como para disuadir de cometer las infracciones y que la Justicia española no está poniendo mucho de su parte para que lo sea.

 

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